Villarejo de testigo y Rajoy en el foco: todas las guerras del frente que teme el PP en Andorra

Y de repente Andorra. Un nuevo frente judicial se ha abierto en el Principado para el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por las actividades de la llamada ‘policía patriótica’ que actuó bajo sus años de gestión entre 2012 y 2016. Esta vez tiene que ver con la denominada operación Cataluña y las supuestas presiones sobre la Banca Privada de Andorra para acceder a datos privados de la familia Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. Rajoy no está solo. Además de varios policías habituales de estas tramas, le acompañan como querellados los entonces ministros de Interior y de Hacienda, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, respectivamente.

El Confidencial ha tenido acceso a la documentación de una investigación que arranca en 2016 y que sigue aportando novedades seis años después. Este es un caso que une las maniobras contra el independentismo, la guerra entre comisarios y acusaciones de injerencias en la soberanía andorrana, con Villarejo en el papel de animador. El juzgado andorrano que dirige las pesquisas ha dado 15 días a Rajoy y al resto de políticos para que se busquen un abogado en el Principado y se personen como investigados en la causa. Son un total de nueve implicados, por ahora. En la lista también están el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó.

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Cosidó fue el máximo cargo político de la Policía Nacional y hasta ahora había logrado esquivar judicialmente todas investigaciones relacionadas con la 'brigada patriótica' y las actividades de Villarejo. Y son más de 30 piezas separadas las que se investigan en la Audiencia Nacional, con la posibilidad de ampliarse a 50 próximamente. Sin embargo, el polémico comisario, sobre el que pivotó buena parte de la corrupción policial conocida desde su arresto en 2017, respira esta vez. En esta partida actúa como testigo.

"Una operación política"

Prestó declaración por videoconferencia desde la cárcel madrileña de Estremera, en la que se encontraba en situación provisional. Lo hizo voluntariamente el 19 de marzo de 2019. Sus aportaciones no fueron del todo fructíferas, por las dificultades técnicas, según las fuentes consultadas. La Sección de Instrucción número 2 de Andorra se plantea ahora citarle de nuevo para que los abogados de los nuevos investigados puedan preguntar y someter su testimonio a contradicciones. En su intervención de 2019, a la que ha tenido acceso este periódico, describió esta actuación policial como “una operación política”.

“Era para conseguir fastidiar un determinado partido político y su banco en beneficio del otro”, dijo. También declaró que “alguien” le pidió que hiciera gestiones para cerrar el BPA, pero no recordaba si la petición se la hicieron desde el Gobierno español o andorrano. Añadió que los responsables policiales no tenían capacidad para tomar una decisión “de tal envergadura”. Es decir, tenía que venir de los políticos. En el momento en que Villarejo hizo esas declaraciones, estaba preso y acusado de un carrusel de delitos. Él siempre ha defendido que se limitaba a cumplir órdenes de sus superiores, aunque las investigaciones en su contra arrojan multitud de encargos en los que él hacía valer su condición de comisario para ingresar grandes cantidades de dinero.

Ya en 2016, antes de ser detenido, Villarejo remitió al juzgado andorrano una serie de notas informativas en las que acusaba a su enemigo interno en la Policía, el comisario Marcelino Martín Blas, de haber presionado “de forma virulenta” a uno de los directivos del banco andorrano para que le diera información de los Pujol. Involucraba también al CNI, su gran bestia negra y al que culpa de todos sus males desde antes de ser detenido. Aseguró que los servicios secretos habían sufragado el pago de dinero al banquero andorrano a cambio de la información del expresidente de Cataluña. Según sostiene Villarejo, eso eran notas que él elevaba a sus superiores a partir de informaciones que recibía. Martín Blas siempre ha negado estas acusaciones.

Todo este caso comenzó judicialmente después de que las autoridades de Andorra intervinieran el banco por ser un foco de presunto blanqueo de dinero internacional a partir de una investigación del FinCEN. Son las siglas del Financial Crimes Enforcement Network, organismo dependiente del Departamento del Tesoro de EEUU. Por esre motivo el Estado andorrano apartó en 2015 a sus principales accionistas, los hermanos Higini y Ramón Cierco, y a su hombre de confianza, Joan Pau Miquel. La investigación dio un giro cuando Higini Cierco tuvo que declarar ante la jueza Canolic Mignorance el 18 de agosto de 2016. Le relató un escenario de presiones por parte de policías españoles y llamadas a familiares que había comenzado en 2014.

