El Gobierno advierte al PP ante un pacto con Vox que recurrirá al TC si deroga derechos

El Gobierno estará "muy vigilante" a los acuerdos del PP en Castilla y León para formar Gobierno y actuará en consecuencia si se pactan recortes en derechos ante la previsión de que Vox entre en el Ejecutivo regional. Fuentes de Moncloa argumentan, a modo de advertencia y aviso preventivo, que no descartan ninguna opción, desde recurrir al Tribunal Constitucional medidas que consideren un recorte en derechos fundamentales hasta poner la lupa en el destino y ejecución de los fondos del Estado para esta comunidad con el objetivo de combatir la violencia de género. Fuentes del Ministerio de Igualdad avanzan que estos recursos se distribuirán a partir del mes de marzo y que vigilarán su correcto uso.

"Vamos a estar muy atentos para que no haya ni un solo retroceso en materia de libertades, especialmente de las mujeres", ha explicado en rueda de prensa desde Moncloa la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras celebrarse el Consejo de Ministros de este martes. En esta línea, ha avanzado que "actuaremos con contundencia" porque los derechos fundamentales "no pueden ser moneda de cambio para la conformación de ningún Gobierno". Se refería a la primera exigencia puesta sobre la mesa por Vox para sentarse a negociar su entrada en un Ejecutivo presidido por el popular Alfonso Fernández Mañueco y que consistiría en derogar la ley de violencia de género autonómica.

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EFE

El Ejecutivo central ya recurrió ante los tribunales, al principio de la legislatura, la implantación del denominado pin parental, aprobado por el Gobierno de Murcia, que lidera el popular Fernando López Miras, a propuesta de Vox. Unos meses después, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia archivó el recurso del Ministerio de Educación alegando "pérdida sobrevenida de objeto" al haber finalizado el curso escolar. La polémica medida impulsada por la formación de ultraderecha obliga a que se realice un consentimiento expreso de los padres para que sus hijos asistan a clases sobre materias o actividades en las que se abordan cuestiones de género o diversidad LGTBI.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido a los populares, en la misma rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que "no compren políticas contrarias a los derechos de las personas LGTBI" y que "siga jugando dentro de la cancha de juego de la democracia". Los populares firmaron con el Gobierno el pasado mes de noviembre la actualización del pacto de Estado contra la violencia de género. Un acuerdo con una vigencia de cinco años que quedaría en entredicho si los populares, a exigencia de Vox, derogan las leyes autonómicas de violencia de género o prescinden de los recursos económicos incluidos en el plan.

"Fue importante poder actualizar ese pacto de Estado contra la violencia de género", subrayó al titular de Igualdad, emplazando a los populares a que se sigan moviendo en este marco y defendiendo los derechos de las mujeres. Pese a todo, y ante la posibilidad de un Gobierno regional condicionado por la ultraderecha, Montero ha lanzado un mensaje para que "las familias sepan que no están solas y que las víctimas sepan que el Estado estará ahí".

Desde el Gobierno ha evitado posicionarse a favor o en contra de una abstención del PSOE en la investidura de Mañueco para facilitar un Gobierno en solitario sin Vox, aunque la ministra de Unidas Podemos argumentó que el "mejor antídoto o cordón sanitario es hacer políticas valientes". Medidas, añadió, "que no sean parches y supongan una transformación estructura de la sociedad con políticas decididas que garanticen los derechos de las personas LGTBI".

Frente a la negativa tajante de Ferraz a que el PSOE se abstenga en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco para que gobierne sin Vox, son ya dos voces autorizadas del partido en Castilla y León que reclaman abrir este debate. Al alcalde de Valladolid y líder provincial del partido, Óscar Puente, se ha sumado este martes el alcalde de León, José Antonio Díez. Ambos abogan por practicar un cordón sanitario frente a la formación de ultraderecha facilitando con su abstención un Ejecutivo en solitario de los populares. Otros alcaldes socialistas, como el de Soria, Carlos Martínez, no son partidarios de prestar sus votos en la investidura en línea con la posición de la ejecutiva del partido en Madrid.

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Los populares, que con 31 representantes en las elecciones del pasado domingo se quedaron lejos de la mayoría absoluta de 41 procuradores, están en manos de Vox, que ya ha reclamado su "deber y derecho" de entrar en el Gobierno regional. Con una abstención del PSOE, el PP no dependería de la formación de ultraderecha.

El recorrido de este debate se determinará en los próximos días. Un elemento significativo para cerrar la puerta a la abstención es que supondría para los socialistas negociar otros acuerdos de legislatura. Un Gobierno en minoría de Mañueco seguiría necesitando en el futuro o bien al PSOE o a Vox para sacar adelante los presupuestos y las principales leyes de la legislatura. De ofrecerse solamente la abstención sin otros acuerdos de legislatura, Mañueco podría quedar retratado en caso de rechazarla y buscar la alternativa con Vox. Sin embargo, si el PSOE no la ofrece primero, su relato sobre la necesidad de parar a Vox quedaría tocado y correría el riesgo de retratarse a sí mismo.

Para Unidas Podemos, cualquier tentativa en esta dirección es vista como el preludio de un Gobierno de concentración. Con todo, la iniciativa que Puente ha puesto sobre la mesa "por coherencia" serviría para sostener con hechos demostrables su reclamación de un cordón sanitario. Y, de rechazarlo, el PP tendría mucho más difícil encarar el ciclo electoral que se abre desde una posición de diferenciación con sus competidores por la derecha.