La renuncia de un magistrado del TC deja al PP con un voto menos en plena renovación

Alfredo Montoya ha presentado este miércoles su renuncia como magistrado del Tribunal Constitucional por motivos de salud. El Partido Popular le propuso para el cargo en 2017, pero, tras sufrir un ictus en agosto de 2021, Montoya se vio obligado a abandonar el tribunal. A falta de poco más de un mes para la previsible renovación de cuatro magistrados y el correspondiente cambio de fuerzas a favor del bloque progresista, su paso atrás ya es oficial y deja a los conservadores con un voto menos.

Montoya pertenecía al turno propuesto por el Senado y el tribunal ha comunicado su renuncia al presidente de la Cámara Alta, Ander Gil. Para cubrir su puesto, su sustituto necesitará obtener una mayoría de tres quintos en el Senado, lo que obliga al PSOE y al PP a llegar a un acuerdo en pleno bloqueo de negociaciones. Por el momento, esta falta de entendimiento ha impedido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante tres años y medio.

El último choque entre PSOE y PP se enmarca, además, en torno a los cuatro magistrados del Constitucional que deberían haber sido sustituidos el pasado junio: el Gobierno tiene que nombrar a dos nuevos miembros y el CGPJ a otros dos. La renovación no puede llevarse a cabo sin que el órgano de gobierno de los jueces designe a los suyos, por lo que los socialistas han sacado adelante una reforma legislativa que fuerza al CGPJ a realizar estos nombramientos el próximo septiembre. Una vez elegidos los mismos, el Ejecutivo designará a los otros dos y logrará que el bloque progresista tenga mayoría.

Para llevar a cabo esta maniobra, el Gobierno ha tenido que modificar las propias leyes que impulsó hace un año, cuando bloqueó la posibilidad de que el CGPJ realizara nombramientos mientras se encontrara en funciones. Como la renovación del Constitucional se erige como una prioridad para el Ejecutivo, los socialistas optaron por 'corregir' su ley este mismo mes: el CGPJ puede ahora hacer nombramientos pese a estar en funciones, aunque solo los dos que le corresponden en el Constitucional.

La reforma, de hecho, incluye también una enmienda que obliga al CGPJ a designar a sus dos magistrados antes del 13 septiembre. De esta forma, el Ejecutivo busca sortear el posible bloqueo en las votaciones ante el malestar que el órgano de gobierno de los jueces ya ha mostrado en sus últimos plenos.

El enfado del PP y la renuncia de Montoya

Estas idas y venidas del Gobierno no han sentado bien en el PP, que el pasado junio ya dio por rota cualquier negociación respecto a la renovación del CGPJ: como informó El Confidencial, los populares consideraban que la reforma para sustituir a los cuatro magistrados del Constitucional implicaba sobrepasar la "línea roja".

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Pese a ello, la renuncia del magistrado Alfredo Montoya abre ahora un nuevo capítulo. La sustitución de los cuatro magistrados y el correspondiente cambio de fuerzas a favor de los progresistas parece inevitable, por lo que cada voto conservador se vuelve imprescindible. Sobre todo, en un momento en el que el tribunal debe pronunciarse sobre temas como la eutanasia, el aborto o la conocida como ley Celáa.

El PP, por tanto, tiene que elegir ahora entre dos opciones: mantener las negociaciones bloqueadas o tratar de llegar a un acuerdo con el PSOE para que el Senado apoye que Montoya sea sustituido por un magistrado de corte conservador.