Sultanes, gas y petróleo: Malasia denuncia a un abogado español por un laudo de 13.000 millones

El enfrentamiento de un grupo de ciudadanos filipinos con Malasia, presuntos herederos del sultán de Joló, por la explotación de unos territorios de la Isla de Borneo se saldó este lunes con un laudo que da la razón a los primeros. El arbitraje, a cargo del abogado Gonzalo Stampa, sostiene que las autoridades de Kuala Lumpur adeudan 14.920 millones de dólares a los reclamantes (algo más de 13.000 millones de euros), pero Malasia denuncia que el proceso está plagado de irregularidades y niega que el documento emitido por Stampa pueda considerarse siquiera un laudo, puesto que no ha habido procedimiento arbitral como tal.

El último actor en sumarse a esta multimillonaria contienda es un juez madrileño que tendrá que jugar un papel determinante para dirimir si la actuación de Stampa ha sido ilícita, como denuncian los letrados del Estado malasio. En un auto dictado esta misma semana, el magistrado ordena la incoación de diligencias previas por delitos de desobediencia e intrusismo contra Gonzalo Stampa. El escrito recuerda para ello que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid anuló su nombramiento como árbitro en junio de 2021, pese a lo cual él siguió adelante con el procedimiento. A la vista de su supuesta desobediencia, Malasia niega que haya sido obligada a pagar nada, pues Stampa no tiene cargo ni autoridad para vincular al Estado a nada, razonan.

Frente a esta argumentación, los ciudadanos filipinos se aferran a que Gonzalo Stampa trasladó su sede de Madrid a París en octubre de 2021, por lo que consideran que el pronunciamiento del TSJ de Madrid dejó de tener efecto a partir de ese momento. Con la capital francesa como epicentro, defienden la vigencia del laudo, pero una resolución de la Corte de Apelación de París cuestiona este planteamiento: el 16 de diciembre, la presidenta de la sala anuló la homologación del arbitraje llevada a cabo en Francia.

Esta es la cronología de una enrevesada historia que aún no ha escrito su punto final.

​El contrato de 1878

El origen de la polémica se encuentra en un acuerdo firmado en 1878 entre el sultán de Joló y dos británicos para el arrendamiento a perpetuidad de los recursos naturales de territorios de la Isla de Borneo. Kuala Lumpur heredó el contrato como sucesor de la Corona británica, pero los ciudadanos filipinos, que aseguran ser sucesores del sultán de Joló, denuncian que dejó de pagar el arrendamiento de estos terrenos en 2013, cuando sus ricos recursos en "perlas, nidos de pájaro y madera" ya habían dado paso al descubrimiento de "gas y petróleo" en sus profundidades.

Apoyándose en este razonamiento, y en una discutida cláusula arbitral contenida en el acuerdo de 1878, los supuestos herederos presentaron en enero de 2018 una demanda contra Malasia en los tribunales españoles en la que se solicitaba la designación de un árbitro. Como adelantó 'Expansión', el laudo estaba valorado en 32.200 millones de dólares y podía convertirse en el más grande de la historia del país, pero no tardó en verse salpicado por la polémica: mientras que los reclamantes basaban su demanda en que los territorios pertenecían a España hace 143 años, la defensa del Estado malasio niega esta tesis apoyándose en abundante documentación historiográfica.

Paso 1: de Madrid a París

El TSJ de Madrid ordenó entonces un arbitraje para resolver la disputa y designó a Gonzalo Stampa para el mismo, pero la decisión quedó sin efecto ante el posterior recurso de Kuala Lumpur —cuya defensa conducen Uría Menéndez y Herbert Smith Freehills—. El 29 de junio de 2021, los magistrados reconocieron que el modo en que se había trasladado la notificación a Malasia incurría en una "infracción procesal" que dejaba al país "en una situación de real indefensión". En su resolución, dejaban sin efecto el nombramiento de Stampa y le ordenaban dar por finalizado el arbitraje, requerimiento reiterado el 8 de julio de 2021. Stampa, sin embargo, continuó con sus trabajos.

