"Queremos licencias": los chiringuitos de Baleares mantienen el pulso tras el traspaso de Costas

Era una batalla histórica de Baleares, y al fin lo lograron. El Gobierno central ha dado luz verde definitivamente al traspaso al Ejecutivo de las islas de las competencias de Costas, pero su efecto no será inmediato. El Govern de Francina Armengol tendrá la batuta de 1.500 kilómetros de litoral y aunque las condiciones ya han sido aprobadas, hasta el 1 de julio el cambio no entrará en vigor. Y esto reduce las esperanzas de quienes creían que este acuerdo podría salvar su verano: "Queremos nuestras licencias, pero aún no sabemos qué va a pasar". El que habla es Jaume Perelló, el dueño de Can Gavella. El suyo es uno de los tres chiringuitos míticos de Mallorca que esta última temporada no obtuvieron los permisos para poner terrazas a pie de playa.

También es, desde hace apenas unos meses, el portavoz de ADOPUMA, una asociación de empresarios afectados que se creó precisamente a raíz de la polémica. Este 2022 tocó renovar sus licencias para poner mesas en las terrazas, y algunos se quedaron sin ellas. Las licencias se renuevan cada cuatro años, pero con el cambio de mando en la gestión de Costas pensaron que sería más fácil llegar a una solución pactada con el Govern. De hecho, desde el verano tuvieron más de una reunión con la Consejería de Presidencia, que negociaba con el Estado las condiciones del traspaso. Pero ahora que al fin hay acuerdo, la Administración autonómica lanza una advertencia: "Poco se puede hacer".

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¿Por qué perdieron las licencias?

Uno de los puntos conflictivos es la poca distancia que existe entre los locales vetados. Una orden de la Demarcación de Costas de Baleares (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que mantenía entonces y ahora las competencias) fue la que resolvió que algunos de los chiringuitos más icónicos de las islas no podrían abrir sus terrazas en temporada alta. Pero el argumento en el que se basó provenía, precisamente, de un informe autonómico. Hay un escrito de 2013, que elaboró la Consejería de Medio Ambiente y Territorio, que delimita algunos criterios generales a las instalaciones o negocios veraniegos. Y sugiere que a todos los establecimientos de comida o bebida que se extiendan por suelo público deberá separarlos, como mínimo, unos 200 metros.

El requisito ya existía la última vez que tocó renovar las licencias, pero por algún motivo no se aplicó entonces. Hasta este verano. "Ha sido la primera vez que nos ponen problemas por esto, y nuestras terrazas siempre han sido las mismas", explica Perelló. Fue entonces cuando muchos propietarios de negocios afectados, u otros que sintieron amenazados sus chiringuitos, decidieron agruparse y crearon en julio la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca, ADOPUMA.

Desde Medio Ambiente, el departamento que emitió el informe y también el que ahora gestionará los permisos de Costas, explicaron en un inicio que fue el propio Gobierno central el que solicitó este análisis del estado de las playas. Y que por eso hace 9 años enviaron el escrito que hoy genera la controversia. ¿Por qué no se aplicó antes? Nadie lo precisa. Pero la norma es clara, y la Consejería que dirige Miquel Mir aún tiene que sopesar cuál es su margen de maniobra una vez las competencias estén en su mano.

"Estamos en una fase muy inicial [el acuerdo para el traspaso se firmó hace apenas dos semanas], pero de momento dudo que hagamos ningún cambio para este verano. Ni podemos, ni debemos", precisan fuentes de Medio Ambiente, que recuerdan que hasta julio no tendrán la gestión de facto. Y, por tanto, en la organización y planificación para la temporada de playa seguirá teniendo el Estado la última palabra. Además, aunque pudieran tampoco creen que sea el mejor momento con elecciones autonómicas en mayo 2023. "Una vez se defina el próximo Gobierno será más sensato empezar a actuar", concretan.

"El Estado se queda el canon de las concesiones, era innegociable", explica el Govern

Eso también aplaza la decisión de ampliar o no el precio de las concesiones. Antes de Baleares, otras comunidades como Andalucía o Cataluña ya tienen la competencia Costas, que por norma general está en manos del Estado. De hecho, Canarias también llegó a un acuerdo este mismo año y será a partir del 1 de enero cuando empiecen a gestionar sus playas. Pero para lograrlo, siempre hay un requisito innegociable: el Gobierno central se queda el canon anual que los locales pagan por las concesiones. Es decir, la recaudación por las licencias a chiringuitos, kioskos y otros establecimientos. Esta línea roja también estuvo presente en las negociaciones con el Govern, que aun así obtiene potestad de crear nuevos cánones que sí se quede la Comunidad.

Y esto es algo de lo que también estarán pendientes los dueños de negocios afectados. Desde que se constituyó ADOPUMA han mantenido dos reuniones con representantes del Govern Balear. Hay sobre la mesa una tercera, que en teoría iba a celebrarse en noviembre aunque la fecha aún está en el aire. "Hemos visto voluntad de ayudar y solucionar este problema. Esperamos que el cambio de competencias acerque a quienes deciden la realidad en Baleares. Y que pongan soluciones", determina Perelló. De cara al próximo verano, la agrupación de empresarios estudia si podría pedirse "una nueva autorización", de manera excepcional, a cambio de reducir sus terrazas.

Reducciones de plantilla

"Ha sido el mejor verano para muchos compañeros, pero nosotros hemos vivido el peor de todos. Más que durante la pandemia". El hostelero, en declaraciones a este periódico, subraya que para estos establecimientos es muy importante tener terraza. Es más, asegura que al menos en su negocio dependían casi exclusivamente de la parte exterior. "Al final, la gracia de ir a un chiringuito es poder tener los pies en la tierra y estar en la misma playa", considera.

Esta vez, tras no poder montar las mesas, redujeron la plantilla de 35 a 11 trabajadores y facturaron un 25% menos que en temporadas anteriores, según cuenta: "Con la Demarcación de Costas siempre fue difícil hablar. A ver qué nos depara esta nueva etapa".