Los presidentes de las Cortes defienden su autonomía ante el TC: "Es un paso de difícil retorno"

La crisis institucional ha sacudido los cimientos del sistema político. Los presidentes de las dos Cámaras que constituyen el Parlamento español, Meritxell Batet y Ander Gil, aseguraron este lunes por la noche que acatarán el fallo del Tribunal Constitucional, que exige paralizar la tramitación de la norma que rebaja las mayorías en el CGPJ para escoger a los nuevos magistrados del TC. En dos declaraciones institucionales sucesivas, pasadas las 23:30, con tono grave, la presidenta del Congreso y su homólogo en el Senado garantizaron su "lealtad" institucional, pero también manifestaron su "preocupación" y, en el caso de Gil, incluso sus críticas. Es un terreno absolutamente inexplorado, una situación inédita en más de 40 años de democracia.

Gil, al frente de la institución a la que afecta de forma inmediata la decisión del tribunal de garantías —el pleno para ratificar esta norma estaba previsto para el jueves—, ha denunciado la instrumentalización de este órgano por parte del PP, para "obtener de él lo que no pueden extraer del debate legislativo ante las Cámaras". Considera que la decisión del Constitucional es un "paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático" y anuncia que recurrirá.

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En una declaración institucional, lamentó que "el proceso legislativo ha sido interrumpido". Para el presidente de la Cámara Alta, la decisión del alto tribunal "impide a los legítimos representantes de la soberanía popular ejercer sus funciones y debatir o votar la norma en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico". "No existe precedente alguno equiparable a la situación en la que hoy nos hallamos", sentenció.

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"Es un triste punto de inflexión en nuestra historia reciente". Con estas palabras, comentó su discurso Ander Gil para recalcar que, en 44 años de democracia, "jamás se ha despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar". "Su inviolabilidad queda de este modo seriamente comprometida", añadió. Al igual que minutos antes había explicado Meritxell Batet en su intervención pública, Gil reiteró, pese a todo, que desde la presidencia del Senado, no se puede sino "acatar y dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional, actuando de conformidad con las previsiones legales y constitucionales". Pero esto, añadió, "no será obstáculo para que, una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución, se estudien las vías para preservar la autonomía parlamentaria".

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En su alegación, Gil citó a Gregorio Peces-Barba, ponente del texto constitucional y uno de los primeros presidentes del Congreso de los Diputados, pues introdujo mediante "una enmienda in voce, en el art. 66 de la Carta Magna, la garantía de inviolabilidad de las Cámaras". Recordando al socialista histórico, alegó que “la importancia fundamental del poder legislativo y de sus funciones hace que las Cortes Generales no puedan ser ni interferidas ni coaccionadas, ni en sus propias funciones, ni en los locales donde las desarrollan”. Ahora, en su opinión, "esta previsión ha sido considerada por el propio Tribunal Constitucional como condición necesaria para asegurar la plena independencia de las Cámaras y, por ende, para el normal funcionamiento de nuestra democracia".

"Un grave quebranto"

"Sustraer al poder legislativo la tramitación y la votación parlamentaria de cualquier iniciativa en las Cortes Generales supone un grave quebranto de nuestro sistema democrático, y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia", recalcó.

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Esta decisión conlleva la paralización inmediata del trámite parlamentario, de manera que impide la votación que tenía previsto llevar a cabo el Senado este jueves para dar el aval definitivo a la reforma legal, tras la luz verde del Congreso.

Batet promete que se defenderán

Batet, tercera autoridad del Estado, compareció pasadas las 23:30 desde la Cámara Baja, escasos minutos después de que se conociese la decisión del tribunal de garantías en respuesta al recurso de amparo del Partido Popular. La presidenta del Congreso prometió "acatamiento y respeto" del fallo, pero destacó que llega en un contexto "de bloqueo" de las instituciones y de "frustración del mandato constitucional de las mismas", que entraña "el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático".

También defendió que la Cámara Baja siempre cumple su Reglamento y la Constitución, y ha recordado que la suspensión de un procedimiento legislativo "en curso" se trata de una decisión sin "precedentes" en más de 40 años de democracia.

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Esta forma de actuar, explicaba, posibilita que un solo diputado, al interponer recurso de amparo, tenga a su alcance la "interrupción del ejercicio de la potestad legislativa", lo cual le genera "una honda preocupación". Es "un cambio" en el proceder seguido hasta la fecha, incidía, ya que en 40 años "no se ha contemplado" la posibilidad de la suspensión del ejercicio de una "función constitucional básica", como es "el debate parlamentario y la potestad legislativa", apostillaba.

La Constitución, insistía, "garantiza" la autonomía del legislativo, "sin interferencias", un modelo "que ha regido, siempre, hasta ahora". Por lo pronto, la presidenta del Congreso ha asegurado que esperan ser escuchados por el Constitucional "a la mayor brevedad", para presentar sus "argumentos" y defender "las funciones" del poder legislativo. La crisis institucional solo acaba de comenzar.