Moncloa asume que sus planes para rebajar la luz son insuficientes si no se reforma el mercado

La principal preocupación del Gobierno en estos momentos es la inflación, y buena parte de las esperanzas para contenerla se centra en la reforma del mercado eléctrico. Mientras tanto, el Ejecutivo ha acumulado decretos para ayudar a contener el alza en la factura de la luz. El próximo martes se aprobará uno nuevo con el que se movilizarán unos 3.000 millones de euros y con el que se espera beneficiar hasta a un 40% de los hogares. Sin embargo, el impacto de todas estas medidas se asume como limitado por la galopante crisis energética hasta que se aborde el desacople del precio del gas del precio mayorista. Se trata de la principal batalla de la coalición en Bruselas, a la que ahora se ha abierto la Comisión Europea.

Más allá de la denominada excepción ibérica, España siempre defendió en Bruselas la reforma del mercado eléctrico como la medida más útil para bajar el precio de la factura de la luz y, por ende, para revertir la escalada inflacionista. Algo que se hace todavía más acuciante de cara a una crisis de suministros en invierno por el embate ruso, que inevitablemente provocaría un alza mayor.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañaba este jueves el anuncio del nuevo plan para rebajar la factura de la luz recordando las palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el pasado debate del estado de la Unión: "Tenemos que desligar la influencia dominante del gas sobre el precio de la electricidad, y para ello llevaremos a cabo una reforma profunda, integral, del mercado de la electricidad". Junto a la compra centralizada de gas y poner un tope máximo al precio del CO₂, es una de las principales medidas en las que confía el Ejecutivo. La Comisión Europea se ha abierto a una reforma para 2023 y en este contexto Sánchez volverá a llevar a Bruselas la petición, hasta ahora bloqueada, de desacoplar el precio del gas del precio mayorista.

Durante el cierre del pasado curso político, el jefe del Ejecutivo ya se encomendó a relanzar en Bruselas la propuesta de la reforma del mercado eléctrico, a la que siempre se negó Alemania junto a Holanda. Posiciones que han ido variando al tiempo que la capacidad negociadora de España también ha aumentado por su capacidad de suministro en el actual contexto de recortes al consumo energético.

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"Llevamos defendiendo la reforma del mercado eléctrico más de un año, muchos meses antes de que Putin invadiera Ucrania. Fuimos pioneros en Europa. Pudimos comprobarlo en el último consejo extraordinario, que tuvo lugar en Praga la pasada semana. También ayer, en el consejo que se hizo de los ministros de Energía en Praga y, probablemente, lo vamos a comprobar en el próximo Consejo Europeo ordinario, que tendrá lugar en Bruselas a finales de mes", avanzaba Sánchez desde la tribuna del Congreso en su comparecencia a petición propia. El debate está abierto y el Gobierno peleará su propuesta ante la Comisión.

Nuevo paquete de medidas

Mientras se debate en Bruselas la reforma del mercado, el Ejecutivo sigue ampliando las medidas para contener el precio de la luz. El paquete que se aprobará el próximo martes cuenta con varios enfoques para tratar de cubrir a cerca de la mitad de los hogares. En primer lugar, se creará una nueva categoría de consumidores vulnerables con derecho a un descuento del 40% en sus facturas. Este será de carácter temporal para hogares trabajadores con ingresos reducidos.

Los hogares que tiene caldera comunitaria contarán con una factura regulada para limitar hasta finales de 2023 el incremento trimestral de los precios. Según las cifras anunciadas por Sánchez, esta medida permitiría a 1,7 millones de hogares que su factura se reduzca a más de la mitad de lo que se pagaría con las condiciones de mercado actuales.

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Los bonos sociales eléctrico y térmico también se reforzarán. El primero, para los hogares que ya lo perciben —más de un millón—, aumentando el descuento aplicado hasta el 65% y el 80% a los beneficiarios considerados vulnerables y vulnerables severos, respectivamente. El bono social térmico, por otro lado, duplicará su presupuesto, doblando así la ayuda media, hasta los 375 euros por hogar, y elevando la ayuda mínima a 40 euros. El nuevo plan se suma a una serie de cuatro decretos aprobados desde que se inició la invasión rusa de Ucrania para contener sus consecuencias económicas. Medidas como las ayudas al transporte, la bonificación en el precio de la gasolina o las rebajas en el IVA de la factura eléctrica por las que se han movilizado 10.000 millones de euros.