Vocales del CGPJ alertan a la UE sobre la reforma de la malversación: "Supone un paso atrás"

Cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han enviado un escrito al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en el que alertan de que la reforma del Gobierno que deroga el delito de sedición y reescribe el de malversación "supone un paso atrás y un debilitamiento de la capacidad del Estado para luchar contra la corrupción de los altos cargos públicos".

Los vocales firmantes son José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, María Ángeles Carmona, Francisco Gerardo Martínez y José María Macías, todos ellos del bloque conservador: cuatro elegidos a propuesta del PP y el quinto de CiU.

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Según argumentan en el escrito, las últimas preguntas que la Comisión Europea trasladó al CGPJ sobre la situación judicial en España no fueron sometidas a deliberación en el pleno del órgano, por lo que han decidido remitir unas "respuestas complementarias" por su cuenta: "La consecuencia de esta forma de proceder es que el texto que se ha comunicado a la Comisión Europea solo ha sido asumido por seis de los 18 vocales del CGPJ".

En cuanto a la reforma del Código Penal, destacan que "debilita el efectivo control de que los fondos públicos se asignan a los fines realmente previstos en las leyes y los presupuestos, con el perjuicio que ello ocasiona a la calidad del Estado de derecho en España". También apuntan a que se trata de un cambio legislativo hecho a medida de los líderes del procés y que queda por ver su posible efecto "en relación con corruptos ya condenados".

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Su escrito incide, además, en que el CGPJ sigue sin renovarse y arremeten contra la postura del Gobierno respecto a una posible reforma en el sistema de elección: "La ministra de Justicia y los grupos parlamentarios de los partidos políticos que se integran en el Gobierno han expresado su rechazo total a la modificación del modelo de gobierno judicial español para su adaptación a los estándares europeos sobre Estado de derecho, tanto con carácter previo como posterior a la renovación".

También critican la reforma del Gobierno de 2021 que limitó las facultades del CGPJ y le impide realizar nombramientos de altos cargos judiciales mientras se encuentre en funciones, así como el posterior cambio legislativo de 2022 para que pudieran elegir a los magistrados que les correspondían en el Tribunal Constitucional: "Con ello se ha evidenciado una modulación de las competencias del CGPJ a la conveniencia del gobierno. Resulta incomprensible que se considere irrenunciable el nombramiento de los magistrados de un alto tribunal, como el Tribunal Constitucional, y no las de otro alto tribunal, como el Tribunal Supremo".

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Los cinco vocales advierten de que "la situación de algunos tribunales es crítica", con el Supremo sumando ya 19 vacantes en sus 79 puestos. "Otro alto tribunal, el Tribunal Militar Central, no cuenta con ningún efectivo", señalan. "El debilitamiento de la independencia del poder judicial desde la perspectiva de los estándares europeos de Estado de Derecho que deriva de la anterior situación es grave y evidente".

En lo que se refiere a las novedades que pueden influir en la percepción del público en general sobre la independencia del poder judicial, los cinco vocales apuntan de nuevo a la polémica renovación del Constitucional y a los "ataques de miembros del gobierno y del legislativo contra jueces y magistrados".

Su escrito finaliza entonces denunciando la falta de transparencia y calidad del proceso legislativo: "Se elude la participación de todos los órganos consultivos", critican. "La limitación alcanza también a los grupos parlamentarios de la oposición". El mensaje que trasladan al comisario europeo se resume en su última frase: "El incumplimiento de los estándares de Estado de derecho de la Unión Europea es intenso y debilita las funciones del CGPJ para la defensa de la independencia del poder judicial en España".