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Alarma por el riesgo de cierre de la gran despensa de galletas de España
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Aguilar de Campoo, Venta de Baños y Toro

Alarma por el riesgo de cierre de la gran despensa de galletas de España

Grupo Siro ha comunicado a su plantilla el cese de actividad de sus fábricas en Castilla y León tras el rechazo al plan de viabilidad y ajuste propuesto por dos inversores, que se han marchado. La medida afecta a 1.500 trabajadores

Foto: Foto: Google Maps.
Foto: Google Maps.

Grupo Siro, uno de los gigantes galleteros de España, se asoma al cierre. En pleno contencioso con su plantilla por el plan de viabilidad para sus plantas en Aguilar de Campoo, Venta de Baños y Toro, en Castilla y León, la entidad ha anunciado el cese de su actividad tras la negativa de buena parte de sus empleados a acogerse al programa de recortes propuesto por los inversores que iban a hacerse con la empresa. "Os informamos de que el inversor ha comunicado por escrito, dada la situación de falta de acuerdo con los trabajadores para la mejora de la competitividad, que no está en disposición de proceder con el cierre de la operación ni, por tanto, de acometer la inversión en los términos previstos en el acuerdo", informó este viernes la compañía. Si no encuentran una nueva vía de financiación la compañía está condenada a la liquidación en los próximos meses, lo que afectaría a cerca de 1.500 personas.

Su futuro depende de la entrada de los fondos de inversión internacionales Afendis y Davidson Kempner para afrontar la deuda de en torno a 300 millones de euros que arrastra el grupo. La condición indispensable es la aprobación por parte de todas las plantas de un plan que reduce salarios y cambia condiciones laborales. Sin embargo, los trabajadores de Venta de Baños y Toro lo han rechazado. Solo la plantilla de Aguilar de Campoo lo respaldó, pero no es suficiente.

Foto: Centro de investigación y desarrollo de Cerealto Siro Foods. (EFE/Pablo martín)

La situación, que ya era bastante comprometida, lo es todavía más en este momento. Si no hay plan de ajuste, la empresa es inviable. El propio Grupo Siro, que informó a los trabajadores a través de una aplicación corporativa, sostiene que la ley le impide aumentar el nivel de deuda actual, por lo que apenas tiene ya margen de maniobra. "Decidimos responsablemente para la actividad productiva en los próximos días y únicamente gestionar la caja con el stock de producto terminado que tenemos". Se trata de la galletera más importante del país y la segunda en volumen de ventas.

La negativa de los trabajadores ha llevado al traste la estrategia de la dirección de la empresa, presidida por José Manuel González Serna, para salvar al grupo de una deuda millonaria contraída en los últimos años ante la disminución de pedidos y acentuada por los efectos de la pandemia. Tras varias opciones ya descartadas, entre ellas que fuera adquirida por Gulllón (otro grande del sector), la solución fue la entrada de los dos fondos inversores. Iban a aportar 180 millones de euros a cambio del 75% del accionariado, con la condición de una mejora de la competitividad de sus plantas. Grupo Siro cuenta con fábricas de galletas en Venta de Baños, Toro y Aguilar de Campoo además de instalaciones en Portugal, Italia y Reino Unido.

El cierre supondría la desaparición en los supermercados de una de las marcas de galletas más tradicionales y conocidas, que también se esconde parte de los productos de la denominación Hacendado, la marca blanca de Mercadona. También sería un fuerte golpe para el empleo de las zonas rurales donde se asientan las fábricas y para el sector agrario de Palencia, Zamora y Valladolid, que vende parte de su producción a la galletera. "No todas las materias primas que utiliza Siro se producen aquí, pero no cabe duda de que es una parte importante para los agricultores de Palencia y Valladolid. Y luego son empresas formadas por trabajadores de la tierra que viven de ello, es una decepción total", explica a El Confidencial José Ramón González, presidente de ASAJA Valladolid.

Conflicto laboral

El rechazo de la mayor parte de la plantilla de Venta de Baños ya tuvo como respuesta el anuncio de cierre de la fábrica. Grupo Siro ofrecía el traslado de los 198 empleados fijos a las plantas de Aguilar o Toro, a más de 200 kilómetros y cobrando en torno a un 20% menos. El compromiso era recolocar al 100% de la plantilla y aplicar las condiciones de salida pactadas para quienes no quieran acogerse a esos traslados. En un comunicado, la dirección de la empresa argumentaba el cierre por una falta de competitividad de la factoría que hace inviable su futuro. "Tiene un coste salarial del 29% superior a la media del resto de las fábricas de la compañía y un nivel de ausentismo del 18,2%, frente al 6% de las plantas de Castilla y León", indicaban. Algo que rechaza el comité de empresa, que asegura que trabajan al 98% y con unas cuentas saneadas en 2019 y 2020.

El segundo escollo era la negativa de la plantilla de la fábrica de Toro al documento. Los representantes de los 400 trabajadores que tienen las instalaciones aseguraron en una nota de prensa que el plan supondría una "pérdida de derechos, como la antigüedad, además de la ampliación de jornada laboral y la pérdida de poder adquisitivo. No es solo el salario que nos van a quitar, es lo que vamos a dejar de ganar". En concreto, el ajuste supondría rebajas salariales (de un 2% en el caso de Toro) y una nueva escala salarial para las futuras contrataciones. Este domingo había convocada una manifestación en Venta de Baños.

