El primer escrito de la Manada abre la puerta a beneficiar al resto del grupo sin pedirlo

El proceso contra los cinco violadores de los Sanfermines de 2016 se convirtió en un símbolo de la lucha contra los delitos sexuales. Su condena a 15 años de prisión fue acogida con satisfacción por numerosos sectores de la sociedad española, pero la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí ha abierto la puerta a una reducción de sus penas. El abogado del grupo autodenominado la Manada ha presentado la primera reclamación para uno de sus clientes. Este condenado y el resto de sus compañeros inician ahora un nuevo camino en los tribunales.

De momento, el letrado de la Manada, Agustín Martínez, ha pedido la revisión para Ángel Boza. Los otros cuatro jóvenes sevillanos no quieren por ahora sumarse a esa posibilidad. Según explica su abogado, prefieren no estar de nuevo en el foco mediático y cumplir su condena. Esta reacción choca con la actitud que mostraron siempre, al considerarse inocentes y víctimas de una campaña en su contra en los medios de comunicación. No obstante, expertos juristas consultados por este periódico advierten de que la rebaja a uno de ellos ya sería suficiente para aplicar la misma medida de oficio al resto, sin necesidad siquiera de que lo soliciten.

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“Es como cuando se admite un recurso por un problema con las escuchas policiales durante la investigación y se anula una condena. Se aplica a todos los acusados, aunque solo haya recurrido uno”. Con este ejemplo, lo explica uno de los magistrados consultados. Otro punto de referencia es el artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Indica que, “cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable, siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y les sean aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación de la sentencia. Nunca les perjudicará en lo que les fuere adverso”.

Instrucciones de Fiscalía

La literalidad de ese artículo se refiere a los recursos antes de que haya una sentencia firme, como es el caso de la Manada. Pero los juristas consultados invocan el espíritu de ese precepto para argumentar que no es habitual que haya diferencias entre condenados por los mismos hechos si se reconoce una situación más ventajosa para uno de ellos. En el marco de esta polémica, la Fiscalía General del Estado ha hecho pública su postura. No entra en la cuestión de si habría que aplicar las medidas por igual a varios condenados por los mismos hechos. Sin citar casos concretos, su tesis es que en el proceso de la Manada no sería necesario aplicar rebaja alguna.

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El ministerio público defiende mantener las condenas como están en los casos en que la pena impuesta a un agresor sexual siga cabiendo dentro de la nueva horquilla de penas establecida en la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. El Tribunal Supremo, una vez incluidas todas las agravantes, tuvo que fijar una pena dentro de un margen que iba desde los 14 hasta los 18 años. Según el escrito presentado por el abogado de la Manada, ahora la horquilla se ha ampliado por abajo y ha pasado a ser de 13 a 18 años. Como el castigo de 15 años que fijó el Supremo sigue dentro de ese margen, no habría que tocarlo, según la instrucción que ha dado la Fiscalía a todos sus integrantes.

El criterio de la Fiscalía es importante en el proceso penal, pero no es vinculante. La última palabra la tienen los jueces tras escuchar la opinión de las acusaciones y las defensas. Hay precedentes en que los magistrados no atendieron los argumentos del ministerio público. Un ejemplo muy notorio fueron las condenas por sedición a los líderes independentistas catalanes frente a la acusación por rebelión que sostuvo el ministerio público y que contemplaba penas más altas.

Los cálculos de la Manada

La Manada ha abierto camino con uno de los cinco. Se llama Ángel Boza y era el menos integrado en el grupo de sevillanos que el verano de 2016 hicieron un viaje por varias ciudades de España con final en Pamplona. Boza se apuntó en el último momento. Por ese motivo, es el único que solo tiene pendiente la condena por lo sucedido en la capital navarra. Los otros cuatro fueron condenados también por un abuso sexual cometido unos meses antes a otra joven en el interior de un coche en la localidad cordobesa de Pozoblanco.

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El Tribunal Supremo condenó por los mismos hechos de San Fermín a los cinco en junio de 2019. A uno de ellos también le impuso el castigo por robar el móvil de su víctima antes de abandonar el lugar. Aquella sentencia corrigió los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y de la Audiencia Provincial de Pamplona, que fijaron sus condenas en nueve años de prisión al encuadrar los hechos como un abuso sexual. Las fuentes consultadas advierten de que el mensaje que están enviando los tribunales es que las rebajas de penas se van a afrontar de manera individual. Pero, al mismo tiempo, admiten que sus decisiones solo serán asimilables a otros casos con circunstancias idénticas.

Todos los delitos en el Código Penal tienen un mínimo y un máximo de castigo. En las sentencias se fija la pena, pero también las razones por las que se adopta una cifra y no otra. En el caso de la Manada, los magistrados argumentaron que la pena impuesta estaba cerca del mínimo legal exigible. Según los cálculos realizados por el letrado, ahora ese mínimo estaría con la nueva ley en 13 años y un día. Por eso pide dejar la pena a Ángel Boza en 13 años y nueve meses, lo que supone una rebaja de un año y tres meses. Esa es la petición que ya tienen en su poder los jueces navarros y que supone el punto de partida para otro proceso judicial de uno de los casos de agresión sexual más simbólicos de la historia reciente en España.