Desde la defensa de los supuestos herederos, pilotada por el bufete B. Cremades & Asociados, destacan por su parte el voto particular con el que el magistrado Santos Vijande se desmarcó del resto del tribunal. En él apunta que, a pesar de que la notificación al Estado malasio fue "formalmente irregular", no ha existido "indefensión real y efectiva", sino un "comportamiento desidioso" por parte de Kuala Lumpur, que llegó a comparecer en algunas de las fases iniciales del arbitraje —una comparecencia, no obstante, que la defensa de Malasio niega—.

En junio de 2021, el TSJ de Madrid anuló el nombramiento de Stampa y le ordenó dar por finalizado el arbitraje

En paralelo, a partir de la decisión del TSJ madrileño de 2018, Stampa inició un arbitraje dividido en dos fases: jurisdicción y fondo. En la primera, en mayo de 2020, declaró que el contrato existía y que contenía una cláusula de arbitraje válida, por lo que el caso debía continuar. Este laudo de jurisdicción también ha sido impugnado por el Estado malasio, recurso pendiente de resolución ante el TSJ de Madrid.

Pero los supuestos herederos no se quedaron ahí, y buscaron la homologación del laudo de jurisdicción en Francia en septiembre. Apenas un mes después, el 29 de octubre, el propio Stampa cambió la sede del arbitraje de Madrid a París para continuar con el procedimiento. De forma paralela, los supuestos sucesores del sultán de Joló recurrieron la decisión del TSJ de Madrid ante el Tribunal Constitucional, pero la admisión de su escrito sigue aún pendiente.

Paso 2: París da marcha atrás

Tras advertir el traslado de la sede del arbitraje a París, las autoridades malasias pidieron a la Corte de Apelación de París que dejara sin efecto la homologación del proceso de forma urgente. "Si la medida se tomara de manera contradictoria, no salvaguardarían los derechos de Malasia, incluida su soberanía, ya que los ciudadanos filipinos aumentarían su presión sobre el árbitro único y, en vista de su comportamiento durante el proceso, esta solicitud probablemente precipitaría el pronunciamiento del laudo final", advertían.

La respuesta de la Corte de Apelación de París, a la que ha tenido acceso este diario, llegó el 16 de diciembre con la firma de Marie-Françoise d’Ardailhon, delegada del presidente del tribunal: "Suspende los efectos de la orden de 'exequátur' [término jurídico que equivale al de homologación] de fecha 29 de septiembre", sostiene la misma. Para entonces, la disputa entre los supuestos herederos del sultán y Malasia ya había recorrido cuatro países, pero el último capítulo volvería a jugarse en España.

Tras París, Malasia asevera que el laudo "no tiene base legal en Francia"; los reclamantes afirman que solo impide su ejecución allí

Según la defensa de los reclamantes, la decisión de la Corte parisina comprende unas "medidas cautelares" que "solamente impiden a los herederos ejecutar el laudo [por ejemplo, embargando bienes de Malasia en Francia], pero no les impide continuar el arbitraje, ni tampoco vinculan a Stampa ni le ordenan nada, por lo que puede libremente continuar el arbitraje y dictar laudo del fondo del asunto".

Argumentos que rechazan fuentes del Estado de Malasia, que aseveran que el laudo de Stampa "es nulo y no tiene base legal ni en España ni en Francia". Al haber dejado sin efecto el 'exequátur' la Corte parisina, detallan, decae el proceso al completo en el país vecino. Es decir, suspendida la resolución sobre la que descansaba el intento de cambio de sede solicitado por los demandantes, el arbitraje ya no puede basarse en Francia.

Paso 3: la denuncia del embajador

El temor a que la respuesta de la Corte de Apelación de París no llegara a tiempo llevó a las autoridades de Kuala Lumpur a abrir un nuevo frente a la actuación contra Gonzalo Stampa el 14 de diciembre. Esta vez, con la interposición de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por parte de su embajador en España, Akmal Che Mustafa, contra el abogado español por "un delito de desobediencia grave a la autoridad", al haber desatendido el mandato judicial que le instaba a cesar en su función como árbitro. A lo largo de 25 páginas, el diplomático subrayaba que dicho "gravísimo incumplimiento" suponía "una vulneración de la inmunidad soberana del Estado de Malasia".

