Moncloa ataca la reputación de empresas con beneficios para forzarlas a subir salarios

El Gobierno lleva meses lanzando mensajes a la patronal para que se siente a negociar con los sindicatos un pacto de rentas que reparta de forma más equitativa el coste de la inflación. Todos los intentos de abordarlo han sido infructuosos y el Ejecutivo ha optado por elevar la presión haciendo realidad la amenaza de crear un observatorio público para escrutar los márgenes empresariales.

Una propuesta sindical en que estaba trabajando la Moncloa para llevarla a la práctica, como adelantó este diario, y cuyo objetivo se centra principalmente en forzar revisiones salariales, pero también en limitar las subidas de precios en sectores como el de la alimentación. "Vamos a ver dónde se pueden subir salarios, cuánto, y cómo eso también puede afectar a los márgenes empresariales", explican fuentes de la Moncloa respecto a este mecanismo fiscalizador.

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Las mismas fuentes justifican la necesidad de "incorporar transparencia en cada uno de los sectores" para analizar la distribución de las rentas. Esto es, "cuánto va a parar a los márgenes empresariales y cuánto va a los salarios de los trabajadores". El Gobierno busca en la recta final de la legislatura que los buenos datos de crecimiento económico y de empleo se complementen con subidas salariales pactadas en convenio, al menos, en los sectores más pujantes. La lectura que hacía precisamente este miércoles CCOO para celebrar la puesta en marcha del observatorio era que "los costes de una alta inflación recaen fundamentalmente sobre los hogares de personas trabajadoras, mientras los beneficios empresariales crecen a costa de sus ahorros o la mejora de su renta con origen en la creación de empleo o las ayudas que reciben del sector público".

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Todo ello cuando Pedro Sánchez está elevando el tono de un "Gobierno molesto para los poderes económicos" y entrando de lleno en una batalla con Ferrovial por la decisión de trasladar su sede a Países Bajos, que se votará hoy en su junta de accionistas. El Ejecutivo niega un efecto llamada y una voluntad de presión, pero el daño reputacional se deja entrever al cuestionar los motivos de la decisión y vincularlos a un interés personal por pagar menos impuestos. Incluso con ataques directos a Rafael del Pino, presidente ejecutivo de la constructora y tercera fortuna del país. “En España, hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país, pero, desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino”, contraatacó Sánchez cuando apenas habían trascurrido unas horas del anuncio de la decisión.

El presidente del Gobierno apela al discurso de que "los más pudientes arrimen el hombro para sacar adelante el país" para apuntar a dianas concretas en plena precampaña. Si bien el observatorio no tiene un efecto directo para acercar un pacto de rentas, sí es un elemento de presión para forzar la negociación por la amenaza al daño reputacional de las empresas que hubiesen incrementado beneficios a costa de la inflación. Calviño justificaba la puesta en marcha del observatorio de beneficios empresariales para favorecer "una distribución adecuada de las rentas" y contar con una mejor información "para la toma adecuada de decisiones de política económica".

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La reacción de la CEOE a la medida anunciada desde Washington por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no se hizo esperar. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, arremetió contra lo que consideró una "política intervencionista", defendiendo además que las empresas "tienen que ganar dinero". Fuentes de la patronal recogidas por la agencia EFE incidieron en privado respecto a su perplejidad por la medida, subrayando que, en estos momentos de incertidumbre económica derivada de la guerra en Ucrania y de las subidas de tipos de los bancos centrales, es crítico que las empresas sean rentables para poder prestar sus servicios a la sociedad. Este nuevo encontronazo con la patronal se suma al reciente desacuerdo por la reforma de las pensiones y anteriormente por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Desde CCOO, que ha marcado el paso al Gobierno con esta herramienta de presión sobre la patronal, argumentan que la fiscalización de los beneficios empresariales debe servir "para evitar el abuso de las empresas frente al consumidor u otros proveedores más débiles de las cadenas de producción, y para propiciar un reparto equilibrado entre trabajadores y empresarios". La primera tarea de este nuevo organismo público, aducen en el sindicato que dirige Unai Sordo, "debería ser enviar a las mesas de negociación de los convenios colectivos información trimestral sobre ventas, compras y rendimientos del trabajo para cada ámbito de negociación". Con el fin, dicen, "de lograr un reparto justo de los costes de la alta inflación actual y, en general, de la productividad".

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El observatorio, según lo avanzado por la vicepresidenta económica, utilizará, entre otros, los datos y las estadísticas del Banco de España, del Ministerio de Hacienda o del Instituto Nacional de Estadística (INE). La otra tarea de este organismo a la que urgen desde CCOO tiene que ver con publicar información "actual e individual a partir de los registros tributarios sobre las empresas energéticas y las que forman parte de la cadena de producción y comercialización de alimentos, debido a su potencial inflacionario".

Cesta de la compra

Para escrutar la subida de los precios de los alimentos con la vista puesta en los márgenes empresariales, en la última reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria ya se acordó poner en marcha grupos de trabajo para analizar la cadena de valor del aceite de oliva, leche, miel y algunos productos hortofrutícolas, por la rigidez en sus precios pese a la rebaja de la energía y el transporte. Se trata de analizar los informes del conjunto de costes que intervienen en cada etapa de comercialización por las que pasa un alimento, desde su recolección en el campo hasta la mesa, y establecen los valores medios para cada uno de ellos, según se explicaba tras el encuentro desde el Departamento de Agricultura, que dirige Luis Planas.

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Apenas dos semanas después, Mercadona ha anunciado la rebaja de precios en 500 de sus productos de consumo diario hasta final de año, lo que según sus propios cálculos supondrá un ahorro de hasta 150 euros anuales en la cesta de la compra de sus clientes. La cadena de supermercados fundada por Juan Roig cree que esta medida reducirá en seis décimas su margen de beneficio.

El Gobierno está estudiando nuevas medidas sociales para combatir la inflación, cuyo anuncio se reservaría el presidente del Gobierno durante su último cara a cara en el Senado antes del 28-M con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se producirá el próximo 25 de abril. Una intervención fijada para exponer los planes del Gobierno para combatir los efectos económicos de la guerra de Ucrania. El Ejecutivo cuenta con un gasto extra para financiar ayudas sociales, tras cerrar 2022 con un déficit público del 4,8%, dos décimas por debajo del 5% que el Ejecutivo remitió a Bruselas, y utilizarlo como resorte electoral.