Los conservadores barajan a Llarena como candidato para el Tribunal Constitucional

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reactivado los contactos para renovar el Tribunal Constitucional, pendiente aún del nombramiento de cuatro magistrados que deben sustituir a otros tantos cuyo mandato caducó hace ya varios meses. Hasta el momento, solo el sector progresista ha elegido candidato mientras los conservadores continúan buscando al suyo. Exploran la posibilidad de promover al magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa sobre el procés, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

El sector mayoritario del Consejo quiere un candidato potente que recabe un apoyo mayoritario. Los vocales de este bloque, 10 de los 18 con los que cuenta ahora el órgano, no se conforman con una solución rápida o de descarte. Desde que comenzó septiembre, emprendieron la búsqueda y se encontraron entonces ya con dificultades. Los magistrados más fuertes declinaron la oferta de acceder al TC y complicaron la decisión. Ese fue el caso, por ejemplo, del presidente de la Sala de lo Penal Manuel Marchena a quien se tanteó sin éxito. Lo mismo sucedió con otro de los miembros de la Segunda, Antonio del Moral.

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Ya por entonces, Llarena era una de las opciones, pero los vocales conservadores no encontraron entusiasmo ninguno por su parte. Dos meses después, con la negociación para renovar el órgano fracasada y la salida de la institución del presidente Carlos Lesmes, las cosas han cambiado. Llarena no tiene aún la decisión tomada, pero no se opone de forma rotunda. El sector tiene la esperanza de convencerle. Si la operación fracasara, hay preparado un plan B con una lista de otros magistrados del TS. En ese caso, los mejor posicionados son los magistrados Julián Sánchez-Melgar, Rafael Fernández Valverde, Inés Huerta y Diego Córdoba.

La intención inicial es la de llegar al pleno del próximo día 24 con un nombre ya cerrado. El anuncio de la decisión de la parte progresista del órgano, que llevará a votación como candidato único al magistrado de la Sala Tercera José Manuel Bandrés puede, sin embargo, retrasar los planes. Miembro fundador de Jueces para la Democracia y magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo desde 2003, Bandrés es la persona que hubiera elegido el Gobierno para el TC. "No es buena carta de presentación que venga uncido por el Ejecutivo", dice uno de los vocales consultados.

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Mientras los conservadores siguen pidiendo tiempo, los progresistas quieren adelantar la decisión al máximo. Este bloque se plantea incluso reclamar que se celebre un pleno extraordinario anterior al 24 para cerrar ya la votación. Una vez que el Consejo General del Poder Judicial elija a sus dos candidatos, el Gobierno designará a los dos suyos y el vuelco progresista del Constitucional será ya un hecho. Los de Pedro Sánchez no ocultan su predilección por Cándido Conde-Pumpido como presidente.

A última hora de la tarde de este miércoles, los conservadores resumieron su postura en cinco puntos. Anunciaron que estarán en disposición de culminar "la indagación de candidatos posibles" en los próximos días y efectuar, también, la evaluación de idoneidad del suyo. Un segundo candidato progresista, Pablo Lucas, juez del CNI en el Supremo, cuenta con el apoyo de una vocal del grupo de los progresistas y no es por ello descartable algún cambio en esa candidatura.

De nuevo en lucha

La nueva lucha de los conservadores ya no es el TC que, asumen, debe renovarse en un plazo breve. En pocas horas se han producido dos llamamientos consecutivos al Ejecutivo para que se replantee la conveniencia de mantener la reforma que impide al Consejo nombrar sustitutos para otros tribunales al margen del Constitucional. Recuerdan los enormes perjuicios que está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y reclaman su derogación ahora que es evidente que la interinidad se prolongará meses e, incluso, años.

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Para forzar ese nuevo objetivo, el sector mayoritario ha reclamado su apoyo al minoritario. Quieren que se elabore un comunicado conjunto en el que se exija el restablecimiento de las competencias constitucionales del CGPJ mientras no se produzca su renovación. Su argumento es potente dado que el Supremo ya acumula 16 vacantes y empieza a ver seriamente amenazado su funcionamiento.