Ayuso ignora la presión social mientras el PSOE la acusa de querer privatizar la sanidad

La manifestación por la sanidad pública de este domingo en la capital, con 250.000 personas en la calle, no ha movido un milímetro el discurso de Isabel Díaz Ayuso. Todo lo contrario. La presidenta de la Comunidad de Madrid ignora la presión social y eleva el tono contra la "politización" de la protesta, al tiempo que la negociación con los profesionales de atención primaria en la región sigue encallada y lejos de solucionarse después de la enésima reunión desde que estalló el conflicto. Lo cierto es que la crisis sanitaria se ha convertido ya en una especie de Ayuso contra todos, con la izquierda volcada en esta campaña a tres meses de las elecciones. Así, en plena resaca por la marcha, el PSOE trató de aprovechar la inercia de la marea blanca para reivindicarse como el garante del sistema público y cargar contra la dirigente madrileña y el PP, a quienes acusa de querer privatizar la asistencia universal. Una posición idéntica a la del partido en Andalucía, que junto a Por Andalucía se afana en relacionar a Ayuso con Juanma Moreno.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid defienden desde hace meses que la huelga y las manifestaciones de los sanitarios no se ajustan a la realidad. Y la reacción airada de Ferraz, de hecho, ha reforzado este argumentario. Tanto, que el PP en bloque respalda a la presidenta madrileña, con el argumento de que las carencias y necesidades en la región no distan demasiado de lo que ocurre en otros territorios. "Pensar que los problemas de la sanidad solo se producen en Madrid tiene un claro interés partidista", declaró este lunes el portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper.

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La sanidad es, sin ninguna duda, el principal caballo de batalla en el camino a las urnas. Es el talón de Aquiles de Ayuso en Madrid, pero también del PP nacional. Génova sale a jugar con la idea de empezar a ganas las elecciones generales en mayo, pero la respuesta en la calle cuestiona esta teoría. Al menos sobre el papel. Aunque la presidenta madrileña ha mantenido un discurso lineal sobre esta cuestión, en las últimas horas ha elevado el tono y reduce la manifestación a la "frustración de la izquierda". "Me han llamado terrorista sanitaria, asesina… Me han querido, decían ayer, abrir las tripas… Una serie de cuestiones que lo único que demuestran es la frustración de la izquierda, sobre todo, para movilizar a un electorado que es consciente de que están ahora mismo sin un solo motivo para ir a unas urnas", declaró Ayuso desde Israel, adonde se ha desplazado para un encuentro con el presidente Isaac Herzog.

Frustrada o no, lo cierto es que la izquierda está volcada en exprimir al máximo esta polémica a todos los niveles. La ejecutiva federal del PSOE de este lunes hizo suyas las reivindicaciones de la marea sanitaria y aprobó una declaración sobre su "compromiso con la sanidad pública universal y de calidad". El alegato, apenas unas horas después de la convocatoria en Madrid, se centró en atacar al PP y su supuesto objetivo de privatizar el sistema. "El PSOE va a hacer honor a su historia y sus principios. Firmamos hoy este documento como compromiso y como aviso. Aviso a las ideologías que entienden la enfermedad de las personas como un negocio", concluye el escrito, con una advertencia de lo que está por venir antes del 28 de mayo: "Estaremos en la calle y en las administraciones públicas, en los parlamentos y en los hospitales, sin dar un paso atrás. Nos habéis elegido para ello, y cumplimos con ese mandato".

La vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, fue la encargada de presentar la declaración. El texto, de cinco páginas, profundiza en la sanidad pública como pilar del estado de bienestar, la labor desarrollada durante la pandemia y la crítica a los gobiernos autonómicos de los populares. "Por eso, cualquier intento de desmantelamiento del sistema público de salud en el ámbito de las comunidades autónomas contará con el rechazo frontal de nuestro partido. En la tarjeta sanitaria no figura nuestro patrimonio. Es un logro más del estado de bienestar que los socialistas hemos construido en España con mucho sudor y sacrificio. A pesar de que sabemos que algunas formaciones políticas no lo conciben así, también sabemos que la mayoría social de nuestro país quiere más y mejor Sanidad pública".

El conflicto por la sanidad, además, ha abierto una guerra de cifras entre el PSOE y el PP a las puertas de la campaña. El manifiesto de los socialistas repasó la inversión en 2022 y la prevista para 2023, con más de 1.000 millones de euros para la atención primaria. "Nunca antes, ningún Gobierno de España ha llevado a cabo una inversión de esta magnitud", señala la declaración, con 344 millones de euros para el plan de acción; 403 millones para la mejora de infraestructuras y equipamientos; 230 millones para la digitalización de la atención, y otros 88 millones de euros para el plan de salud bucodental.

