PSOE y UP dificultarán los desahucios de okupas "vulnerables" a los grandes propietarios

El acuerdo político sobre la ley de vivienda tiene poco más de 10 días y faltan tres días para que se vote, pero PSOE, Unidas Podemos y otros grupos están introduciendo nuevos cambios. Ambas fuerzas, junto con ERC, o Más País, pactaron el jueves que la norma dificulte también los desahucios de personas vulnerables que residan en viviendas propiedad de grandes tenedores. Introducirá así en la Ley de Enjuiciamiento Criminal un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje, para "dar tiempo suficiente para encontrar una solución habitacional" a las personas vulnerables, explican fuentes parlamentarias. Entre los supuestos en los que se aplicaría, reconocen que sí podría utilizarse ante okupaciones ilegales por parte de personas vulnerables, siempre en viviendas de grandes tenedores, como ha avanzado El Mundo. La enmienda transaccional pactada no alude a estas okupaciones específicamente, y los morados aclaran que no está pensada para más casos que los de los inquilinos al uso.

El objetivo de este mecanismo es que la Administración tenga conocimiento de la situación de personas vulnerables, y retrase así las actuaciones. Serán las CCAA las que medien, bien para favorecer un acuerdo entre las partes, bien para aportar una solución habitacional. Y solo se podrá aplicar, abundan, cuando la vulnerabilidad quede acreditada. "Se establece un mecanismo para evitar que sean desahuciados por no poder pagar un alquiler niños, ancianos, dependientes o víctimas de violencia de género", abundan. El demandante tiene que acreditar si es o no un gran tenedor, si los ocupantes de la vivienda la emplean como vivienda habitual, pero también aclarar si se dan supuestos de vulnerabilidad. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, negó durante la mañana que esta enmienda suponga facilitar la okupación. Estrictamente, es un sistema para dificultar desahucios concretos.

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El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, rechazó a su vez que en España se dé "un problema de okupación", o que esta suponga "un problema": "Es una enorme falacia, un bulo, fake news", reiteraba. En rueda de prensa desde la sede de su partido, Fernández incidió en que las okupaciones se dan en "casos muy puntuales" y "muy excepcionales", y destacó que el "ordenamiento jurídico" ya incorpora mecanismos para afrontarlas. "El problema real es el de acceso a la vivienda", abundó.

En lugar de poner el foco en esta cuestión, Fernández se esforzaba por presentar una enmienda transaccional al texto de la ley, que se votará este jueves en el Congreso de los Diputados, y que pretende limitar las plazas de alojamiento turístico en zonas tensionadas, para que la proporción de estos pisos no supere el 2% del número de habitantes de esta zona. En el caso de un área tensionada con 10.000 habitantes, se podría ofertar un máximo de 200 plazas de alquiler turístico, según fuentes moradas.

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La norma, que ha requerido de años de negociaciones en la coalición, y después de varios meses de conversaciones en el Congreso, ha sido la más difícil de acordar en estos tres años y cuatro meses de legislatura. Los morados aseguran que este añadido serviría para "garantizar la bajada de los precios", y "evitar que fondos buitre y grandes tenedores retiren inmuebles del mercado residencial y los destinen al arrendamiento vacacional".

Apenas a un mes de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, PSOE y Podemos se disputan abiertamente la bandera de la lucha por la vivienda, una cuestión que siempre ha sido sensible, muy difícil de encajar por sus diferencias. Logrado el pacto para impulsar la ley, los morados se esmeran por escenificar que la presión que han ejercido sobre los socialistas es la explicación fundamental de que la ley vaya a ver la luz.

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En esta línea, exigen reforzar las inspecciones para comprobar que estas viviendas cuentan con autorización previa. Esgrimen ahora que el acuerdo de coalición establece el "compromiso" de limitar el alquiler turístico, una materia que ya han abordado en el seno del Ejecutivo, pero sin lograr un pacto. "Se trata de evitar que los grandes propietarios utilicen cualquier subterfugio para evitar la regulación de los alquileres", explican, para lograr que la ley "se cumple hasta la última coma".

El domingo, desde Sevilla, la secretaria general morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, avanzó que propondrían actuar sobre esta vía. La enmienda, salvo que cuente con el respaldo del PSOE, nace muerta. La Comisión de Transportes aprobó el dictamen de la norma el jueves, después de meses de reuniones informales y negociaciones a varias bandas entre la parte socialista del Ejecutivo y sus aliados parlamentarios de ERC y EH Bildu, con intervención del ministerio de Belarra.

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Podemos no pierde la ocasión de atribuirse esta norma, y en particular intenta que sea Belarra, que ha negociado esta ley desde antes de ser ministra. Tras el cisma con el solo sí es sí, y visto cómo el ingreso mínimo vital (IMV) y otras medidas no lucen todo lo que querrían, la vivienda es un caballo de batalla clave.