El Gobierno trata de tentar al PP con la llave para equilibrar la mayoría progresista del Constitucional

La renovación del Tribunal Constitucional es ya un hecho, pero no es completa. El órgano continúa manteniendo una vacante, la del magistrado Alfredo Montoya, que presentó su renuncia el pasado julio por motivos de salud. El Partido Popular le propuso para el cargo en 2017, pero, tras sufrir un ictus en agosto de 2021, se vio obligado a abandonar el tribunal. Su paso atrás deja a los conservadores con un voto menos en el nuevo equilibrio de fuerzas y la Moncloa no ha perdido la oportunidad de tratar de tentar a los de Feijóo con la llave para que cubran su puesto y reduzcan, con ello, las distancias. Ofrecen a los populares el apoyo que necesitan para designar sustituto, eso sí, a cambio de un acuerdo global que incluya el Consejo General del Poder Judicial.

Fuentes de la Moncloa recuerdan que el acuerdo sobre el poder judicial, antes de romperse las negociaciones en el último minuto, incluía que el PP proponía un magistrado para el TC y el Ejecutivo lo apoyaría con sus votos en el Senado. Algo que seguiría vigente si los populares accediesen a firmarlo.

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Montoya pertenecía al turno propuesto por el Senado. Para cubrir su puesto, su sustituto necesitaría obtener una mayoría de tres quintos en el Senado, lo que obligaría al PSOE y al PP a llegar a un acuerdo en pleno bloqueo de negociaciones. En este escenario, la plaza de Montoya es un bien preciado para el PP, que no renunciará a atribuírsela a un magistrado conservador que equilibre mínimamente las cuotas de cada bando. No obstante, los populares no están dispuestos a ceder y pagar el precio reclamado. En la Moncloa insisten en situar a los populares fuera del marco constitucional si no accede a pactar la renovación del CGPJ y lamentan que "vuelva a poner excusas diferentes para no hacerlo".

Feijóo no dejó lugar a la duda durante su balance anual. Continúa manteniendo una actitud de extrema crítica frente a la política judicial del Gobierno. Lejos de ondear la bandera de la paz, prefirió este jueves entrar al choque frontal. Tanto fue así que amenazó con emprender acciones frente a la designación de los dos candidatos del Gobierno para el TC, el exministro Juan Carlos Campos y Laura Díez, nombramientos que tachó como "escandalosamente partidistas".

Aprovechó la comparecencia para acusar al Ejecutivo de pretender controlar el Consejo General del Poder y el Constitucional y, con ello, dejar en papel mojado los compromisos alcanzados cuando, hace solo un par de meses, se rozó el acuerdo de renovación. Para el líder del PP, al Ejecutivo "no le interesa una Justicia independiente sino controlada".

Fuentes del Gobierno conocedoras de las negociaciones, sin embargo, recuerdan que el acuerdo que finalmente saltó por los aires no solo incluía los nombres de los vocales, sino también una proposición de ley conjunta. Se trataría de reforzar las mayorías necesarias a tres quintos y ahondar con ello en la despolitización de los nombramientos y decisiones. Todo ello, indican desde el Gobierno, se podría cerrar con una simple firma y en "pocos segundos" si los populares acceden.

Para el líder del PP, al Ejecutivo "no le interesa una Justicia independiente sino controlada"

A pesar de todo, el partido no da por perdida la plaza de Montoya. Tras las navidades redoblará la reivindicación pública para que el PSOE le permita cubrirla con la idea de mostrar, si se le rechaza, que es el Gobierno quien bloquea. Ambos partidos continúan culpándose mutuamente y, ya en clave electoral, no están dispuestos a abandonar las recriminaciones mutuas sobre el Consejo y su situación.

Las 25 "excusas" para mantener el bloqueo

En el Gobierno no son nada optimistas con el desbloqueo del CGPJ y acusan a los populares de seguir buscando pretextos. "Excusas", lamentan, que han ido contabilizando hasta llegar a un total de 25 diferentes desde que el 21 de agosto de 2020 los populares rechazasen un acuerdo porque "no hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de batasunos". Desde entonces, se han ido poniendo otras sobre la mesa, como que Unidas Podemos debía quedar fuera de la negociación hasta el veto a las candidaturas del juez de Prada y de la jueza Rosell.

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Desde la llegada de Feijóo a Génova, hace ahora nueve meses, se comenzó tratando de retrasar las negociaciones por la interferencia de las elecciones andaluzas para después vincularlo a otra serie de acuerdos sobre "regeneración" de la Justicia o negociar al mismo tiempo el sistema de elección. Finalmente, cuando las negociaciones se encauzaron y ya solo faltaba la firma para plasmar el acuerdo, el mandatario gallego se echó para atrás por el anuncio del Gobierno de suprimir el delito de sedición en el Código Penal y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados, pese a que días antes se había desvinculado esta reforma de la negociación.