El Gobierno sorteó al Consejo Fiscal en su maniobra para ascender a Delgado

El Gobierno ha evitado, gracias a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, presentar al estudio del Consejo Fiscal una reforma que afecta directamente a la principal institución de la carrera. Al aprovechar la tramitación parlamentaria de una ley por completo ajena a la Fiscalía para provocar el ascenso de la fiscal general del Estado a la máxima categoría, el Ejecutivo evita cumplir uno de los artículos del Estatuto que regula el funcionamiento del Ministerio Público. En él se refleja que este órgano debe presentar informe sobre cualquier proyecto o norma reglamentaria que afecte a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal.

La previsión está recogida en el artículo 14.J del Estatuto en el que se definen las funciones del Consejo Fiscal, el principal órgano de asistencia de los fiscales generales del Estado y de representación de la carrera. La iniciativa no solo ha provocado que una variación de ese calibre en el Estatuto, el texto básico de funcionamiento por el que se rige la actividad de todos los fiscales, quede al margen del criterio de los miembros del Consejo. También ha supuesto una paradoja: esta institución sí informó en 2019 sobre la Ley Concursal, sin tener conocimiento de su contenido, puede acabar incluyendo cuestiones que la afectan de lleno.

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La enmienda se ha registrado, pero aún no ha sido aprobada. En caso de salir adelante, consagraría el ascenso a la máxima categoría de Delgado una vez cese en su actual puesto. El grupo ha propuesto en concreto incluir una disposición final en la que se refleja que, cuando el nombramiento recaiga en un miembro de la carrera en situación de servicios especiales, como es el caso de Delgado, "adquirirá la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese".

Delgado fue nombrada ministra de Justicia por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se encontraba destinada como fiscal de la Audiencia Nacional. Posteriormente, fue nombrada fiscal general sin haber alcanzado la categoría más alta de la carrera. Sin esta modificación del Estatuto, se vería obligada a regresar a esa plaza una vez finalizado su actual desempeño.

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No se trata del único caso en el que un fiscal general lo fue sin ser fiscal de Sala. Todos los anteriores accedieron a ese puesto tras cesar en la primera ocasión en la que se cubrieron plazas. Sucedió con Juan Ortiz Urculo y María José Segarra. En el caso de Segarra, a la que Delgado relevó en el puesto, quedó adscrita en primer lugar a la Fiscalía de Sevilla y ascendió de categoría al ser nombrada fiscal de Sala coordinadora de discapacidad y atención a los mayores. También ocurrió con el exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

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Además de esta modificación, la enmienda incluye otras cuestiones que habrían sido del interés del Consejo Fiscal. En uno de los párrafos de la propuesta, se introduce otra variación que permitiría a la responsable del Ministerio Público dirigirse por iniciativa propia a Pedro Sánchez para aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que "por su naturaleza y relevancia deba conocer". En concreto, la modificación se recoge en estos términos: "El Fiscal General del Estado informará por escrito al Gobierno, por su propia iniciativa o cuando éste lo interese y siempre que no exista obstáculo legal, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial transcendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia".

En otro punto se especifica que la comunicación entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno deberá quedar "debidamente registrada en el soporte que reglamentariamente se determine". Se mantiene la actual redacción del Estatuto en lo referente a la prerrogativa del presidente del Gobierno de dirigirse directamente a la Fiscalía "cuando lo estime necesario". La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha asegurado que esta previsión "supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno".

Opinión

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Desde el Gobierno se defiende que la iniciativa busca incrementar la independencia de la figura del fiscal general. Distintos cargos han señalado las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) para potenciar la independencia de Fiscalía. Se da el caso de que el último de los informes del Greco reprocha a España el incumplimiento de las 19 recomendaciones que realizaron en su informe de evaluación. Ninguna de ellas se refiere en concreto a facilitar una retirada del fiscal general de acuerdo con su dignidad. El Greco instó a revisar el método de selección y duración del mandato, es decir, cambiar la forma de elección a propuesta del Gobierno para separarlo de este.

La Asociación de Fiscales ha considerado inaceptable que se introduzca una modificación de tal calado, "sin publicidad y hurtando de toda posibilidad de alegación al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como a las asociaciones de fiscales y en general, a toda la Carrera Fiscal".