Sánchez zanja la crisis con sus socios y apuntala la mayoría a las puertas del ciclo electoral

El Gobierno superó con holgura la doble prueba que debía afrontar este jueves en el Congreso de los Diputados. Por una parte, logró aprobar las seis leyes que se sometieron a votación, con las tres normas devueltas a la Cámara Baja por el Senado ratificadas tal cual estaban redactadas. Por otra, las vicepresidentas y los ministros se esforzaron en "retratar" al PP, al que consideran, dentro y fuera de Cámara, situado en una "difícil" posición, en palabras de Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Pero además deja atrás la crisis con sus socios, evidenciada durante el trance de la reforma laboral, y apuntala la mayoría de la investidura antes del ciclo electoral.

Sánchez, al término de la votación, aseguró que el PP sigue en las mismas posiciones obstruccionistas que ya defendía su anterior dirección. Señaló que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demostrado no tener "ni sensibilidad" ni "el menor sentido del ridículo" al votar en contra de la norma bajo todos los focos de la jornada, mientras otros dirigentes europeos conservadores adoptan medidas similares a las que contiene. El real decreto-ley de medidas de ahorro energético salió adelante con 187 apoyos y 161 votos en contra, muy por encima del umbral de la mayoría absoluta (176 respaldos).

Para un Gobierno de coalición, sometido a las tensiones entre las fuerzas que lo integran, y de cara a sus socios parlamentarios, es un éxito, como alardeaban distintas ministras. Raquel Sánchez y Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, llevaron el peso de una jornada en la que se ratificaban normas con la importancia de la Ley de Ciencia o de la Ley de Garantía de Libertad Sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí', pero en la que las miradas estaban puestas en las medidas energéticas.

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El Ejecutivo tuvo que ceder y abrirse a un escenario que rechazaba hace escasos días, con la tramitación de la norma como proyecto de ley, susceptible de ser enmendada. También aceptó hacerlo en un plazo de apenas cuatro semanas, por exigencia de sus socios. Pero amarró sus apoyos y consiguió desbordar la mayoría del bloque de investidura, sumando a fuerzas como el PDeCAT. Las cesiones que le han arrancado, y hasta las advertencias de sus socios a un Gobierno "rácano", en palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quedaron en un segundo plano.

El propio Pedro Sánchez, en mitad de su gira por América Latina, y con las limitaciones de agenda y de husos horarios, siguió el avance de las negociaciones. Desde su entorno afirman que esta victoria parlamentaria supone un refuerzo del Gobierno y expresan la satisfacción del presidente, que tampoco ha tenido estos días en Madrid al hombre fuerte de la Moncloa y ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de viaje oficial en París.

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Para el Ejecutivo, supone un balón de oxígeno y un movimiento para recobrar el pulso y la iniciativa política, tras el varapalo de las elecciones andaluzas y el sorpaso del PP en las encuestas, y una forma de lucir que la mayoría de la investidura está en vigor tras importantes tensiones. Hoy dan por zanjada la crisi a cuenta del espionaje con el 'software' Pegasus y han podido vender avances en la mesa de diálogo con ERC frente a una oposición que consideran pasada de revoluciones.

La misma oposición que este jueves anunció su propio plan de ahorro energético y que reprochaba a Sánchez que no hubiera descolgado siquiera el teléfono para buscar su apoyo. Desde el Gobierno, defendían que no tiene sentido llamar a quien no quiere sentarse a dialogar, entre llamamientos del socio minoritario, Unidas Podemos, para ignorar al PP.

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El Ejecutivo sabía que no necesitaba sus votos, pero los ministros escenificaron estos días un giro de guion en el que intensificaron sus llamamientos a negociar a los conservadores, sin marcar sus teléfonos, tratando de desgastarles. Intentaban fijar la idea de que es Isabel Díaz Ayuso, y no Alberto Núñez Feijóo, quien está a los mandos de la nave, y rechazaban cualquier autocrítica sobre la falta de diálogo antes de aprobar este real decreto, el 1 de agosto.

En estas semanas de verano, el Gobierno ha pasado de intentar explicar la "sencillez" de estas medidas, de escenificar su voluntad de diálogo, a disparar contra el líder del PP por estar en contra de un decreto que, una vez más, incluía mucho más que políticas destinadas a cumplir con el ahorro del 7% del consumo energético español que reclama Bruselas. El Ejecutivo se esforzó en los últimos días por retratar a un Feijóo que vota contra medidas como una partida extra para becas, ayudas a los transportistas o el bono ferroviario gratuito, y en esta disyuntiva ha situado también a sus socios.

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ERC, PNV o EH Bildu arañaron contrapartidas, pero también han dejado caer críticas por la ausencia de diálogo del Ejecutivo. "Queremos advertir al Gobierno de que la falta de diálogo con las comunidades autónomas y los grupos políticos no es la mejor fórmula de engrasar la mayoría plurinacional", advertía Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu.

Para curarse en salud, Ribera anunció que se reunirá en los próximos días con empresarios, agentes sociales y grupos parlamentarios, para recabar sus propuestas de cara a la elaboración del plan de contingencia ante Bruselas. Este viernes, a las 9:30, la vicepresidenta tercera ha convocado al consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri. Y continuará reuniéndose durante la próxima semana.

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También se sucederán las críticas al presidente del PP, aprovechando que cuenta con cuatro semanas para presentar sus propuestas de cara a la tramitación de estas medidas, ya como proyecto de ley. Reprochan a Feijóo y también a las comunidades autónomas gobernadas por los populares que no hayan aportado ninguna idea concreta de cara a la elaboración del plan de contingencia. Tienen de plazo hasta el 31 de agosto para presentarlas.

Pero no solo el socio mayoritario ha querido presumir de lo ocurrido en el Congreso. La ministra de Igualdad, Irene Montero, dirigente de Unidas Podemos, mostró su satisfacción por la aprobación definitiva de la ley del 'solo sí es sí', y anticipó que pretenden aprobar la ley trans, otra de sus grandes apuestas políticas, antes de finales de año.

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Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, también aprovechó este altavoz. A su llegada a los pasillos del Congreso, Díaz se alineaba con los sindicatos, apoyando las movilizaciones que previsiblemente tendrán lugar este otoño, además de pedir a la patronal que arrime el hombro.

La cantidad en que suba el salario mínimo vital (SMI) o las reivindicaciones de Unidas Podemos antes de dar su aval a los presupuestos para 2023 —la aprobación de la Ley de Vivienda y la bloqueada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza)— marcarán la acción del socio minoritario en el Ejecutivo.

La inflación, que el Gobierno espera que empiece a remitir en septiembre, la incertidumbre por la guerra en Ucrania o los tambores del ciclo electoral que se avecina también condicionarán a la coalición. Pero nada de eso enturbió la celebración de los de Pedro Sánchez.