Sánchez liderará la defensa de la nueva ley del solo sí es sí y el PSOE teme depender del PP

El PSOE asume su soledad en la reforma de la ley del solo sí es sí. La ruptura con Unidas Podemos y, sobre todo, el escenario de quedarse en manos del PP para sacar adelante la proposición de ley presentada este lunes con la única firma de los socialistas abonan la posibilidad de perder al resto de socios de legislatura. Todos ellos, en mayor o menor medida, han acogido la iniciativa con cautela y reproches. El primer partido del Gobierno tratará de atraer al resto de grupos parlamentarios del bloque de investidura a su reforma para elevar penas, recuperando las agravantes de violencia e intimidación a través de la creación de un nuevo subtipo, pero reconoce las dificultades. Ni siquiera hubo conversaciones durante los últimos días y ahora tendrán que efectuarse contrarreloj y sin apenas garantías. El PSOE había amenazado con registrar su proposición, con o sin acuerdo, a finales de la pasada semana, pero decidió dar más tiempo a una negociación que se ha revelado infructuosa.

Al igual que Unidas Podemos, la máxima de los socios parlamentarios es que se mantenga el consentimiento en el núcleo de la ley, pero hay derivadas que elevan el grado de dificultad de la ecuación. Para el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, la propuesta de los socialistas desnaturaliza este eje central del texto, ya que el aumento de penas iría ligado a tener que demostrar si hubo violencia o intimidación. El nerviosismo en las filas del PSOE por el riesgo de tener que depender de los populares se hacía evidente tras el registro de la reforma. Aseguran que no negociarán con el PP, que ni siquiera ha habido conversaciones, pero saben que los conservadores les darán su apoyo.

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La debilidad del PSOE por la falta de apoyos a su reforma, que pretenden tramitar por procedimiento de urgencia, llevándola ya al pleno de la próxima semana para el inicio formal de su tramitación, es patente en estos momentos. Un riesgo asumido tras el golpe en la mesa de Pedro Sánchez con el ultimátum de presentar la reforma con o sin el acuerdo del Ministerio de Igualdad. Para tratar de limar el pesimismo en las filas socialistas, y negar cualquier atisbo de debilidad parlamentaria, Sánchez presidirá este martes la reunión de su grupo parlamentario, tan solo 24 horas después de presentar su propuesta. Si hace tan solo unas semanas el presidente del Gobierno trataba de unificar posturas con Igualdad, ahora buscará un cierre de filas interno y reforzar la decisión de proponer la reforma de manera unilateral.

Sánchez se arrogará así la defensa de la reforma. Se confía en que todavía haya margen para encontrar un acuerdo in extremis con Unidas Podemos, que, tal y como se han desarrollado las negociaciones entre Justicia e Igualdad, ya solo podría producirse con una intervención del propio jefe del Ejecutivo. Yolanda Díaz, la líder de Unidas Podemos en el Gobierno, repite su llamamiento a "cuidar la coalición", sin pronunciarse sobre el paso adelante del PSOE. "Estamos convencidas de que alcanzarán un acuerdo que respete el consentimiento y corrija los efectos indeseados", aseguraban desde el equipo de la vicepresidenta segunda.

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Los reproches entre socialistas y morados subieron ayer el tono, con culpabilizaciones mutuas por el desacuerdo. Fuentes cercanas a la ministra de Justicia, Pilar Llop, apuntaban este lunes que desde Podemos se ha "desenfocado el problema" a la hora de defender la ley y hasta que se está priorizando el relato para no asumir el error y convertir en una batalla política esta polémica. Una estrategia que censuran como una escenificación, y que critican porque incluso se provoca así una revictimización.

La tensión entre PSOE y Unidas Podemos está así en máximos. "Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos", apuntaban las mismas fuentes, para concluir que "la subida de penas es una decisión política y en eso hay que tener valentía, determinación y hacer lo que se tiene que hacer". En una línea similar se espera la intervención de Sánchez ante el grupo parlamentario, arrogándose la defensa de la reforma, con la esperanza de que puedan reconstruirse puentes con los socios para evitar retratarse en soledad con el PP.

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El propio jefe del Ejecutivo vaticinaba la pasada semana, durante su intervención en el Senado, donde esquivó la mano tendida de Alberto Núñez Feijóo para reformar la ley conjuntamente, que "si una cosa une a todo el arco parlamentario es que nadie desea aliviar el castigo a los agresores" sexuales, confiando así en lograr un apoyo transversal que ha alejado el acuerdo con los morados. De hecho, casi desde el arranque de la andadura del Gobierno de coalición, el socio minoritario ha alertado en varias ocasiones, cuando se producían grandes desencuentros, de que el PSOE sentía la pulsión de pactar con el PP. O, cuando menos, de aceptar su apoyo en cuestiones de enorme calado. El escenario de que hurguen en esta herida preocupa a los socialistas.

