La Policía sospecha que las cartas incendiarias habrían sido enviadas desde Valladolid

La Policía sospecha que los envíos de cartas incendiarias a diferentes sedes diplomáticas, empresas y autoridades, como el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, habrían sido enviadas desde la provincia de Valladolid. En total, se han identificado a lo largo de esta semana hasta seis correspondencias con material pirotécnico. Además del presidente del Ejecutivo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) han sido los destinatarios de los artefactos.

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Según fuentes fiscales, los investigadores de la Policía Nacional no han descartado ninguna hipótesis, aunque contemplan que todos los sobres podrían tener el mismo origen. En este sentido, se apunta a que todas habrían partido desde territorio nacional. Sin embargo, no se ha podido identificar todavía a ningún responsable de las misivas incendiarias.

Las cartas habrían sido enviadas a través de Correos, empresa pública que ya estuvo en el punto de mira por sus protocolos de seguridad durante las elecciones madrileñas de mayo de 2021. Entonces, el Ministerio del Interior recibió un sobre con una carta llena de amenazas contra Pablo Iglesias, candidato en ese momento a la presidencia de la CAM, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. En la correspondencia, se adjuntaban cuatro balas del calibre 7,62 milímetros.

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Esta sucesión de envíos amenazadores comenzó el pasado miércoles, cuando un empleado de la embajada ucraniana resultó herido leve debido a la explosión de la primera de las cartas incendiarias. La Policía Nacional activó entonces el protocolo antiterrorista en los alrededores de la zona de la sede diplomática de Kiev en la capital española para esclarecer lo sucedido. Al día siguiente, la compañía armamentística zaragozana Instalaza recibió un artefacto similar, que esta vez sí fue detectado y detonado sin ocasionar ningún perjuicio personal o material.

La empresa aragonesa habría sido blanco el blanco de esta amenaza por su papel como suministrador de armas en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Concretamente, Instalaza es el fabricante del lanzacohetes C-90, un arma de infantería que supondría una parte importante de los envíos de material armamentístico realizado por el Ministerio de Defensa a las fuerzas ucranianas.

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No fue hasta el pasado jueves cuando trascendió que la Policía Nacional había interceptado el pasado 24 de noviembre un material similar al que había llegado a la embajada ucraniana y a la sede de Instalaza. Según comunicó el cuerpo policial a la Audiencia Nacional, sobre quien recae el peso de la investigación, el hallazgo se realizó durante el habitual cribado de la correspondencia que hace el Departamento de Seguridad del Palacio de la Moncloa. "Podría contener una sustancia similar a la que se utiliza en los artefactos pirotécnicos", apuntaba el Ministerio del Interior en un comunicado. Ese mismo día, otras dos cartas similares llegaron a la sede de Defensa y la embajada de Estados Unidos.

Ahora, fuentes fiscales confirman la información publicada por El Confidencial, en la que se apuntaba a que todos los sobres habrían sido enviados por una misma persona, puesto que los datos del remite tendrían la misma letra. Además, se señalaba que todos habrían partido desde territorio nacional, extremo confirmado este sábado al situar su origen en la provincia de Valladolid.