La reforma de la malversación provoca la primera revisión de penas por corrupción
El juez instructor del caso Acuamed acaba de solicitar a la Fiscalía que revise las penas que tenía previsto reclamar y que alcanzaban los nueve años
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La reforma del delito de malversación aprobada por los partidos del Gobierno a finales del mes de diciembre ya ha comenzado a provocar los primeros efectos. El juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Acuamed acaba de solicitar a la Fiscalía que revise las penas que tenía previsto reclamar. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, considera que el cambio del artículo 432 del Código Penal puede impedir que se reclamen penas superiores a los nueve años de prisión.
La resolución, adelantada por Okdiario, reclama al Ministerio Público que revise su intención inicial. La Fiscalía solicitó la transformación a sumario porque calificaba los hechos como malversación agravada. No obstante, si se reduce la pena, ya no alcanzaría los nueve años y el procedimiento se mantendría, por tanto, como abreviado. Las fuentes consultadas consideran que el nuevo Código Penal coloca el tope en cinco años. Ahora será la fiscal Inmaculada Violán quien argumente en un sentido o en otro.
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"El pasado 23 de diciembre de 2022 se publicó en el BOE (núm. 307) la Ley Orgánica 14/2022", recoge el auto. "Esta nueva norma contempla la reforma del artículo 432 del Código penal, modificando además de su contenido los límites penológicos. Aunque la norma prevé un plazo de veinte días para su entrada en vigor, lo cierto es que la reforma podría suponer una revisión del escrito del Fiscal, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación a sumario".
El caso Acuamed investiga contratos inflados para obras hídricas y medioambientales a través de la empresa pública vinculada con el Ministerio de Medio Ambiente durante las etapas tanto socialista como popular. La Audiencia Nacional instruye parte de la investigación que, además, cuenta con un procedimiento gemelo a cargos de los juzgados de Valencia y centrado en la trama que salpica al PSOE.
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La reforma de la malversación se incluyó entre los cambios del Código Penal impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactados con ERC. Se sumó a la desaparición del delito de sedición para abarcar el otro principal ilícito que afectaba a los políticos y cambios intermedios vinculados con el procés. Desde un inicio, los juristas avisaron de que habría consecuencias directas que se traducirían en rebajas en casos de corrupción.
La reforma penal de la malversación establece tres supuestos diferenciados de malversación y reduce sensiblemente las penas previstas hasta el momento en casos de desvíos de fondos públicos cuando estos no van destinados a un lucro directo y personal. Las bajadas más acusadas se producen en el desvío de fondos del erario para emplearlos en una aplicación diferente a la que estuviera prevista en inicio. Además, introduce atenuantes y reducciones en los supuestos en que se reintegren las cantidades desviadas y obliga a los tribunales a determinar si la conducta produjo una grave perturbación del servicio. Si esta no queda demostrada, las penas aparejadas se limitan a la inhabilitación.
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Juristas consultados advierten de que existen casos en que aplicar la nueva normativa amenaza con producir rebajas. Hay dudas en cuanto a la interpretación que harán los tribunales en casos muy mediáticos como la trama Púnica, la Kitchen o incluso los ERE de Andalucía. En el primer caso, se persigue en varias piezas el uso de fondos para la mejora de la reputación online de distintos cargos. En el segundo, el desvío de fondos bajo la dirección del Ministerio del Interior en la etapa de Fernández Díez para sufragar el espionaje del extesorero del PP Luis Bárcenas. En el tercero, el constante desvío de dinero de la Junta a favor del clientelismo socialista.
Al margen de las causas más mediáticas, los juristas advierten de que esta reforma afectará también a otros procedimientos. La malversación se produce con frecuencia en ayuntamientos de localidades pequeñas en que se lleve a cabo un desvío “clientelista” de fondos. La nueva regulación corre el riesgo de provocar revisiones para todos aquellos cargos públicos y funcionarios que han sido condenados por un delito de malversación en la modalidad de administración desleal, ya sea por haber destinado el patrimonio público a usos privados o a uno privado distinto al establecido.
Tanto desde Ferraz como desde el Gobierno se afanaron durante la tramitación de esta polémica reforma en calmar las aguas en el PSOE tras el amago de revuelta interna. Las críticas se limitaron al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, y al aragonés, Javier Lambán. Ambos tuvieron duras palabras contra su partido y el presidente del Gobierno, aunque el resto de barones que de forma unánime habían criticado la intención de reformar este delito acabaron por cerrar filas o guardar silencio.
La reforma del delito de malversación aprobada por los partidos del Gobierno a finales del mes de diciembre ya ha comenzado a provocar los primeros efectos. El juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Acuamed acaba de solicitar a la Fiscalía que revise las penas que tenía previsto reclamar. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, considera que el cambio del artículo 432 del Código Penal puede impedir que se reclamen penas superiores a los nueve años de prisión.