Mañueco responde por carta que no cambiará el protocolo y Moncloa lo ve insuficiente

El conflicto entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León por la polémica del aborto ha pasado del plano político al jurídico y ahí se mantendrá. La insistencia del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, primero a través de una declaración institucional y ahora mediante una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiterando que "no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo" y que "no se obligará a nada a los facultativos ni a las mujeres", es insuficiente para el Ejecutivo central. En Moncloa se vuelven a poner en entredicho estas afirmaciones por las "contradicciones" expresadas por sus socios de coalición, Vox, mantienen sus sospechas de que hay un acuerdo en el Consejo de Gobierno regional que contraviene la ley del aborto y avisan de que las simples "recomendaciones" a médicos o mujeres embarazadas provocaría un conflicto de competencias.

[Acceda aquí a la carta enviada por Alfonso Fernández Mañueco al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez]

El Gobierno mantiene su pulso, pese a la falta de documentos sobre el polémico acuerdo anunciado por el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, y rectificado por los populares. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, justificaba así en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado la presentación de un requerimiento de incompetencia, abriendo la puerta a poder plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, que las explicaciones de los últimos días "son contradictorias e insuficientes".

Sus dudas respecto a la aplicación de los planes antiaborto persisten, y ahora añaden que no solo no puede obligarse a los médicos a ofrecer ecografías 4D o escuchar el latido del feto para disuadirlas de abortar, sino también que "las sugerencias o recomendaciones" vulneran la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. El último paso del Ejecutivo, planteando el requerimiento de incompetencia, se justifica desde el Ejecutivo porque este basa en actos sin valor de ley de una Comunidad Autónoma. Eso sí, reconocen que para llegar al Constitucional sería preciso que se publicase o entrase en vigor el acuerdo.

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Por el momento no existe y desde el Gobierno confían en que se está "reescribiendo" tras sus presiones. La propia portavoz del Gobierno aseguró en rueda de prensa que "no queda claro que no vayan a adoptar medidas", al considerar que Mañueco este lunes "advirtió que las habrá", para sugerir el gobierno regional podría estar "ganando tiempo para recomponer" el mencionado acuerdo entre los socios de coalición, PP y Vox. En este punto puso el foco en el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, afirmando que por su silencio durante los últimos cinco días respecto a esta polémica podría responder a que está "intentando reconducir" el texto para no saltarse la ley, "al tiempo que complace a sus socios de Gobierno".

El Gobierno advierte que "no cabe tampoco una recomendación al personal sanitario fuera de los protocolos"

El Gobierno seguirá explotando todas las vías a su alcance, tanto ante el Constitucional como ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. En caso de que no se atiendan sus requerimientos o que no se publique el acuerdo, también avanzan que seguirán explorando las posibilidades de actuación en base a hechos. De ahí que insistan, también a modo preventivo por si se está reelaborando el plan, "no cabe tampoco una recomendación al personal sanitario fuera de los protocolos".

La aprobación del requerimiento en el Consejo de Ministros se produce menos de 48 horas después de que se enviase un primer requerimiento de información. Este mismo lunes, se insistía en la exigencia de una respuesta por escrito a su requerimiento con el compromiso de que no habrá medidas que "hostiguen" a las mujeres que pretenden abortar. Fuentes del Gobierno no esconden que otra de sus pretensiones, ante sus sospechas y los anuncios contradictorios del gobierno regional, sea "dejar huella administrativa" con estas acciones y requerimientos, incrementando la presión para que se consume lo anunciado en un primer momento por Vox.

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Desde el Ejecutivo ya avanzan esta mañana que "todas las medidas legales que tengamos que adoptar las adoptaremos en defensa de las mujeres". Las "contradicciones" y la desconfianza de los socialistas comenzaron a alimentarse el pasado jueves cuando la Junta ya no respondió a la carta de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para solicitar información sobre el plan anunciado por el dirigente de Vox. La Junta de Castilla y León tiene dos meses de plazo para responder al requerimiento. El Gobierno está centrado en trasladar "un mensaje claro de firmeza para impedir que se consume" el plan antiaborto pactado entre PP y Vox en el gobierno regional de coalición.