Terror, adoctrinamiento y gulags: la cara B del asalto a la embajada de Corea en Madrid

El asalto de un comando armado de hombres en la embajada de Corea del Norte en Madrid sigue ofreciendo detalles tres años después de que el suceso activara las alertas de las cancillerías de medio mundo. El proceso judicial que se sigue en Estados Unidos para extraditar al único detenido del caso ha contado con las declaraciones de víctimas y expertos en el régimen de Kim Jong-un. Algunos de estos testimonios han abordado el asalto, pero en este caso desde el punto de vista del personal diplomático norcoreano que lo sufrió y las consecuencias terribles a las que se exponen por ello en su país. Las represalias descritas van desde la ejecución de familiares a un futuro de destierro en un gulag.

Cuando la policía española llegó a la embajada de Corea del Norte en Madrid el 22 de febrero de 2019 tras la alerta de que algo raro pasaba en su interior, una mujer norcoreana aterrada en la calle les dijo que unos hombres habían entrado a "matarlos y a comérselos". Ella había logrado escapar, no hablaba español y los agentes tuvieron que echar mano del móvil para traducir lo que les decía a través del traductor de Google. Era falso que los asaltantes, en su mayoría surcoreanos, estuviesen practicando canibalismo en el edificio, pero ese temor es algo que se les inculcan desde niños cuando se les habla de los vecinos del sur. Así se lo explicó a la justicia norteamericana el profesor Sung-Yoon Lee.

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Lee es profesor de Estudios Coreanos en la Facultad de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad de Tufts. Según la documentación del caso a la que ha tenido acceso El Confidencial, este experto compareció ante la justicia americana hace ahora un año y contó que la expresión de esa mujer era algo bastante habitual en la dialéctica norcoreana fruto de "décadas de inculcación y adoctrinamiento". “Esta es una palabrería común que aparece en los libros de texto de Corea del Norte”. Esta aportación le ha servido a la juez de California Jean P. Rosenbluth para calibrar la veracidad de los testimonios prestados por el personal de la embajada.

"España tiene relaciones con Corea del Norte"

La magistrada ha decidido aprobar la extradición de Christopher Ahn, un ciudadano americano de origen surcoreano, exmarine del Ejército estadounidense reclamado por la Justicia española por participar en el asalto. Lo hace, dice, contra su voluntad. Cree que no hay razones legales para negarse, pero personalmente cree que su vida corre peligro si sale de Estados Unidos para ir a Madrid, aunque sea a prisión. Entre otros argumentos, alega que "España tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Estados Unidos, por otro lado, ha declarado a Corea del Norte un estado patrocinador del terrorismo y, con muy pocas excepciones, prohíbe la entrada de norcoreanos al país".

La jueza añade que, aunque España quisiera proteger al extraditado, tendría pocas opciones de vivir debido a "la despiadada determinación de Corea del Norte de matar a sus enemigos". También cita los vínculos del país más hermético del mundo con "un ciudadano español aparentemente involucrado en actividades delictivas en su nombre". Sin citarle expresamente se está refiriendo con toda probabilidad al catalán Alejandro Cao de Benós, delegado especial de la Comisión de Relaciones Culturales con el Exterior del Gobierno de Corea del Norte. Reside en Tarragona y la justicia española le retiró hace años el pasaporte tras verse involucrado en una investigación sobre tráfico de armas. Recientemente, el FBI le ha acusado de participar en una trama con criptomonedas para ayudar a aquel país a burlar las sanciones comerciales. Se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel.

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El exmarine reclamado por España pide que no le extraditen. Su versión es que ellos fueron allí porque se lo pidió el responsable de la embajada. El plan era presentar como un secuestro lo que en realidad era una deserción pactada con este grupo llamado Free Josean. Son contrarios a la dictadura y ya en el pasado habían protagonizado operaciones de rescate a opositores a Kim Jong-un en otras partes del mundo. El Gobierno de Estados Unidos no cree a su exmarine. Tras el asalto se llevaron numeroso material informático y documentación. Por ello, las autoridades estadounidenses dan validez a las declaraciones acusatorias del personal diplomático norcoreano al tiempo que dudan de la parcialidad del profesor Lee.

