La Moncloa pone fecha a la extradición de Puigdemont: antes de las elecciones generales

El Gobierno cada vez ve más cerca la extradición de Carles Puigdemont y el resto de políticos fugados. Una "buena noticia para nosotros y para el país" a la que incluso se pone fecha: antes de que acabe el año y, por tanto, de las elecciones generales previstas para el mes de diciembre. La lectura de la Moncloa sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que limita los motivos por los que Bélgica puede rechazar la entrega del expresident catalán, es que supone "un avance más para que los fugados rindan cuentas ante la Justicia". Según sus cálculos, el fallo pendiente sobre la inmunidad con el que esperan que se facilite definitivamente la extradición se producirá "en el próximo trimestre". En cualquier caso, antes del verano, activando así un proceso que podría culminarse durante la precampaña de las generales, según señalan las mismas fuentes.

Desde la parte socialista del Gobierno, llevan unas semanas subiendo el tono contra el independentismo y tratando de marcar distancias para contrarrestar las críticas de su acuerdo con ERC por la reforma penal para favorecer a los condenados del procés. No solo de la oposición, sino también dentro del propio partido. En Ferraz, reconocen que la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación están teniendo un efecto desmovilizador en su electorado, como recogen sus encuestas. De ahí que se esté construyendo el argumentario de que los cambios acordados con los republicanos no implican una "despenalización del procés", como señaló en su auto el juez Llanera, sino que incluso "facilitarán" la extradición de Puigdemont. Así lo defendió el propio Pedro Sánchez en su última comparecencia en el Congreso.

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La última campaña electoral de Pedro Sánchez ya estuvo marcada por la extradición e incluso el presidente del Gobierno llegó a comprometerse a "traer de vuelta" a Puigdemont. Ahora, se refuerza esta hipótesis y se vuelve a deslizar como activo electoral tras la sentencia del TJUE. Frente a los argumentos utilizados por la defensa del expresident de la Generalitat, que interpreta margen en la sentencia para evitar la entrega de Bélgica, desde el Gobierno no pueden ser más optimistas. Un ministro del Ejecutivo tilda de "ridícula" la posición de la defensa de los fugados y los sectores "nostálgicos" del procés. "Es más viejo que el hilo negro vender una derrota como una victoria", ironiza este ministro socialista.

La apuesta del Ejecutivo quedó patente con el discurso de Sánchez de la pasada semana en la Cámara Alta. En plena operación de distanciamiento mutuo entre ERC y el PSOE por el contexto preelectoral, defendió que la "homologación de nuestra legislación" a nivel europeo "elimina las trabas ante otros países para las euroórdenes" y así poder juzgar en España a huidos de la Justicia. De este modo, volteó el trasfondo del acuerdo con Esquerra para vincularlo ahora al objetivo de "facilitar las extradiciones" de los dirigentes independentistas fugados, en lugar de beneficiarlos penalmente. En esta línea, el presidente del Gobierno también respondió a los diputados independentistas que "el procés, tal y como se conoció, ha acabado".

La otra pata del argumentario para aminorar los costes de las alianzas con el independentismo pasa así por exhibir como resultado el fin de la unilateralidad y la confrontación institucional. Ya tras aprobarse la reforma penal se defendía que su acuerdo con ERC implicaba que desde esta formación reconocían una "ilegalidad" en los hechos del 1-O. El desmarque del soberanismo se completa con la suspensión de la mesa de diálogo por la pretensión de los republicanos de retomar esta reivindicación.

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No hay carpetas abiertas con los independentistas, pese al acuerdo del PSC con Pere Aragonès para salvar sus cuentas, que se vincula a la estrategia autónoma de los socialistas catalanes. Y es que al coste electoral fuera de Cataluña de las alianzas con formaciones como ERC, sobre todo en las regiones del interior, se suman los efectos de la división o las voces críticas dentro del propio partido. Las bases para el giro en campaña están puestas y la extradición de Puigdemont antes de las generales sería una baza electoral que en Ferraz tratarían de exprimir al máximo en su beneficio.

El calendario de los fugados

Sin embargo, estos intentos de la Moncloa de dejar atrás la reforma que beneficia a los líderes del procés chocan con las resoluciones que el Supremo notificará en las próximas semanas. La primera de ellas, el auto en el que Llarena volverá a abordar la "despenalización" de la causa, una conclusión que por el momento ya ha librado de enfrentarse a penas de cárcel a la exconsejera Clara Ponsatí y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La segunda, la resolución en la que la Sala de lo Penal decidirá si sigue el mismo razonamiento de Llarena, lo que permitiría que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart; el de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, y los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull volvieran a la primera línea de la política.

Ellos son los siete líderes independentistas que en principio se ven más beneficiados por la reforma del Gobierno, pero en el caso de Puigdemont, poner fecha a su extradición también resulta aventurado. De hecho, la simple idea de dar por segura su extradición implica saltarse varias pantallas que pueden echar por tierra su entrega.

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El primer aspecto a tener en cuenta es el mencionado pulso que sigue pendiente en el TJUE para levantar la inmunidad de que Puigdemont aún goza como eurodiputado. Tras la celebración de la vista en noviembre, la correspondiente resolución tiende a llegar en torno a cuatro meses después, pero se trata de simples estimaciones. Si se cumplen las mismas y la Justicia europea levanta la especial protección a Puigdemont, el Supremo se enfrentará entonces al mismo problema que desde 2017: los tribunales de Bélgica.

La sentencia del TJUE de este martes pone coto a las razones por las que Bruselas puede rechazar su entrega, pero deja suficiente espacio a la interpretación como para que el Supremo reciba otra negativa. Ya no se trata de la interpretación que hace su defensa de la sentencia, sino de los propios argumentos a los que Bélgica se ha agarrado para negar la extradición de fugados. El último de ellos en enero de 2021, cuando concluyó que los derechos fundamentales del exconsejero Lluís Puig no estaban garantizados si se le entregaba a España, basándose para ello en un informe de 2019 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

Desde este martes, los jueces belgas tendrán que afinar más sus argumentos para negar la entrega, pero la sentencia del TJUE en ningún caso permite descartar que vuelvan a hacerlo. Al fin y al cabo, los choques entre la Justicia de España y la de Bélgica son anteriores a los líderes del procés, con sus tribunales negando la entrega de personas como la etarra Natividad Jáuregui hasta en tres ocasiones. Entre sus abogados, destacaba el belga Paul Bekaert, quien desde 2017 también forma parte del equipo de defensa del propio Puigdemont.