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Hay una España que aún pelea contra molinos: "Están industrializando nuestro paisaje"
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EL MODELO, A DEBATE

Hay una España que aún pelea contra molinos: "Están industrializando nuestro paisaje"

En pleno acelerón de las renovables, estos grupos del norte de España trabajan para fiscalizar (y paralizar si procede) nuevos proyectos eólicos de sus regiones: "Creemos que hay otra forma de llevar esto a cabo"

Foto: Parque eólico en la comarca de Las Merindades (Burgos). (Cedida)
Parque eólico en la comarca de Las Merindades (Burgos). (Cedida)
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El pequeño concejo de Taramundi, enclavado en la zona occidental de Asturias y con 592 habitantes, ostenta el honor de ser el origen del turismo rural en España. Este hito se remonta a 1984, cuando el CSIC apostó por este punto del Principado como conejillo de indias de un proyecto que buscaba diversificar la oferta turística, cimentada en el sol y playa como principales reclamos. El experimento acabó siendo un éxito, al punto de que el lugar, casi cuatro décadas después, sigue siendo una referencia vacacional en lo que a turismo de interior se refiere. Quizás por eso, a alguno de los vecinos de la comarca se les tuerce el gesto al oír hablar de alguno de los 100 aerogeneradores que se erigen en los cordales montañosos de la zona.

"Ahora resulta que tenemos que hacer que todos los turistas que vengan a ver nuestros picos los vean llenos de aerogeneradores", apunta Carmen Molejón, vecina de la localidad de Lourido, perteneciente a la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burrón, a escasos kilómetros de Taramundi. Carmen forma parte de la plataforma Xente de Oscos, una de esas organizaciones que pelea a destajo contra el actual despliegue de renovables en Asturias. "Se trata de un modelo en el que un puñado de empresas se lleva todos los beneficios de estos macroproyectos, mientras que los impactos se socializan en el territorio. Están industrializando nuestro paisaje", añade.

Foto: El Bonillo, Albacete. (Getty Images)
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No es la única que piensa así. Ni en el desangelado occidente asturiano, ni en otras zonas del norte de España (Galicia, Castilla y León o Aragón), donde se concentra buena parte de la potencia eólica nacional. Lo resumía el director de As Bestas, Rodrigo Sorogoyen, en los Goya: "Energía eólica sí, pero no así". Y es precisamente en la cornisa norte donde hasta seis organizaciones se han coordinado bajo el paraguas del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica (FDJCC) para fiscalizar cada nuevo molino eólico que se despliega en sus montes. "Nosotros no estamos en contra de las renovables", señala Ernesto Díaz, portavoz de la plataforma, que mantiene varios desarrollos en stand by en los tribunales, y ha conseguido llevar hasta el Tribunal Supremo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que orquesta los objetivos de descarbonización fijados para el año 2030.

"Nosotros estamos en contra de las desigualdades que está generando esto porque no ha habido ningún tipo de ordenación a la hora de ver a dónde van estos proyectos", matiza. Díaz sostiene que amplias zonas del noroeste español "ya están saturadas" por la eólica. De acuerdo a los datos de la Asociación Eólica Española, al cierre del 2021, Castilla y León lidera el ranking de las comunidades autónomas con más parques eólicos instalados (casi el 21% del total de nuestro país), seguida de Galicia (14,02%) y con Aragón cerrando el podio (13,56%). Entre las tres, suman más del 52% de la producción energética eólica, unos 14.631 megavatios de los 28.138 generados en la actualidad.

Una cifra que el Gobierno espera que se eleve hasta los 50.333 megavatios para el año 2030 y para la que, claro, tendrán que dar entrada a centenares de nuevos proyectos que ya se están tramitando, como los 77 nuevos parques eólicos que recibieron una declaración de impacto ambiental positiva por parte de la Xunta de Galicia el pasado mes de enero, levantando ampollas en algunos sectores de la población gallega. No obstante, el resto de la cornisa norte no está exenta de su cuota de aerogeneradores, a lo que habrá que sumar la nueva oleada de proyectos que vienen gracias a la reforma del Gobierno, recogida en el paquete de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania, en el que se simplifican los trámites administrativos para la aprobación de nuevos complejos de renovables.

Castilla y León, Galicia y Aragón suman el 52% de la producción de energía eólica de todo el país, unos 14.631 megavatios

"Este acelerón de los últimos dos años nos ha sobrepasado. Estamos hablando de centenares (de proyectos) que generan un impacto ambiental importante y que afectan a la biodiversidad de nuestro territorio", incide Ernesto Díaz. Lo cierto es que las razones para oponerse al despliegue no son uniformes dentro del movimiento asociativo, aunque hay una serie de líneas argumentales transversales a todos ellos. Además de la afectación a la fauna local, especialmente la población de urogallos cantábricos —en peligro de extinción—, esa "industrialización del paisaje" es uno de los aspectos más mencionados a la hora de oponerse al despliegue de las renovables.

"En vez de aprovechar el territorio extremadamente rico que tenemos para desarrollar vías de trabajo alternativas, centradas en un desarrollo de un turismo sostenible, por ejemplo, se llena nuestros montes de estos aerogeneradores, lo que afecta no solo al atractivo turístico de la zona, sino a las posibilidades de desarrollo socioeconómico de nuestros territorios", reflexiona Carmen Molejón. E insiste en que no solo se trata de la colocación de los aerogeneradores en zonas montañosas de importante valor medioambiental, también a las vías terrestres que han de abrirse en estas partes del territorio y que modifican su valor paisajístico para siempre.