La crisis por Grupo Siro ha desencadenado una pugna política entre el Ministerio de Industria y la Junta de Castilla y León, con reproches mutuos

La gravedad de la situación ha provocado que en las últimas horas el problema salte a la arena política. El Ministerio de Industria y la Junta de Castilla y León se han lanzado reproches cruzados ante las acusaciones de falta de iniciativas para conseguir salvar al Grupo Siro. "La Junta es la gran ausente de este conflicto", criticaba este jueves la ministra Reyes Maroto, que era inmediatamente respondida por el portavoz del gobierno autonómico de PP y Vox, Carlos Fernández Carriedo. "En temas de crisis empresariales hay administraciones públicas que ayudamos, apoyamos y salvamos empresas y otras que, aun teniendo responsabilidad, lo que buscan son ventajas políticas. Nosotros somos de los primeros, de dar y ofrecer soluciones, si hay algún responsable político que su papel es hacer oposición en su derecho, pero no ofrece un buen servicio al conjunto de los ciudadanos".

Esta crisis empresarial es además el primer gran reto al que se enfrenta un consejero de Vox en el gobierno de Castilla y Léon. Mariano Veganzones, titular de Empleo, ha sido acusado por la oposición de estar "poniéndose de perfil" y "no dar la cara". La ministra Maroto iba más allá y le reprochaba que cargue la responsabilidad al Ministerio sin "tomar las riendas" del problema. La posición de la Junta de Castilla y León es que si hay acuerdo entre las partes, Siro será viable y recuerda que la empresa no pide ayuda financiera para poder superar esta crisis.

Una inyección económica de la Administración autonómica que sí que recibió en el pasado. Por este motivo, ante las consecuencias que su posible cierre puede tener en el sector agrario, Juan Ramón Gómez de ASAJA exige que "la Junta y el gobierno central también tienen que velar porque estas empresas que han recibido ayudas públicas tengan futuro y que analicen a qué se destina ese dinero público que han recibido". Una negociación y búsqueda de salidas a contrarreloj sobre la que Grupo Siro ha declinado realizar declaraciones a El Confidencial.

El rescatador de fábricas con problemas

El riesgo de desaparición de Grupo Siro supone además la pérdida de un modelo de negocio y de crecimiento que se ha basado en la compra con riesgo de cierre en el mundo rural. Esa ha sido la fórmula con la que Juan Manuel González Serna ha construido este imperio de las galletas y que le colocaba, hasta ahora, como una referencia en la gestión empresarial española. A lo largo de toda su trayectoria, el fundador de Siro ha llegado a comprar hasta 15 fábricas con dificultades y a sumar 11 más, aunque algunas de ellas se fueron quedando por el camino y terminaron vendidas años después.

El primer gran paso para Grupo Siro fue en 1991 con la compra de la fábrica de Venta de Baños, aunque el golpe más mediático se produjo en 2002 cuando adquirió a United Biscuits, la antigua Galletas Fontaneda, de Aguilar de Campoo siendo entonces la solución a una de las mayores crisis industriales y protesta social que ha vivido Castilla y León en las últimas décadas. La actual fábrica de Siro en Toro fue la antigua Reglero que el grupo empresarial compró en 1993. En diversas entrevistas, Juan Manuel González Serna ha repetido durante 31 años la clave de su expansión: “Donde otros amenazaban con cierres y deslocalizaciones, Siro estaba ahí para estudiar sus posibilidades de crecer y diversificarse, y de mantener el empleo en peligro”.

Foto: Fábrica de Gullón en Aguilar de Campoo. (EFE/A. Alvarez)

La imagen de "salvador" de empresas a punto de cerrar también choca en el sector con este repentino terremoto que puede acabar con la liquidación de Grupo Siro. Así lo expresa Juan Ramón Gómez: "Lo que no puede pasar es un año ser empresa modélica y al cabo de dos años ser una empresa que tiene que cerrar porque no es rentable. Me consta que ha tenido problemas con la distribución".

Con el tiempo en contra y la presión de los trabajadores en la calle, Grupo Siro y las administraciones intensifican las negociaciones para intentar dar viabilidad a un grupo empresarial de referencia en el sector español y evitar que los fondos de inversión retiren su oferta. En 2020, Grupo Siro alcanzó unas ventas netas de 464 millones de euros, casi un 20% menos que el año anterior, pero aun así mantuvo el segundo lugar en el ranking de empresas galleteras españolas por detrás de Mondélez.

Grupo Siro, uno de los gigantes galleteros de España, se asoma al cierre. En pleno contencioso con su plantilla por el plan de viabilidad para sus plantas en Aguilar de Campoo, Venta de Baños y Toro, en Castilla y León, la entidad ha anunciado el cese de su actividad tras la negativa de buena parte de sus empleados a acogerse al programa de recortes propuesto por los inversores que iban a hacerse con la empresa. "Os informamos de que el inversor ha comunicado por escrito, dada la situación de falta de acuerdo con los trabajadores para la mejora de la competitividad, que no está en disposición de proceder con el cierre de la operación ni, por tanto, de acometer la inversión en los términos previstos en el acuerdo", informó este viernes la compañía. Si no encuentran una nueva vía de financiación la compañía está condenada a la liquidación en los próximos meses, lo que afectaría a cerca de 1.500 personas.

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