La escena de la boda

Señaló en concreto a cuatro uniformados: el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas; el director adjunto operativo, Eugenio Pino; el agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, y a su antecesor en ese cargo, Bonifacio Díaz. Siempre según su versión, buscaban datos bancarios que pudiesen comprometer a Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras y sus respectivas familias. Cierco admitió que acabaron cediendo y aportando datos de las cuentas de los Pujol.

Relató incluso la escena en una boda en la que estaba invitado y le sentaron entre Eugenio Pino y Marcelino Martín Blas. Aquel día le dijeron que o colaboraba con ellos y les daba información de los Pujol o le quitarían el banco. Según Higini Cierco, poco después se produjo la alerta de EEUU que provocó la intervención de Andorra en marzo de 2015. La cuestión del blanqueo en el seno de Banca Privada de Andorra se está juzgando ahora en Andorra. Pero la magistrada Mignorance, que construyó la investigación, abrió una pieza separada para investigar la actuación de la Policía española. Seis años después, ha llegado hasta Rajoy.

Según las fuentes jurídicas consultadas, el único de los policías señalados que declaró fue Marcelino Martín Blas, en 2018. Celestino Barroso se acogió a protección diplomática, Bonifacio Díaz esquivó la citación al haber sido destinado en México y Eugenio Pino se amparó en su condición de jubilado para no atender el requerimiento de la Justicia andorrana. Pino es uno de los investigados en el caso Kitchen, donde se aborda el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para arrebatarle información comprometedora de Rajoy. Ya ha sido condenado por introducir en una investigación judicial un 'pendrive' de origen desconocido con datos de los Pujol.

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Una de las partes personadas como acusación popular, L'Institut de Drets Humans D’Andorra (IDHA) y su organización hermana en Cataluña, Drets, amplió su querella inicial en 2019. Lo hizo al considerar que no era posible que la mera actuación de unos policías provocase la intervención de un banco. A su juicio, tenía que haber algo más por arriba e involucraron a Rajoy y al resto de políticos. El juzgado admitió a trámite esa ampliación en 2020, pero no ha sido hasta ahora, dos años después, cuando ha comunicado a los afectados su situación y el deber de personarse.

Otras fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial aseguran que Rajoy y el resto de encausados pueden declarar desde España, ya que el equivalente a un agente judicial les puede tomar declaración. Esto es un procedimiento habitual en Andorra, donde el derecho penal y el proceso judicial no son iguales que en España. En este caso, a diferencia del caso que investiga el blanqueo en el BPA, el Gobierno andorrano no está personado en la causa.

En esa ampliación de la denuncia, la acusación popular —la particular la ejercen los Cierco— acusa a los políticos de ser los autores o inductores de la estrategia de amenazas, extorsión, coacción y chantaje, al ser los superiores jerárquicos de los policías. Según su tesis, los responsables del Gobierno español enviaron información económico-financiera presuntamente "falsa" a las autoridades americanas. Por eso en la querella pide que se les impute por falsedad de documentos a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz.

La reunión bilateral de Andorra

En su relato, los querellantes destacan también un encuentro celebrado el 8 de enero de 2015 en Andorra. Acudieron Rajoy y Montoro y se reunieron con el jefe de Gobierno, Antoni Martí Petit, el ministro de Finanzas, Jordi Cinca Mateos, el ministro de Exteriores, Gilbert Saboya Sunyé, y el ministro de Economía y Territorio, Jordi Alcobé Font. A su juicio, el Gobierno español buscaba “intimidarlos con que era necesario intervenir y liquidar la entidad bancaria andorrana BPA con base en una próxima actuación del FinCEN que habían promovido las mismas autoridades españolas”.

“Estas acciones —aseguraban— son un ataque en toda regla a la soberanía andorrana. Por eso actuamos desde el Institut de Drets Humans d’Andorra, ya que entendemos que presuntamente se intimidó con falsedades a los responsables políticos de nuestro Gobierno para que adoptaran una fulminante decisión política que, en otras condiciones seguro, de haber sabido toda la verdad, no se habría tomado con tanta efectividad, contundencia y virulencia, con los daños que todo ello ha causado a la reputación bancaria andorrana y, por tanto, al país, que todavía se arrastran en estos momentos”.