El rastreo policial en redes aflora alertas suicidas de jóvenes con crisis de identidad de género

El rastreo de redes sociales por parte de la Policía Nacional ha permitido detectar en España hasta 148 intentos de suicidio desde el año 2018. Esta labor de prevención es competencia de la Sección de Redes Abiertas de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Los expertos en patrullar las principales plataformas de internet acreditan un aumento de los casos relacionados con menores de edad inmersos en crisis de identidad de género y de identidad sexual. Esta subida se aprecia solo con atender a los números totales. El primer año de actividad finalizó con ocho intentos de suicidio detectados y el pasado 2022 se registraron 65, un 713% más.

A juicio de los investigadores policiales, se debe a varios factores. Se tienen en cuenta los efectos heredados de la pandemia, ya que cada vez se canalizan más los casos a través de esta sección específica, pero también el acoso en redes que sufren muchos menores en su día a día. Los canales de alerta también son variados, desde la cuenta oficial de la Policía en Twitter, donde los ciudadanos avisan de posibles suicidios, al entorno de los afectados o asociaciones colaboradoras como la fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo).

Esta asociación alertó en diciembre de que los intentos de suicidio de menores de edad atendidos se han multiplicado en la última década, pasando de 35 en 2012 a 906 en 2022. Así lo recoge el Estudio sobre conducta suicida y salud mental en la infancia y la adolescencia en España (2012-2022), realizado por ANAR. Advierte de que formar parte del colectivo LGTBIQ también aumenta el riesgo, porque están más expuestos a discriminaciones y exclusiones. Además, el informe señala que, entre todas las violencias, las más frecuentes son: acoso, ciberbullying y otras dificultades en el ámbito escolar (21,4%).

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en el año 2020 en España se produjeron 314 suicidios de menores de edad. La Policía coincide con la visión de ANAR y destaca que, además de personas con problemas psicológicos, se encuentran con casos de personas jóvenes trans que lo están pasando mal. Este miércoles, el Senado ha aprobado la ley trans procedente del Congreso e impulsada por el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero.

La Sección de Redes

La Sección de Redes está compuesta por 14 miembros divididos en dos grupos. Se turnan semanalmente para permanecer de guardia ante posibles avisos y cuentan con un teléfono activo las 24 horas para atender cualquier contingencia. También disponen de un correo electrónico —redesabiertas@policía.es— que recibe al mes una media de 1.300 correos. Hay de asociaciones y colectivos, pero también de particulares. Se contesta un 95% de las comunicaciones, explica a El Confidencial un responsable policial.

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EFE

“Dentro de las redes, el campo de investigación es muy amplio. Nos podemos cruzar con la Sección de Ciberataques o de Fraudes, porque muchas veces estas actividades delictivas se hacen a través de las redes sociales”, explican desde la unidad de Ciberdelincuencia. La semana pasada, la Policía Nacional arrestó a un hombre por pegarle una bofetada a su pareja en directo durante una emisión en directo en una red social. No hubo denuncia de la mujer, que, en cambio, acudió a la comisaría para poner en conocimiento de las autoridades el acoso que estaban sufriendo de otros usuarios de la red. “Lo primero que habríamos hecho es tomarle declaración a la víctima, pero un caso como ese nos llevaría a actuar”, admite un agente.

La primera función del ciberpatrullaje es detectar actividades ilegales y la segunda es esa función de prevención, donde entra en juego evitar suicidios. Con el paso de los años, el cuerpo ha logrado articular una respuesta más ordenada a este problema. En los inicios, las competencias no estaban tan claras: “Se recibían comunicaciones a la secretaría general y se derivaban a los compañeros de secuestros y extorsiones o a veces incluso a la Comisaría General de Información [expertos en combatir el terrorismo] o a nosotros. Se daba el caso de hasta tres grupos que nos poníamos a identificar una persona ante el riesgo de que se quisiera suicidar”.

Mensajes de despedida en las redes

Las fuentes consultadas afirman que hay gente que se despide en las redes sociales, que escribe sus comportamientos autolíticos, que "informa de que está tomando pastillas para quitarse la vida". La sección de Redes monitoriza mensajes de ese estilo o son sus entornos, otros usuarios o vecinos los que avisan a la Policía a través de su canal oficial de Twitter —@policía, con 3,7 millones de seguidores—. A veces, también sucede que se presenta la Policía en un domicilio acompañada de una ambulancia y resulta ser una broma o una falsa alarma.

Cuando tienen conocimiento de un hecho, se actúa de urgencia. La Unidad Central de Ciberdelincuencia tiene su sede en el complejo policial de Canillas de Hortaleza, un distrito de Madrid. Si el lugar detectado está lejos, se encargan de avisar al 091 para que vayan compañeros de Seguridad Ciudadana más cercanos. Las llamadas pueden producirse de madrugada o incluso a través de Interpol, gracias a la cooperación internacional. Son avisos desde cualquier ciudad del mundo en los que autoridades extranjeras alertan de situaciones de riesgo de sus ciudadanos en España. Otra vía de alerta que gana presencia en los últimos años son las plataformas de videojuegos. “Nos han entrado bastantes casos”, confirma uno de los agentes.

El buzón de la Sección de Redes también recibe comunicaciones en las que la gente trata de resolver dudas: “Nos informan de situaciones que han vivido ante las que no saben cómo actuar: ‘Me ha pasado esto en Twitter, no sé si esto es delito o no es delito”. Los expertos policiales afirman que el problema de las redes sociales es que la línea entre lo que es legal o ilegal es muy difusa.

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Pablo D. Almoguera. Málaga

Resulta especialmente complejo cuando se entra en el campo de las injurias y las calumnias: “Normalmente, no trabajamos, porque es un delito privado. Tiene que presentarse una querella”. El Ministerio del Interior ha presentado este miércoles sus nuevas medidas para hacer frente al incremento de la cibercriminalidad en España, incluyendo una campaña publicitaria en la que pide a los ciudadanos cuidar la "autoprotección", porque uno de cada cinco delitos se comete ya en el plano virtual de la red.

Protocolo ante casos de suicidio

En cuanto a la prevención de suicidios, los agentes cuentan con un protocolo específico. Se valora si la persona está afectada como para solicitar asistencia médica. Son los sanitarios los que después determinan si corresponde un ingreso hospitalario. Un primer criterio de actuación pasa por tratar de identificar a la persona por fuentes abiertas. Dependiendo de la información con la que cuentan, si no hay manera de identificar a la persona, se pide urgente una autorización al juzgado para que ubique la IP del dispositivo electrónico desde la que se ha escrito el mensaje sospechoso y así dar con los datos personales y el domicilio.

Cuando son menores de edad, se derivan a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), más acostumbrados a tratar con esos perfiles. Después, se realizan llamadas de seguimiento donde se les trata de orientar y les informan de organismos donde acudir a pedir apoyo o se les recomienda que vayan a su médico de cabecera.