Último intento de los partidos en el Congreso de impedir el acceso de los menores al porno

El acceso de los menores de edad a contenidos pornográficos en internet ha vuelto al debate público a raíz de las últimas agresiones sexuales. Distintas fuerzas políticas estudian esta semana, en el Congreso de los Diputados, avalar una batería de medidas de Junts per Catalunya (JxCAT) para impedir el consumo de niños, niñas y adolescentes de estos contenidos, presentadas como enmiendas a la modificación de la ley del solo sí es sí. También buscan castigar la generación y la difusión de imágenes que menoscaben "gravemente" el honor o la intimidad de personas reales mediante el uso de la inteligencia artificial (deepfake). A última hora de la tarde, mientras Junts esperaba contar con el respaldo de cuatro grupos considerados pequeños, los más grandes no querían adelantar su posición.

Ciudadanos las apoyará y ERC las acogió con cierto interés, según fuentes parlamentarias. Pero PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos solo dicen estar "estudiándolas". La diputada que formuló estas enmiendas, Pilar Calvo, recuerda que en el seno del Pacto de Estado contra la Violencia Machista ya existe un consenso sobre la necesidad de abordar esta cuestión y que hoy las plataformas solo piden una declaración de que el usuario es mayor de edad para acceder —basta un clic—. "Quien diga que no, tendrá que explicar por qué", advierte la diputada de JxCAT, que reconoce conversaciones con varios grupos, pero no quiere aventurar cuántos apoyos recabarán. "Estamos abiertos a negociar", sostiene.

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La Comisión de Justicia votará el dictamen de la proposición de ley del PSOE este martes, a las 9:00, y en ese marco los grupos estudiarán la inclusión de nuevas enmiendas que este lunes no fueron incluidas en el texto. "No se puede decir que no es el momento idóneo", abunda Calvo. La modificación para atajar las rebajas de penas, promovida por el PSOE en contra del criterio de Unidas Podemos y apoyada por el PP —una "humillación" para el PSOE, según los morados—, culminará el jueves con la votación en pleno, para que la proposición de ley pase al Senado durante la próxima semana.

La "protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía" está entre las promesas del acuerdo de coalición, y el PSOE registró en 2019 una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno —ya en sus manos— a actuar en esta dirección, como ya lo está haciendo el Ejecutivo francés. Si la ministra de Igualdad, Irene Montero, se declaraba reacia a prohibir el acceso de menores a estos contenidos, desde el Partido Socialista afirmaban que toca abrir un debate sobre esta materia. "Lo estamos valorando", era la respuesta del PP, pero en Unidas Podemos y en las filas socialistas respondían lo propio.

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"Estamos muy concernidos con esta causa", "lo estudiaremos", apuntaban desde el PSOE. Sin embargo, también precisaban que, dada "la complejidad y sensibilidad" de esta proposición de ley, están "más centrados en la reforma de la parte penal" de la norma. Los distintos grupos, según fuentes parlamentarias, seguían la actuación del resto por el rabillo del ojo, y ninguno quería anticipar sus movimientos.

Las cuatro enmiendas abogan por establecer el castigo penal a las plataformas y sus directivos que no cuenten con "mecanismos de verificación de edad", con hasta seis meses de cárcel —multa de un máximo de 24 meses— a las que simplemente permitan acceder a estos contenidos con un clic, indicando que el usuario es mayor de 18 años. También plantean penar a quienes generen con inteligencia artificial o difundan imágenes de gran verosimilitud para reproducir la imagen de una persona o utilicen imágenes reales obtenidas sin permiso de personas reales, castigándolo con un máximo de dos años y de tres meses de cárcel, respectivamente.

Opinión

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En esta línea, plantean modificar la Ley General de la Comunicación Audiovisual para que la CNMC pueda controlar el cumplimiento de estas normas, con capacidad de realizar actuaciones inspectoras a empresas dentro y fuera de España, y de informar a Fiscalía si la empresa en cuestión desoye sus requerimientos. En última instancia, Junts urge al resto de fuerzas a modificar la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia (ley Rhodes) para obligar a que todos los dispositivos con acceso a internet tengan activados, "por defecto", controles parentales que solo puedan desactivar los adultos.

Este mismo lunes, en su informe sobre el borrador del real decreto que regula el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual, la CNMC aconsejó que el Registro Audiovisual cuente con un procedimiento de control sobre plataformas con contenido pornográfico, dado que estos contenidos pueden afectar al desarrollo físico, mental o moral de los menores.

Un estudio avalado por el Institut Balear de la Dona, publicado en diciembre, alerta de que uno de cada cinco niños de entre siete y ocho años ya ha accedido a contenidos pornográficos, un 50% de los menores de 13 años. En un año marcado por múltiples citas electorales, los diputados son claros: todo lo que no se haga antes del 28 de mayo, salvo cuestiones muy concretas o ya en pleno trámite, difícilmente podrá verse plasmado en el BOE antes de culminar la legislatura.