Sánchez acata la orden del TC, pero anuncia "medidas" para poner fin al bloqueo judicial

El Ejecutivo entra de lleno en el choque institucional entre el poder legislativo y el judicial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó airadamente esta mañana contra la "grave e inédita" paralización de la tramitación en el Senado de la reforma del poder judicial, acusando en todo momento al PP de condicionarla por su bloqueo de los órganos constitucionales, reteniendo las mayorías conservadoras, y con ello "vulnerar principios básicos de la soberanía popular". Una actitud "antisistema" y "anticonstitucional" que vienen denunciando desde que se rompieron las negociaciones para renovar el mandato caducado de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto es, "retener por medios espurios el poder que los ciudadanos no han validado en las urnas".

Por la tarde, fuentes parlamentarias han confirmado que el Ejecutivo tiene previsto otra reforma exprés antes de final de año para desbloquear el TC. Sánchez allanó el terreno para impulsar una reforma dura del poder judicial que permita al Congreso renovarlo sin el concurso del PP y esbozó otras posibilidades, como dictar por decreto el cese de los dos magistrados que designó en su día el Gobierno del PP para que sean reemplazados por Juan Carlos Campo y Laura Díez.

"El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo" del CGPJ y el TC y "para que sea respetada la Constitución",aseguró sin precisar los próximos pasos a dar. Acatando la resolución "de la actual mayoría conservadora" del Constitucional, pero reservándose el impulso de nuevos mecanismos legales para impulsar la reforma. El plan B que ya estaba preparado por si fracasaba este intento por la vía rápida de desbloquear el TC. “En momentos de incertidumbre, se precisa serenidad y firmeza. Serenidad en el estricto cumplimiento de la ley; y firmeza para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular expresada libremente en las elecciones”, añadió en una declaración solemne y atravesada por su cuestionamiento a un hecho "sin precedentes en 44 años de democracia".

Como adelantó este lunes El Confidencial, la otra vía del Gobierno para ese desbloqueo que anuncia el presidente es más arriesgada. En el Tribunal Constitucional temen que el Consejo de Ministros apruebe dos reales decretos de nombramiento de Campo y Díez y otros dos de cese de Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, de tal manera que, tras jurar su cargo ante el Rey, tomasen posesión. Con ellos incorporados cambiaría la mayoría y tratarían de revocar la decisión de suspensión de las enmiendas en la siguiente fase que se abre ahora, la cautelar.

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Para consumar el desbloqueo del TC de una forma urgente tras el revés de este lunes, decidiendo aceptar las medidas cauteralísimas solicitadas por el PP, la única vía pasa por que los dos grupos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, presenten una proposición de ley para una reforma propia. Desde Unidas Podemos, a los minoritarios y otros socios como ERC, están señalando este camino y ya han avanzado que presentarán proposiciones de ley, presionando al PSOE para armar un frente común en esta línea. Según ha resaltado Sánchez, el "bloqueo" en la renovación de estos órganos por parte del PP tiene como "único propósito mantener una composición y más favorable para su orientación".

La decisión del TC se basó en que la iniciativa se realizó a través de una enmienda a otra reforma orgánica, la del Código Penal para suprimir el delito de sedición, sin relación alguna de "homogeneidad". La última contrarreforma exprés del poder judicial se tramitó en un plazo de menos de un mes desde su registro, al realizarse por la vía de urgencia y en lectura única. Esta es la vía que ya ha tratado de espolear algún socio minoritario del Gobierno en el Congreso, como es el caso de Más País, presentando su propia proposición de ley ayer mismo. Una iniciativa para que los dos miembros que designa el Gobierno puedan tomar posesión, aunque el CGPJ no designe a los suyos.

El jefe del Ejecutivo hizo énfasis en que "por primera vez se impide a los representantes legítimos que realicen su función de representación", recalcando que no solo se trata de un hecho inédito en la historia de la democracia española, sino también de toda Europa. En esta línea se ha hecho cargo de la "indignación de los demócratas al sentir vulnerados los principios básicos de la soberanía popular y comprendo la preocupación de la ciudadanía que contempla desconcertada este choque institucional tan grave e inédito, no solo en España, sino también en el contexto de la UE".

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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya dejó claro anoche, tras conocerse la decisión, que el Gobierno acata, pero no comparte. Tanto es así que directamente se cuestionó la legitimidad del propio Tribunal Constitucional y la legalidad de su decisión. El choque institucional sigue escalando con el Gobierno y la oposición, en una polarizada política de bloques, llevándolo a un terreno en que ambas partes aseguran que están en juego la democracia y el Estado de derecho.

La Mesa del Senado se ha reunido a primera hora de esta mañana para dar curso a la decisión del Constitucional, acordando así tramitar la reforma del Código Penal sin las dos enmiendas suspendidas cautelarmente. Asimismo, la Cámara Alta ha acordado por cuatro votos a favor (tres del PSOE y uno del PNV) y tres en contra (PP) personarse en el procedimiento abierto en el Tribunal Constitucional a raíz del recurso de amparo interpuesto por el PP contra las dos reformas judiciales.

Deslegitimación del poder judicial

Las críticas de la Moncloa chocan, sin embargo, con las atribuciones del Tribunal Constitucional como intérprete de la carta magna. Esta indica, en su artículo 9, que los poderes públicos, incluyendo el Parlamento, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y menciona de forma precisa el control de la posible "arbitrariedad" de estos. Son numerosos los juristas que lo han recordado en los últimos días a raíz del conflicto provocado y de las críticas desde el terreno político a la actuación del tribunal de garantías.

En los últimos días, desde el Gobierno vienen argumentando la deslegitimación del órgano de garantías democráticas por tener caducados los mandatos de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado, también elegido por la cuota del PP, Antonio Narváez. Algo en lo que también incidió Bolaños al señalar que el Tribunal Constitucional no solo habría paralizado su propia renovación, pendiente desde hace seis meses, sino que "lo han hecho algunos magistrados que, con su voto, han decidido su propio futuro".

Desde el Ejecutivo fueron un paso más allá anoche, al deslizar que la decisión del Constitucional no se ajusta a la ley, como también había insinuado minutos antes el presidente del Senado. "La ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales", aseguró Bolaños, para añadir que "esa facultad existía y en 1985 se derogó, precisamente para evitar que se pudiera impedir a los parlamentarios debatir y aprobar asuntos".