La pugna ha abierto una guerra de cifras entre el PSOE, que defiende la inversión del Gobierno, y el PP, que esgrime los buenos datos de Madrid

La Comunidad de Madrid no es menos en esta estrategia. Desde el domingo, Sol repite la idea de que la manifestación esconde un plan para "reventar el sistema". La postura del Gobierno autonómico pasa ahora por deslegitimar las protestas desde un doble punto de vista. Por su naturaleza política y por estar muy lejos de la realidad. El eje de estas explicaciones pasa por destacar que la situación no es peor que en otras regiones. El Ejecutivo de Ayuso defiende que Madrid es el territorio con la mayor cobertura en atención primaria, además de tener un tiempo de espera inferior a la media nacional. Respecto a las reclamaciones laborales de los sanitarios, desde la Administración alegan que se han destinado 200 millones de euros al plan de atención primaria o incrementado en 3.800 euros de media los sueldos de los médicos de familia. También la convocatoria de 9.574 plazas de estabilización para el personal estatutario del Servicio de Salud o la implementación de un nuevo modelo de agendas para reducir la capacidad asistencial de los profesionales. La inversión es otro de los puntos a destacar en el programa, con la apertura de centros médicos y ambulatorios en Sevilla La Nueva, Parque Oeste de Alcorcón, Las Tablas y Navalcarnero.

Temor al contagio en Andalucía

Mientras tanto, en Andalucía no se ha encendido la chispa del descontento sanitario, pero tanto el Gobierno de Juanma Moreno como la oposición vigilan de cerca el asunto, conscientes de que es una posibilidad. Y que puede cambiar el escenario electoral a poco más de tres meses de las elecciones. La denuncia de Por Andalucía sobre la orden que abre la puerta a concertar la atención primaria ha hecho sonar las alarmas en la Consejería de Salud y Consumo que dirige Lina García. El mensaje es que no habrá "privatización", como alerta la coalición de izquierdas, pero la propia consejera ha admitido que la norma contempla posibles externalizaciones en momentos de "colapso".

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La Junta ha desplegado un potente argumentario para intentar desactivar las críticas que le han llegado desde la izquierda y los sindicatos de clase, que insisten en ese intento de "privatizar" la sanidad pública. La respuesta da muestra de la preocupación que genera en San Telmo este asunto. Lo mismo ocurrió cuando el Sindicato Médico Andaluz (SMA) convocó una huelga en atención primaria que Salud desactivó con un acuerdo para reducir el número de pacientes al día.

El mantra que sale de los despachos del Gobierno andaluz pasa por recordar el aumento de la inversión que ha experimentado el Sistema Andaluz de Salud (SAS) desde la llegada de Juanma Moreno. Y en insistir en que la orden, todavía un borrador, viene a actualizar una de 1998 elaborada por la Junta bajo mandato socialista. Según explican desde Salud, con la normativa preexistente también se podía externalizar una consulta de atención primaria a través de un contrato. Pero es cierto que el texto en elaboración alude explícitamente a ello, algo que no ocurría en la versión elaborada por el PSOE.

"No todo vale en campaña", dijo el lunes Lina García, que acusó a la oposición de lanzar mensajes que pueden "inducir a error a la población". El mensaje no es muy distinto, aunque sí mucho más templado, que el de Isabel Díaz Ayuso. No es casualidad que Por Andalucía haya comparado de forma explícita la gestión del andaluz con la de su compañera de partido. Es cierto que la situación es bien distinta para el barón malagueño. En el PP andaluz no detectan el descontento que sí ha prendido en Madrid. En Andalucía ocurrió algo similar en 2017 y 2018 con Susana Díaz en San Telmo. Fue la reorganización de la atención hospitalaria lo que encendió la chispa. La denuncia de Por Andalucía desvela un error no forzado del propio Ejecutivo, mientras que el PSOE lleva meses incidiendo en otro asunto que, en los últimos coletazos de la pandemia de covid, generó una oleada de descontento social: el tiempo de espera para acceder a la consulta del médico de familia.

En Salud, insisten en que el dato de espera para ser atendido por el médico de cabecera está en 2,62 días de media, una cifra que baja a 1,92 días en el caso de los pediatras. Pero es cierto que hay zonas saturadas donde los usuarios difícilmente logran cita, y es ahí donde pone el foco el PSOE. La consejera andaluza de Salud ha recordado que el problema responde a la falta de profesionales, algo que, consideran, debe solucionar el Gobierno central aumentando el número de plazas de médicos internos residentes (MIR). No es casualidad que Feijóo, en el mitin que protagonizó en Sevilla el domingo, señalase a Pedro Sánchez por este problema. Llegó incluso a sugerir que la tardanza del Ejecutivo central en afrontar esta falta de plazas es una maniobra de la Moncloa para señalar a los presidentes autonómicos del PP.

El PP andaluz confía en que el aumento de la inversión sanitaria sirva como cortafuegos del posible contagio de Madrid

De fondo hay una duda sobre el efecto que tendrá esto en las elecciones del 28 de mayo, que en Andalucía solo son municipales. En el PP regional, creen que el aumento del presupuesto y las mejoras que han experimentado las infraestructuras sanitarias en estos cuatro años serán un buen cortafuegos. "Apenas hay alcaldes que puedan decir que no se ha hecho una obra o no se ha solucionado un problema en su centro de salud", cuenta una fuente popular. Hay que tener en cuenta que un estudio reciente del Centra, la entidad pública que realiza las encuestas para la Junta, desveló que el 81% de la población apoya las protestas sanitarias, lo que da pistas de la prioidad que dan en San Telmo a evitar cualquier contagio desde Madrid.