El PSOE da un portazo a Unidas Podemos: no restará peso al PP en la Mesa del Congreso

Año electoral, curso de alto voltaje. El año 2023 acaba de comenzar y la actividad ni siquiera ha arrancado, pero a los partidos del Gobierno de coalición les han bastado dos días para llegar a un nuevo punto de desencuentro. Unidas Podemos amenaza con no apoyar al diputado del Partido Popular para la secretaría cuarta de la Mesa del Congreso, que relevará al ya exparlamentario Adolfo Suárez Illana, salvo que accedan a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El problema es que, para impedir que un nuevo diputado acceda, necesitarían contar con el respaldo de sus socios, que no contemplan apoyar ese camino.

La elección de los nuevos miembros del órgano que hoy preside Meritxell Batet se vota en pleno, en urna, y solo si no hay mayoría absoluta se produce una segunda votación, en la que bastan más síes que noes. Cada diputado escribe un nombre y resultan elegidos —en este caso, elegido, porque solo hay una vacante— los que tengan más respaldos. Tienen que votar los grupos, pero contar con el apoyo del PSOE (120 escaños) ya garantizaría el éxito al PP (88 diputados), por mucho que Unidas Podemos quiera moverse en otra dirección.

"La decisión que tome el pleno del Congreso no cambiaría mayorías en la Mesa", apuntan fuentes socialistas. Su intención es no obstaculizar el nombramiento, manteniendo así el equilibrio de fuerzas existente, asentado al arranque de la legislatura: tres sillas para el PSOE (contando con la presidenta Batet); tres para Unidas Podemos; dos para el PP (Ana Pastor, vicepresidenta segunda, y la secretaría cuarta, hoy vacante), y una para Vox, que ocupa el diputado Ignacio Gil Lázaro, vicepresidente cuarto del órgano de gobierno del Congreso. Si un diputado popular relevara a Illana, PSOE y Unidas Podemos mantendrían la mayoría, como durante los últimos tres años. La Mesa es el "órgano rector de la Cámara", quien califica las iniciativas o elabora los presupuestos del Congreso, y tiene en su mano el grueso de las decisiones.

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Las relaciones entre PSOE y PP se encuentran en sus horas más bajas. La ofensiva de los conservadores en el TC, que propició que el tribunal de garantías interrumpiera de forma inédita la tramitación de una norma en el legislativo, llevó a máximos la tensión entre ambas fuerzas. "El PSOE siempre va a mostrar respeto por los consensos institucionales, justo lo contrario a lo que lleva haciendo el PP desde hace años", aseveran los socialistas, presumiendo de ser "un partido de Estado", frente a una formación convertida en partido "antisistema". Precisamente, durante la mañana del lunes, se servían de sus redes sociales para volver a recordar el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, una constante en los argumentarios del partido para intentar retratar a la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Lo cierto es que el precedente de que se bloqueara el relevo de un miembro de la Mesa también tuvo al PP como protagonista, pero en este caso el reparto de papeles fue otro. En junio de 2015, Jordi Jané (CDC) dejó su puesto como vicepresidente cuarto y su escaño para tomar posesión como conseller de Interior en el Govern de Artur Mas. El PP, que en su día apoyó la elección de Jané —al comenzar la legislatura—, rechazó entonces apoyar al candidato propuesto por Convergència, Jordi Xuclà, al considerar que CDC ya había cruzado la frontera para convertirse en una formación independentista. Las elecciones se celebraron en diciembre, sin que Jané fuera sustituido.

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No hay tregua entre los dos grandes partidos, como en escasos días volverán a escenificar en el Congreso, en pleno extraordinario. Con varias materias, tampoco la hay entre PSOE y Unidas Podemos. Entre los socialistas, no suele gustar que Unidas Podemos se adelante por su cuenta para intentar marcar el camino a seguir, y en este caso, además, consideran equivocado este rumbo, hasta el punto de sugerir que los morados se ponen a la altura del PP al plantear este escenario. Según fuentes parlamentarias, la dirección del grupo confederal tampoco ha debatido adoptar esta postura.

El partido morado sí había contemplado la opción de no apoyar al candidato del PP, pero ha sido Enrique Santiago, líder del PCE (dentro de IU) y portavoz adjunto del grupo, el que ha abierto públicamente el debate: "Si el PP está bloqueando la renovación de instituciones, nosotros no vamos a estar por la labor de darle nuestros votos si le hacen falta para que esté en la Mesa", advirtió el lunes, en una entrevista con Europa Press. Santiago aseguró que, a diferencia de los conservadores, su grupo sí respeta la Constitución, si bien recordó que esta "no dice que el PP tenga que tener representación en la Mesa del Congreso". "El Reglamento de la Cámara tampoco dice que tenga que estar, eso depende de la votación", apostilló.

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En el parón navideño, en un trimestre político que se ha extendido hasta casi el último minuto de diciembre, es también el líder del PCE quien ha querido marcar posiciones desde el arranque del año, en este caso a la interna. Así, Santiago aprovechó el mismo foro para asegurar que Yolanda Díaz será candidata a las próximas generales, para defender que es la "líder natural" del espacio político y para criticar que Podemos trate de marcarle los tiempos. Le "choca", aseguró, que los morados apremien a Díaz a dar pasos cuando fueron ellos los que la designaron para estar al frente del espacio político, aun sin tener carné de Podemos —solo milita en el PCE—.

Tras meses de presiones de Podemos, con IU y los comunes claramente alineados con la vicepresidenta segunda, la secretaria general morada, Ione Belarra, apuró hasta el mismísimo 28 de diciembre para presionar a Díaz, requiriéndole que desvele su hoja de ruta. De nuevo, la impulsora de Sumar rechazó hablar "de elecciones", y ha sido Santiago, un veterano político muy cercano a su proyecto, quien ha dado respuesta a Belarra.

Y esto es solo en lo que toca a la interna de Unidas Podemos; ampliando el foco, la situación se vuelve aún más compleja. La Constitución establece que enero queda fuera de los periodos de sesiones ordinarios, pero en los próximos días, previsiblemente desde la semana que viene, sus señorías participarán en uno o más plenos extraordinarios para ratificar el real decreto-ley de medidas frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania, o retomarán los trabajos para dar el empujón definitivo a la ley mordaza, incluso hasta para tratar de desencallar la ley de vivienda. En estas cuestiones, como en la votación de la ley de bienestar animal, las costuras de PSOE y Unidas Podemos quedarán, una vez más, expuestas, a menos de seis meses de las elecciones.