Bruselas irrumpe en el conflicto de las Fiscalías por el caso Ayuso y apoya que decida el TJUE

La Fiscal Europea, la rumana Laura Kövesi, ha enviado una carta a Didier Reynders, comisario de Justicia, para trasladar las quejas de la recientemente creada Fiscalía Europea (EPPO) sobre la gestión que las autoridades españolas están haciendo sobre quién debe investigar el contrato de compra de mascarillas adjudicado por la Comunidad de Madrid a Priviet Sportive y del que acabó beneficiándose el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

La autoridad europea, con sede en Luxemburgo, exige llevar las riendas de la investigación y "ha informado a la Comisión Europea sobre sus preocupaciones con respecto al entorno legal en el que debe operar la Fiscalía Europea en España", según han explicado fuentes de la institución a El Confidencial. Desde el equipo de Reynders señalan que, en caso de dudas sobre las competencias, la última palabra la tiene el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), porque es el intérprete último del derecho de la Unión. Esta es, de hecho, la lectura que la EPPO hace de la situación. El tira y floja entre Anticorrupción y la Fiscalía de la UE arrancó hace unas semanas y ha ido enquistándose desde entonces. De momento, Anticorrupción investiga un presunto tráfico de influencias en el polémico contrato mientras que el departamento europeo mantiene pesquisas sobre una posible malversación de fondos europeos. Así lo decidió la fiscal general, Dolores Delgado, tras escuchar a la Junta de Fiscales el pasado lunes.

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Kövesi, una fiscal anticorrupción rumana que acosó y encarceló a figuras clave de la política de Rumanía desde 2013, acabó siendo cesada por el Gobierno en 2018 acusada de una "caza de brujas". Pero su cruzada hizo que la institución ganara fama en el país y que ella tuviera buen nombre en Bruselas, lo que provocó que, cuando en 2019 hubo que buscar alguien que se pusiera al frente de la EPPO, muchos pensaran en ella. Fue elegida a finales de ese año y la institución se puso a funcionar en junio de 2021. En septiembre ya había abierto 300 investigaciones por valor de 4.300 millones de euros y hace pocas semanas dio su primer gran golpe: detuvo al ex primer ministro de Bulgaria, Boyko Borisov.

El choque frontal entre Kövesi y la Fiscalía General del Estado se consumó el lunes, cuando Dolores Delgado decidió adjudicar a Anticorrupción la investigación principal del contrato. Para la EPPO, "esta decisión no se ajusta a la legislación de la UE y continuará su investigación". La institución con sede en Luxemburgo atacó de nuevo a Delgado este miércoles, criticando que la decisión sobre la resolución sobre el conflicto de competencias la tomó "la superior jerárquica del organismo nacional y, por tanto, parcial en el procedimiento", sin haber escuchado la argumentación de la EPPO.

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Además, continuaba el departamento de Kövesi, la ley española que regula esta decisión, "que afecta a la interpretación y la aplicación del derecho de la Unión", no permite recurso. “Esto impide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ejerza su mandato exclusivo de garantizar la correcta interpretación del derecho de la UE y, por lo tanto, constituye un desafío a la supremacía del derecho de la UE”, subrayaba la EPPO en un comunicado el miércoles. Kövesi y su equipo querían que el asunto se llevara al alto tribunal de Luxemburgo, para que este decidiera sobre quién debía llevar las riendas de la investigación.

Tras recibir la carta de Kövesi, el equipo del comisario de Justicia ha señalado este viernes que responderán y, aunque no comentan casos individuales, han recordado que, "en caso de duda (sobre quién tiene la competencia), corresponde en última instancia al Tribunal de Justicia decidir, y debe existir un mecanismo que permita que las preguntas preliminares lleguen al Tribunal". "La Comisión está totalmente comprometida a garantizar que todos los Estados miembros que participan en la Fiscalía Europea cumplan con sus obligaciones en virtud del Reglamento de la Fiscalía Europea y los Tratados, y está siguiendo de cerca la situación en todos los Estados miembros", explican desde el equipo de Reynders.

Lo que dice la norma europea

La regulación de la EPPO es la clave y en ella se establece que hay una serie de delitos que dañan el presupuesto de la Unión Europea que deben ser investigados por esta institución, creada hace pocos años y que empezó a funcionar en junio de 2021. El artículo 25 de la regulación establece que, “cuando la Fiscalía Europea decida ejercer su competencia, las autoridades nacionales competentes no ejercerán la suya respecto del mismo comportamiento constitutivo de delito”.

"En caso de duda, corresponde en última instancia al Tribunal de Justicia decidir"

Es cierto que el texto establece después que, "en caso de discrepancia entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales que ejercen la acción penal sobre la cuestión de determinar si el comportamiento constitutivo de delito está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 22, apartados 2 o 3, o del artículo 25, apartados 2 o 3, las autoridades nacionales competentes en materia de atribución de competencia para el ejercicio de la acción penal a escala nacional decidirán quién será competente para la investigación del caso". Pero también se da por hecho que, en caso de que exista duda, la última palabra la tiene el TJUE.

El artículo 46, en su apartado segundo, establece que “el Tribunal de Justicia será competente, de conformidad con el artículo 267 del TFUE, para pronunciarse con carácter prejudicial sobre (...) la interpretación de los artículos 22 y 25 del presente Reglamento en relación con cualquier conflicto de competencia entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes”.