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"En lugar de dar por terminado el arbitraje de forma inmediata conforme a lo requerido por el TSJ de Madrid, el Sr. Stampa ha seguido enviando comunicaciones, actuando en su supuesta condición de árbitro (que ya no tiene) y solicitando a los ciudadanos filipinos y a Malasia (a pesar de que no participa en este arbitraje) que formulen alegaciones a la vista de resoluciones y requerimientos judiciales recibidos", señala el texto. "Pero no solo eso, el Sr. Stampa ha dictado varias resoluciones en las que ha declarado que 'el árbitro continúa ejerciendo sus funciones' y que los requerimientos judiciales suponen una 'intromisión desautorizada de los tribunales locales". La denuncia enmarca, en el contexto de dicha desobediencia, el intento de Stampa de trasladar la sede arbitral a París.

Paso 4: un juez de Madrid abre diligencias

Tras recibir la denuncia del embajador, la Fiscalía de Madrid remitió a su vez un escrito a los juzgados de Madrid para la apertura de diligencias. "De conformidad con la legislación vigente, la declaración de nulidad del nombramiento como árbitro del Sr. Stampa hace desaparecer la habilitación oficial y legal para poder actuar como árbitro y, no obstante, siguió actuando como tal en el presente conflicto desatendiendo gravemente la orden del tribunal", sostiene el decreto del 17 de enero, al que ha tenido acceso este diario.

Un juzgado de Madrid considera que la actuación de Gonzalo Stampa puede suponer delitos de desobediencia e intrusismo

Tres semanas después, el 8 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid acordó la apertura de diligencias previas contra Stampa por los presuntos delitos de desobediencia e intrusismo. "Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", sostiene el auto. El 16 de febrero, tras tener conocimiento de las diligencias, el propio Stampa remitió un escrito al juez para personarse en la causa con un abogado.

Paso 5: Stampa emite su laudo

A pesar de encontrarse con unas diligencias abiertas en su contra por desobediencia e intrusismo y de que se suspendiera la homologación del arbitraje en Francia, Gonzalo Stampa emitió el lunes el multimillonario laudo. En él, atiende gran parte de las demandas de los supuestos sucesores del sultán: declara que Malasia incumplió el contrato de 1878 y que estos tienen derecho a recuperar el valor de restitución de los derechos de explotación arrendados.

A la hora de fijar los efectos de esta resolución, el abogado fija un interés prelaudo del 3,96% anual, a partir del 1 de enero de 2013 hasta 2044, y ordena a Malasia que les pague 14.920 millones de dólares (algo más de 13.000 millones de euros). También ordena abonar a los herederos "los intereses poslaudo de la suma indicada en el párrafo anterior a un tipo de interés del 10% simple anual". Los abogados de los supuestos sucesores apuntan a que, antes de 2013, Malasia pagaba unos "1.000 euros al año" por la explotación de unos terrenos.

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¿Y ahora qué? Desde el bufete B. Cremades & Asociados subrayan que, según su criterio, el laudo es perfectamente válido y que, con él en la mano, los reclamantes podrían solicitar el embargo de los bienes del Estado de Malasia en los países donde se encuentre en vigor el tratado de Nueva York. De hecho, el socio del despacho Bernardo Cremades Jr, tras conocerse la resolución dictada por Stampa, declaró que "el árbitro cumplió su mandato escrupulosa y legalmente".

El Estado de Malasia, por su parte, niega la propia existencia del laudo, pues ha sido dictado, subrayan, por un abogado, no por un árbitro. “El Sr. Stampa desoyó la anulación del proceso por los tribunales españoles y la suspensión cautelar acordada por los franceses, ha cambiado unilateralmente la sede del arbitraje a París para escapar del TSJ de Madrid (cuando ya no era árbitro) y continúa pretendiendo actuar como árbitro de un procedimiento fantasma que desde hace meses se arrastra bajo la mancha de graves desobediencias a la Justicia”, subrayan.