El voto de Casero y su recurso: los plazos del Constitucional amenazan la batalla del PP

La polémica sobre la votación de la reforma laboral ya está en manos del Tribunal Constitucional. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, anunció este martes que su partido y el diputado Alberto Casero han recurrido en amparo para llegar "hasta el final", una promesa que ahora depende de los plazos que siga el tribunal.

El Confidencial ha consultado a diversos juristas y, aunque algunos confían en que el pronunciamiento llegue en cuestión de "meses", otros inciden en que los retrasos en el Constitucional son habituales. En ese caso, el PP corre el peligro de que una hipotética sentencia favorable termine por no tener ningún efecto práctico.

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En 2006, cuando el Constitucional dio la razón a una diputada del PSOE en el Parlamento Vasco, se vivió una situación similar. Su recurso de amparo se basaba en que no había podido participar en el debate sobre los presupuestos de 2005 por un error en el sistema de votación: al no contarse su rechazo al proyecto de ley, el resultado fue de 37 votos a favor y 36 en contra, pero la Mesa no atendió sus quejas. Casi dos años después, cuando la sentencia no tenía efecto alguno, el Constitucional le dio la razón.

"Cabe recordar que la legislatura en la que sucedieron los hechos aquí enjuiciados concluyó en su momento, habiéndose celebrado unas elecciones al Parlamento Vasco", explica aquella sentencia. "Por otra parte, la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para el año 2005, tal y como hemos visto, tuvo una vigencia anual que ya ha concluido". Con estas dos circunstancias sobre la mesa, el mensaje era claro: "El fallo de este tribunal deberá tener un contenido exclusivamente declarativo".

¿De qué depende?

Para acelerar los tiempos, los recursos del PP y Casero podrían haber solicitado la suspensión cautelar de la reforma laboral, pero fuentes del partido apuntan a que sus escritos no incluyen esta opción "Era completamente improbable que una petición cautelar saliera adelante. La ley orgánica dice que se podrá suspender la vigencia de la norma recurrida si se acreditase un perjuicio claro y directo al recurrente, es decir, a Casero. ¿Le pasa algo a Casero cuando la reforma laboral entra en vigor? No", explica Carlos Flores Juberías, catedrático de Constitucional de la Universidad de Valencia. Descartadas las cautelares, los plazos quedan ahora en manos del tribunal.

La primera decisión que deben tomar los magistrados es la de admitir o no a trámite los recursos. Los argumentos del PP se centran en que se ha vulnerado el artículo 23.1 de la Constitución, que establece que "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal". Con esa argumentación sobre la mesa, los juristas coinciden en señalar que lo más probable es que el recurso sea admitido.

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"Esta primera fase consiste en valorar la especial trascendencia constitucional y la legitimidad del recurrente. Lo que se valoraría es si el recurso es formalmente correcto, que parece fácil de hacer, y después si es un asunto en el que el tribunal considera conveniente entrar: aunque tiene un margen de discrecionalidad, yo creo que en este caso se justifica entrar en el fondo por la especial relevancia política del asunto", explica Miguel Presno, catedrático de Constitucional en la Universidad de Oviedo.

En el caso de admitirse a trámite, el tribunal deberá determinar qué magistrados participan en la deliberación, lo que también puede afectar a los plazos. "En principio lo haría una sala, no el pleno del tribunal. Los recursos de amparo van a una sala de seis magistrados, pero el pleno también podría asumir el asunto", advierte Presno.

Una vez resueltas estas dos cuestiones, surge entonces la duda respecto a cuánto puede alargarse la deliberación del tribunal y, pese a lo ocurrido en 2006, Flores y Presno consideran que el pronunciamiento debería llegar este año: "Es un recurso de amparo y se supone que debería resolverse antes que un recurso de inconstitucionalidad. Los plazos son distintos porque la complejidad es distinta, así que no estaríamos hablando necesariamente de años, sino de meses", argumenta el primero. "Lo razonable sería hablar de meses y no de años", coincide el segundo. Pese a ello, otros juristas insisten en que los habituales retrasos del Constitucional abren la puerta a los "años".

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"El Constitucional tiene tendencia a hacer dos cosas: por un lado, incumplir de forma sistemática su propia ley, que ante recursos de inconstitucionalidad exige resolver en unos plazos muchísimo más breves de lo que hace. Por otro, cuando cumple su norma, no tiene ninguna empatía respecto de las necesidades de resolución rápida que en ocasiones existen, y todo ello sin ninguna imposibilidad práctica para hacerlo", critica Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia.

Si el Gobierno de coalición consigue agotar la legislatura, las próximas elecciones generales en España se celebrarán en noviembre del 2023. En el caso de que el pronunciamiento llegue en cuestión de "meses" y dé la razón al PP, cabría entonces repetir la votación, pero si el Constitucional tarda tanto como en 2006, la sentencia carecería de efectos prácticos. Cuca Gamarra ha prometido llegar "hasta el final", pero queda por ver si ese final llega a tiempo para sus intereses.