Podemos enmienda la Ley de Vivienda y aviva la tensión con el PSOE

La tensión entre los dos socios del Gobierno sigue desbordándose en otro de los asuntos nucleares de la legislatura. Este miércoles, Unidas Podemos ha presentado una batería de enmiendas al texto pactado con el PSOE sobre la Ley de Vivienda, que -avisan- "tiene que ser mejorada para ser más eficaz y efectiva". Entre las principales reivindicaciones, la formación morada exige que la nueva norma obligue a los grandes propietarios a poner el 30% de sus pisos en alquiler social. En el supuesto de que los grandes tenedores de vivienda cuenten con capital público, la obligación porcentual "se incrementará proporcionalmente". La SAREB estaría obligada a destinar, como mínimo, el 75% de sus inmuebles, según se recoge en el paquete de enmiendas de la formación morada.

Aunque los desencuentros entre PSOE y Podemos no han cesado desde hace meses, el punto de inflexión de las tensiones entre ambos socios tiene su origen en la negociación de la Ley de Vivienda. El portavoz de los morados en el Congreso, Jaume Asens, anunció la presentación de una enmienda de su formación a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con el objeto de paralizar cualquier desahucio sin alternativa habitacional hasta finales de 2022, así como los cortes de los suministros básicos. Y esa 'guerra' interna no se ha acabado.

UP quiere prohibir el corte de suministros por impago. "La interrupción injustificada de los suministros básicos del hogar se considerará acoso inmobiliario conforme a lo previsto en esta ley y será, por tanto, objeto de sanción", señalan desde el grupo de Yolanda Díaz, que abogan también por eliminar la comisión que las inmobiliarias cobran por formalizar las operaciones de compra-venta y de alquiler. Que los gastos corran a cuenta del arrendador, no del arrendatario.

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E. Sanz

También hay mención a las zonas turísticas tensionadas. "A fin de evitar el desplazamiento de los vecinos por un exceso de la oferta de alojamiento turístico, se establecerán regulaciones que limiten el número de plazas de alojamiento turístico, por distritos o barrios, sin que puedan suponer más del 2% del número de habitantes en entorno urbano", especifica otra enmienda.

El pasado 10 de abril, el proyecto del Gobierno, que no cuenta con el respaldo de Unidas Podemos, pasó el primer eslabón de la tramitación, gracias al apoyo de ERC tras pactar la no invasión de competencias autonómicas. Sin embargo, el final de esta ley no está escrito.