El juez cierra la investigación y archiva el caso Villarejo para Brufau, Fainé, Repsol y CaixaBank

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón da por concluida la investigación sobre la contratación de José Manuel Villarejo por parte de Repsol y CaixaBank. En un auto fechado este jueves, da el primer paso para mandar la pieza a juicio y levanta la imputación al presidente de la petrolera Antonio Brufau, al expresidente del banco Isidre Fainé, a las dos empresas como personas jurídicas y a cuatro exdirectivos: Luis Suárez de Lezo, ex secretario general de Repsol; Juan de Amunategui, exdirector de Servicios Patrimoniales; Joaquín Uris, exdirector de Gestión Patrimonial, y Antonio Massanell, exdirector de medios de CaixaBank.

De esta manera, solo ponen rumbo al banquillo el propio Villarejo, su socio Rafael Redondo, el policía Enrique García Castaño y los exresponsables de Seguridad de las dos empresas: Rafael Araujo, Rafael Girona y Miguel Ángel Fernández Rancaño.

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García-Castellón imputó a Brufau y Fainé por un posible delito de cohecho después de que sus empresas contrataran a Villarejo para espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero entre 2011 y 2012. Los servicios pagados al comisario en la bautizada como operación Wine buscaban desbaratar su intento de hacerse con el control de la petrolera con la ayuda de Pemex y, según Anticorrupción, el precio ascendió al menos a 389.400 euros, haciendo frente cada empresa a la mitad de dicho importe. En diferentes informes de Villarejo, se pone de manifiesto la investigación sobre Del Rivero y su entorno, llegando a acceder a información referida a sus llamadas telefónicas.

"No consta participación"

En lo que se refiere a las dos empresas, el magistrado apunta a que contaban "con un modelo de organización y gestión para la prevención de delitos que cumplía en la fecha de los hechos investigados con los requisitos esenciales de un modelo de prevención penal corporativo", por lo que no cabe enviarlas a juicio como personas jurídicas.

En cuanto a Fainé y Brufau, recuerda que existió una conversación entre ambos "sobre la contratación que ejecutaron los directores de Seguridad de ambas empresas", pero "no consta en la causa otra participación". Ni siquiera consta que hiciesen "un especial seguimiento de dicha contratación", hasta el punto de que tampoco ha quedado acreditado que "ambos volviesen a hablar sobre el asunto en cuestión".

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"La contratación no recaía en el ámbito de control del presidente de la compañía, sino en el de sus directores de seguridad", advierte el magistrado para descartar la posibilidad de "transferir a dichos presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa, que está delegada en los órganos competentes para ello".

En el caso de los otros cuatro exdirectivos, el razonamiento es similar: "Pese a que inicialmente existiesen sospechas en cuanto a su participación en los hechos, cabe reseñar que no existen elementos indiciarios suficientes que permitan atribuirles la comisión de los delitos investigados", argumenta. "Se parte, a la vista de las diligencias practicadas, de que sendas direcciones de seguridad, tanto la de CAIXABANK como la de REPSOL, disponían de un elevado grado de autonomía organizativa y contractual".