Y si el ala socialista del Gobierno ha elevado el tono, Unidas Podemos ha hecho lo propio. Durante la tarde del lunes, la secretaria de Estado de Igualdad y número dos de Montero en el ministerio, Ángela Rodríguez Pam, descartó dimisiones en sus filas a pesar del gesto del PSOE, que supone una clara desautorización de la ministra del ramo. La delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rossell, llegó a alertar de que el modelo del PSOE abre la puerta a una nueva "oleada" de revisiones de penas de agresores sexuales. "Lo que no se puede permitir el Gobierno es dar la más mínima opción a que vuelva a empezar una segunda ola de revisiones", avisó. En paralelo, el ex secretario general morado, Pablo Iglesias, aseguró en una intervención en la Cadena SER que la reforma implicaría volver "al sistema penal de la Manada [de Pamplona]". El también exvicepresidente del Gobierno elevó el tono al afirmar que el texto ha sido redactado con el apoyo de un jurista que, según él, es un "machista acreditado" y un "machirulo de libro" que señaló en el pasado que el consentimiento era "un teatro".

Los socios se resisten a ejercer de salvavidas

Por su parte, en la dirección del grupo socialista se acogen como único recurso a que todos sus socios parlamentarios, "en un momento u otro", se mostraron públicamente favorables a revisar la ley para corregir las revisiones de penas a la baja de agresores sexuales, que ya rondan las 400 desde la entrada en vigor del solo sí es sí, el pasado mes de octubre. Desde el Ministerio de Justicia, el departamento que ha pilotado la reforma y negociado con Igualdad, junto a la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, como interlocutora, tampoco son optimistas al confiar en que se acabe imponiendo el sentido común para cerrar un acuerdo que les evite quedar aislados en el Congreso. El PSOE sostiene que ya mantiene conversaciones con sus aliados.

Es cierto que sus socios han apremiado al Ejecutivo a emprender esta reforma, pero han trazado líneas rojas: en el caso de Bildu, reclamaron que la receta para la modificación del solo sí es sí fuera fruto de un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, y hoy destacan que no ha sido así. De todos los socios parlamentarios, los abertzales fueron los únicos presentes en un acto de Montero y la cúpula de Igualdad, el domingo, para defender la que fuera su norma estrella, así como la necesidad de mantener el consentimiento en el centro de la ley.

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Es una exigencia de otros partidos como ERC y PNV. Fuentes de Esquerra avanzan que no van a respaldar una norma apoyada por el PP, y señalan que serán los socialistas quienes deberán rendir cuentas si aceptan sus votos. El PNV, como Bildu, pide tiempo para analizar en detalle la proposición de ley del PSOE, aunque se muestre dispuesto a corregir la norma. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, en una entrevista en Radio Euskadi, reprochó al Gobierno que un asunto "tan delicado e importante" como esta ley sea debatido en los medios, convirtiéndolo "en algo ideológico" o electoral, que "se lancen la pelota los unos a los otros a través de los medios de comunicación".

Regalo envenenado

En la parte socialista del Gobierno, ya han comenzado incluso a competir con el PP sobre quién puso sobre la mesa antes una propuesta de reforma. Los populares registraron una propia en el Congreso hace 50 días, y desde el PSOE recuerdan que su primera propuesta enviada a Igualdad es previa, de principios de diciembre. De ahí que se defienda su propia iniciativa y la negativa a negociar con el principal partido de la oposición, aunque desde el PP ya han avanzado que apoyarán la reforma del PSOE si "va en la línea de corregir las consecuencias terribles", en referencia a la rebaja de penas. Así lo avanzaba desde Génova el portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular, Borja Sémper, tras conocerse la decisión de registrar la reforma sin la firma de sus socios.

"Estaremos fundamentalmente atentos a que no sea una chapuza dos y resuelva el gordo problema generado", señalaba Sémper, para deslizar que su formación se prestará "para corregir la chapuza derivada de esta ley, pero el Gobierno no quiere oír ni hablar del PP". Este es el temor ahora mismo de los socialistas en el Congreso: llegar a una votación, que esperan para dentro de dos semanas, sin apoyos a la izquierda y con los populares prestando sus votos. No solo para reflejar la división del Gobierno, sino también para neutralizar las críticas del propio Ejecutivo por su "no a todo" y mostrar su utilidad a la hora de revertir un asunto que está generando una fuerte alarma social. Con todo, el respaldo es una suerte de regalo envenenado que todos los aliados parlamentarios van a utilizar contra el PSOE. Y más en un contexto de precampaña electoral.