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Feijóo eleva la presión sobre el TC: "Impida la votación en el Congreso"
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Colisión inédita entre poderes del Estado

Feijóo eleva la presión sobre el TC: "Impida la votación en el Congreso"

El líder del PP se compromete a "reponer el orden constitucional" en las urnas el próximo mes de mayo, y reclama al Constitucional para que admita las medidas cautelarísimas que presentó ayer su formación política

Foto: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. (EFE/Sergio Pérez)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. (EFE/Sergio Pérez)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alimentado este martes el fuego abierto entre el Tribunal Constitucional y el Gobierno, entre los que podría haber un choque sin precedentes si el primero acepta paralizar la reforma de la Ley del Poder Judicial y del propio TC que se vota vía enmienda en pocas horas en el Congreso de los Diputados. El líder de la oposición mantiene la presión, y ha pedido este jueves a los jueces del TC que "la Constitución impida una votación en el Congreso" por responder a un "procedimiento ilegal". El órgano de garantías convocó un pleno urgente para este jueves a las 10 para tomar una decisión, pero se ha retrasado por culpa de un escrito de recusación contra varios magistrados presentados por Unidas Podemos.

Esa es la base sobre la que el Partido Popular ha asentado el recurso de amparo que presentó ayer ante el órgano de garantías, una maniobra que acompañó con una petición de medidas cautelarísimas para que se suspenda la tramitación en el Parlamento. Los magistrados del Constitucional deben decidir si paralizan o no las dos enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos que acompañan a la proposición de ley con la que el Gobierno pretende eliminar el delito de sedición, una votación que se prevé que finalice alrededor de las seis de la tarde. El margen de maniobra del Constitucional es, por tanto, muy limitado.

Foto: Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial. (EFE)

En una entrevista en Telecinco, el líder del PP ha lamentado que el Gobierno "robe" a los parlamentarios la posibilidad de introducir cambios en la reforma judicial planteada por el Gobierno, porque "una enmienda no puede ser a su vez enmendada" por otros grupos, ha explicado. El dirigente gallego ha insistido en que una paralización de la actividad parlamentaria ordenada por el Tribunal Constitucional permitiría parar los pies a un presidente del Gobierno al que ha acusado de "no respetar el Estado de derecho" y de "dar un bolígrafo a los condenados para que redacten el Código Penal".

Feijóo se ha comprometido a "reponer el orden constitucional" en mayo, y devolver el delito de sedición en el Código Penal "en enero de 2024", fecha en la que aspira a haberse hecho con las riendas del Ejecutivo. "Es muy difícil pactar con un Gobierno que no cree en nada, salvo despreciar el poder legislativo y controlar el Tribunal Constitucional", ha insistido Núñez Feijóo.

Sea cual sea la resolución del órgano de garantías, lo cierto es que el PP ha conseguido, con su maniobra in extremis, marcar la agenda, descolocar al Ejecutivo y adelantarse a Vox, que tiene desde hace días atenazada a Génova por la polémica de la moción de censura que Feijóo rechaza. Los de Abascal se han sumado este jueves, un día tarde, al recurso de amparo al Tribunal Constitucional para paralizar la votación de esta tarde en el Congreso, uniéndose así a la presión del Partido Popular.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alimentado este martes el fuego abierto entre el Tribunal Constitucional y el Gobierno, entre los que podría haber un choque sin precedentes si el primero acepta paralizar la reforma de la Ley del Poder Judicial y del propio TC que se vota vía enmienda en pocas horas en el Congreso de los Diputados. El líder de la oposición mantiene la presión, y ha pedido este jueves a los jueces del TC que "la Constitución impida una votación en el Congreso" por responder a un "procedimiento ilegal". El órgano de garantías convocó un pleno urgente para este jueves a las 10 para tomar una decisión, pero se ha retrasado por culpa de un escrito de recusación contra varios magistrados presentados por Unidas Podemos.

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