La UDEF halla nuevos vínculos entre el embajador Morodo y el expolio de PDVSA

La UDEF de la Policía Nacional propone abrir una nueva línea de investigación en torno al presunto saqueo de la petrolera pública venezolana PDVSA con la participación del exembajador de España en Caracas Raúl Morodo. Los investigadores piden al juez de la Audiencia Nacional que incorpore a la causa una información hallada en Andorra sobre presuntas irregularidades cometidas por el que fuera viceministro de Energía de Hugo Chávez entre los años 2002 y 2006, Nervis Villalobos.

Morodo fue diplomático en Venezuela entre 2004 y 2007 durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Él y su hijo, muy cercanos al exministro de Defensa José Bono, fueron detenidos por la Policía Nacional en mayo de 2019 por el cobro de comisiones del Gobierno de Venezuela mediante facturas ficticias por falsos servicios de asesoramiento. Inicialmente, la Fiscalía los acusó de blanquear 4,5 millones de euros. Averiguaciones posteriores han permitido implicar en los desvíos de fondos a altos responsables de PDVSA y elevar considerablemente la cuantía total sustraída.

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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitió el pasado viernes un oficio a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso El Confidencial. En él informan al juez que investiga el caso, Alejandro Abascal, del hallazgo de “una serie de vinculaciones” entre el caso y otra investigación sobre blanqueo de capitales que se sigue en otro juzgado de la Audiencia Nacional y que motivó una petición de información en Andorra. Esta relación tiene como epicentro una sociedad llamada Welka Holdings Limited a la que señalan los investigadores como pagadora de "grandes sumas al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos por sus actividades en una operativa sospechosa con la petrolera estatal venezolana PDVSA".

20 documentos

El oficio policial detalla al magistrado cuáles son los documentos concretos que le debe reclamar a su compañero —un total de 20—, el juez central de instrucción número dos, Ismael Moreno, pero no profundiza sobre la relación concreta con el caso Morodo. De momento, Alejandro Abascal ya ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la conveniencia de incorporar esa información.

Welka Holdings Limited es una sociedad panameña que aparece recurrentemente en investigaciones relacionadas con PDVSA. Este periódico informó de que las autoridades detectaron en su día una transferencia de cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros) desde esta sociedad a una empresa de la trama de Morodo. Ocurrió el 8 de junio de 2012 y el dinero lo recibió la firma Lakeside Overseas Limited, administrada por los padres Juan Carlos Márquez, socio de Morodo y exabogado de PDVSA. Márquez se suicidó en 2019 antes de declarar por estos hechos en la Audiencia Nacional. Dejó una nota de despedida, pero el juez no ha hallado evidencias que vinculen su muerte con el caso.

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El Confidencial también detalló que Nervis Villalobos lleva años investigado en EEUU, Andorra y España. Algunas de estas investigaciones tienen que ver con la compra de bienes inmobiliarios, en ocasiones a nombre de sociedades. Su nombre se vinculó también con el sistema de cambio de divisas que estableció el régimen chavista y permitió enriquecerse a personas cercanas al poder bolivariano mediante el soborno de funcionarios de la Oficina Nacional del Tesoro. La Fiscalía de Florida Sur señaló que, en una de esas operaciones de cambio de divisas, los asistentes y testaferros de Villalobos defraudaron a PDVSA 1.200 millones de dólares.

Un juez de Madrid que asumió estas actividades antes de elevarlas a la Audiencia Nacional señaló que una de las operativas de cambio de divisa proporcionó a Villalobos unos beneficios de 56 millones de euros movidos a través de Banca Privada de Andorra. Los pagadores por su mediación con altos funcionarios de PDVSA fueron las sociedades panameñas Violet Advisors SA y Welka Holding Limited. En el reciente escrito de la UDEF remitido al juez, figuran referencias a documentos que aluden tanto a “Nervis”, como a “Violet”, “Welka” y “PDVSA”.

Villalobos fue detenido por primera vez en España 2017, a petición de EEUU— precisamente por acusaciones de corrupción en torno a la petrolera. Tres años después, el Tribunal Constitucional determinó que se vulneraron sus derechos a la libertad personal y sus garantías legales. En septiembre del año pasado, Villalobos declaró como testigo en el caso Morodo. Negó conocer al exembajador y se presentó como colaborador de la Policía. Villalobos figura como investigado en el Juzgado de Instrucción Número Tres de la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de dinero de PDVSA.

En el caso Morodo, además del exembajador, también están investigados su mujer, Cristina Cañete; su hijo Alejo, y la mujer de este último junto a un socio llamado Carlos Prada Gómez. En el mismo informe en el que la UDEF avisa al juez de los pagos a Villalobos, los investigadores dan cuenta de la elaboración de un informe que remitirán próximamente sobre documentación incautada en el domicilio de Carlos Prada y datos enviados por Suiza sobre las cuentas abiertas en ese país por la sociedad Welka Holdings Limited.

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Amplía las investigaciones sobre la familia

Este periódico informó en enero de la existencia de un informe de 57 folios de la Agencia Tributaria, según el cual, el clan Morodo utilizó una empresa familiar para aflorar las presuntas comisiones ilegales pagadas por altos cargos de PDVSA. Se centraba en una sociedad llamada MS Trading España SL que estaba controlada por la mujer de Raúl Morodo.

La Fiscalía, en un escrito de la semana pasada remitido al juzgado, considera procedente que los peritos de Hacienda continúen sus averiguaciones en torno a la esposa de Morodo “para que documente las actuaciones oportunas y, en su caso, se dé cuenta al juzgado de las que pudieran ser constitutivas de delito”. El magistrado, Alejandro Abascal, ha dado el visto bueno a continuar con estas diligencias. El ministerio público y la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias acusan al clan de los delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.