El Gobierno abre la vía para llevar al TC el plan antiaborto de Castilla y León

La Moncloa eleva su pulso contra la Junta de Castilla y León. El Gobierno ha activado el mecanismo para poder plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por los planes del Gobierno de Castilla y León sobre el fomento de la natalidad, según su terminología, o planes "antiabortistas" según la oposición. Para ello, el Consejo de Ministros aprobará este martes un requerimiento de incompetencia al considerar que el acuerdo del Consejo de Gobierno regional del pasado jueves, y que rectificó este lunes el presidente Alfonso Fernández Mañueco, supone un conflicto competencial. Este requerimiento, que se suma al enviado este domingo solicitando información sobre el plan, está previsto para las resoluciones o actos sin valor de ley de una comunidad autónoma que el Ejecutivo considera que no respetan el orden constitucional de competencias. El Ejecutivo, por tanto, explotará todas las vías a su alcance, tanto ante el Constitucional como ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

El Gobierno pone el foco en las competencias sobre la ley del aborto. Esto es, "en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior". Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León "se refiere a cualesquiera actuaciones —incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho—, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla", según informan desde la Moncloa.

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La Junta tiene un mes de plazo para contestar. En caso de no hacerlo o rechazarlo, el Gobierno podría plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno, en uso de la facultad que le confiere el artículo 161.2 de la Constitución, puede instar en el momento de la formalización del conflicto la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del mismo, lo que determinará la inmediata suspensión de su vigencia. Este es uno de los principales motivos por los que el Ejecutivo ha optado por esta maniobra, para tratar de asegurarse una paralización. En este caso, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse en el plazo de cinco meses, previa audiencia de las partes, sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión. En los demás casos, el órgano promotor del conflicto de competencia puede solicitar la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del mismo invocando perjuicios de imposible o difícil reparación y el Tribunal Constitucional libremente puede acordar o denegar la suspensión interesada.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este martes al Gobierno de "sobreactuar" y "aprovechar para elevar la tensión" con las medidas en embarazos planteadas por Vox cuando Alfonso Fernández Mañueco ha "aclarado" que no hay un protocolo nuevo sobre abortos. Por eso, ha afirmado que el requerimiento del Ejecutivo a la Junta de Castilla y León es "innecesario" y "hasta cierto punto absurdo".

La aprobación de este requerimiento se produce menos de 48 horas después de que se enviase un primer requerimiento de información. Este mismo lunes, se insistía en la exigencia de una respuesta por escrito a su requerimiento con el compromiso de que no habrá medidas que "hostiguen" a las mujeres que pretenden abortar. La negativa expresada por parte del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, quien a través de una declaración institucional ha asegurado que no se va a elaborar un protocolo antiaborto ni tampoco obligar a los médicos a ofrecer a las embarazadas con intenciones de abortar que escuchen el latido del corazón del feto o a realizar ecografías 4D, no han sido suficientes en la Moncloa, que eleva el pulso.

Estas acciones no descartan el planteamiento de un contencioso-administrativo tras el requerimiento de información. Desde el Ejecutivo avanzan que "todas las medidas legales que tengamos que adoptar las adoptaremos en defensa de las mujeres". Las "contradicciones" y la desconfianza de los socialistas comenzaron a alimentarse el pasado jueves cuando la Junta ya no respondió a la carta de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para solicitar información sobre el plan anunciado por el dirigente de Vox. La Junta de Castilla y León tiene dos meses de plazo para responder al requerimiento.

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Desde el PSOE incluso se buscan incumplimientos en esta comunidad de la ley del aborto al margen del nuevo plan. Así lo deslizó este lunes desde Valladolid la secretaria de Igualdad de los socialistas, Andrea Fernández, al denunciar que la imposibilidad de abortar en los hospitales de referencia de las pacientes, "dificultando abiertamente un derecho", contravendría los términos exigidos por la ley.

Desde el partido, ya ponían en duda el pasado viernes, en un comunicado conjunto de la ejecutiva federal con la federación castellanoleonesa, que se estuviese garantizando el cumplimiento estricto de la ley de interrupción del embarazo en la región. "En la actualidad, en Castilla y León solo existen dos hospitales públicos en los que se pueda ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El 97,5% de las mujeres de Castilla y León tiene que interrumpir su embarazo fuera de su ciudad, fuera de su hospital de referencia o en una clínica privada. Debemos recordar que acceder a esta prestación sanitaria en el centro hospitalario más cercano a la residencia de la solicitante es un derecho reconocido en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo", denuncian.