Este experto tuvo relación en el pasado con el presunto cabecilla del grupo de cazadesertores Free Josean, Hong Chan. El propio profesor Lee testificó que había invitado a Hong a hablar en su universidad en 2013 y que después lo había visto en seis ocasiones más. Reconoció admirar a Hong Chang. A su juicio, las declaraciones del personal de la embajada no son válidas porque estaban viciadas por el miedo a represalias. Ofreció algunos datos y situaciones que podrían estar sufriendo en este momento. Según dijo, la manera que la dictadura tiene de presionar a su personal diplomático es a través de sus seres queridos que siguen en Corea del Norte.

"Enfrentarían la certeza del destierro a un gulag con toda su familia e incluso la ejecución"

"Se puede esperar que los testigos aquí hayan conspirado juntos y contado a las autoridades españolas falsedades e historias de coerción exagerada y victimización por temor a represalias. Si se pensara que intentaron desertar, enfrentarían la certeza del destierro a un gulag con toda su familia e incluso la ejecución", relató el profesor Lee. Le otorga especial relevancia al hecho de que todos los testimonios contaron con la traducción del embajador interino de Corea del Norte, Yun Sok So, al frente de la delegación el día del asalto. Las fuentes policiales que investigan estos hechos no saben el paradero del grupo de trabajadores que estaban en la embajada, pero el responsable permanecía en España al menos hasta finales de año. Este periódico habló con él y negó haber tenido deseos de desertar.

Lee testificó que la situación de los norcoreanos que ocupan puestos gubernamentales, y en particular los que se encuentran en países extranjeros, es aún más grave que la de los ciudadanos promedio. Como ejemplo, señaló que cuando un profesor universitario de Corea del Norte desertó a Corea del Sur en 1997, "5.000 de sus amigos, parientes, parientes lejanos y colegas" fueron "todos asesinados" en Corea del Norte. El Código Penal de Corea del Norte es draconiano, estipulando la pena capital y la confiscación de activos por una amplia variedad de "crímenes contra la revolución", incluyendo deserción, intento de deserción.

La juez del caso coincide con la visión del profesor Lee: "Difícilmente se puede dudar, pues, que las declaraciones que los testigos norcoreanos dieron a la policía y la justicia españolas, todas traducidas por So, fueron coaccionadas". Este periódico ha tenido acceso a numerosa documentación del caso. Según uno de los atestados policiales del día del asalto, cuando la mujer que logró escapar fue trasladada al hospital, se personó una persona que dijo ser enlace de la embajada de Corea del Sur, enemigo tradicional del vecino del norte. Este hombre ofrecía sus servicios para traducir a la mujer. La Policía expulsó a ese individuo al no tener clara su presencia allí. Nadie había llamado a la embajada surcoreana.

En mayo de 2021 se celebró una vista de extradición en la que declararon varios testigos. Compareció también la madre de un estudiante de la Universidad de Virginia que fue torturado y asesinado por el régimen de Corea del Norte por supuestamente quitar de la pared de un hotel coreano un cartel con un eslogan que apoyaba al dictador Kim Jong-Il, el padre del actual dictador. En los procesos de extradición se analiza si los delitos por los que se reclama a alguien están reconocidos por el país emisor.

En este caso, explica la jueza, los crímenes de los que se acusa a Ahn nunca podrían haberse cometido en los Estados Unidos porque no tiene embajada de Corea del Norte ni relaciones diplomáticas con ese país. Pero este argumento ni siquiera fue planteado por el exmarine y además la solicitud de extradición de España es amplia y no vincula los crímenes al lugar específico donde supuestamente ocurrieron.