Desde Galicia aducen que estos proyectos afectan a la "soberanía alimentaria"

Desde Galicia, donde el movimiento crítico con el modelo de las renovables tiene más recorrido que en otros lugares de España, aducen que estos proyectos también afectan a la "soberanía alimentaria" del territorio gallego. "Se están ocupando grandes superficies de terrenos de terreno cultivable que tras la llegada de estas instalaciones dejaran de funcionar", aduce Belén Rodríguez, perteneciente a la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), incardinada en la FDJCC.

"En Galicia ya estamos cubriendo nuestras necesidades en materia de energía eléctrica con lo que se genera de renovables. Superamos en un 57% la producción que exige la UE para el año 2030, a lo que hay que sumar los 2.000 megavatios de potencia que se añadieron en enero. Somos una zona clarísimamente de sacrificio", asevera Rodríguez. El término zona de sacrificio proviene de América Latina, y se acuñó originalmente para designar a aquellos territorios del continente en el que concentraban las industrias extractivas o altamente contaminantes que afectan a la salud y calidad de vida de quienes los pueblan, generalmente, gente con bajos ingresos.

Al ser preguntados por la alternativa al actual despliegue de las energías renovables, el discurso de estas agrupaciones lleva a un punto cargado de polémica: el autoconsumo. "Entendemos que al ser un recurso que para nosotros es un bien básico de interés público, debería o debería ser también un recurso que no solo pudiésemos la población poder producir y consumir a través de fórmulas de autoconsumo, sino que también la administración pública debería poder gestionar. Pues, ya digo, con criterios de justicia social y de sostenibilidad ambiental", explica la portavoz de ADEGA.

¿Una alternativa real?

No obstante, la magnitud del reto obliga a la siguiente pregunta: ¿es el autoconsumo una solución real para la transición energética que se avecina en las próximas décadas? A la cuestión responde Pedro Fresco, hasta el pasado mes de diciembre director general de Transición Ecológica del Gobierno valenciano (nombrado por Compromís), y uno de los grandes expertos en materia de renovables. "El autoconsumo es una parte de la ecuación, pero es inviable que la generación del autoconsumo sea la base para hacer una descarbonización efectiva. No hay tejados suficientes en España para instalar todas las placas necesarias. Y en el caso de la energía eólica, tiene menos sentido aún, porque es una infraestructura de escala, que necesita de grandes infraestructuras para que la generación sea la adecuada", desarrolla Fresco.

Una opinión que comparte el investigador y profesor de Ingeniería Energética de la URJC, Eloy Sanz. "Cuando se habla de esta solución, o cuando se habla de las teorías del decrecimiento, no se están dando cuenta de lo que cuesta reducir esa enorme matriz térmica de combustión que es España", señala el investigador. Pese a todo, Sanz trata de entender los motivos del enfado de algunas capas poblacionales de Galicia, Castilla y León o Aragón,entre otros, que se han convertido en el vivero español de aerogeneradores. "Con la bajada de precios de los últimos años para la solar y la eólica es obvio que ha habido un incremento de la inversión, y han aparecido empresas que han planteado proyectos a los que no les ha importado ni la población ni la transición energética", concede.

Foto: Pedro Fresco, el ya exdirector general de Transición Ecológica de la Generalitat.

Sin embargo, cree que la apuesta más acertada y menos dañina a largo plazo es seguir adelante con el actual despliegue. "Al final, estos proyectos tienen que ir dónde está el recurso, que en este caso es el viento. No tiene sentido, por ejemplo, instalar un proyecto en muchas provincias de Andalucía, Extremadura, o incluso en Castilla-La Mancha, porque no hay una cantidad de viento que lo haga atractivo", incide el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Tampoco Fresco ve en las comunidades energéticas —a las que el Gobierno hizo una concesión en el decreto anticrisis ampliando el radio de los 500 metros a los dos kilómetros— una solución efectiva a gran escala. "Nosotros hemos estado a favor de las comunidades, y aportan, pero es que necesitamos 50.000 comunidades energérticas como la de Crevillent para sustituir la electricidad que te genera un solo reactor nuclear. Tenemos que entender la dimensión de lo que estamos hablando, porque plantear esto como algo factible es anumerismo", sostiene.

En relación con las distorsiones del paisaje natural, Eloy Sanz asegura que es una cuestión de "poco valor" en comparación con otras condicionantes a tener en cuenta a la hora de instalar un nuevo parque de aerogeneradores. "Es que algunas de las personas que protestan contra la instalación de un parque eólico por cómo va a cambiar el paisaje de su pueblo, está dando por buenas miles y miles de hectáreas de plantaciones cereal que nosotros hemos plantado y que también han distorsionado esa tierra", destaca Sanz. "Nuestro paisaje ya está muy antropizado, pero claro, es que la imagen de los campos cultivados forma parte del imaginario de esas personas", aduce.

El pequeño concejo de Taramundi, enclavado en la zona occidental de Asturias y con 592 habitantes, ostenta el honor de ser el origen del turismo rural en España. Este hito se remonta a 1984, cuando el CSIC apostó por este punto del Principado como conejillo de indias de un proyecto que buscaba diversificar la oferta turística, cimentada en el sol y playa como principales reclamos. El experimento acabó siendo un éxito, al punto de que el lugar, casi cuatro décadas después, sigue siendo una referencia vacacional en lo que a turismo de interior se refiere. Quizás por eso, a alguno de los vecinos de la comarca se les tuerce el gesto al oír hablar de alguno de los 100 aerogeneradores que se erigen en los cordales montañosos de la zona.

Ministerio de Transición Ecológica
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