Barones del PSOE se levantan contra Teresa Ribera por el derribo de presas en plena sequía

Ni la proximidad de elecciones autonómicas consiguió algo de paz entre el PSOE y sus barones más críticos. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, registró este martes un recurso administrativo contra la orden del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, para demoler la presa en el embalse de Valdecaballeros, provincia de Badajoz. "Es un auténtico disparate que hay que corregir cuanto antes", dijo el dirigente socialista tras anunciar la decisión de su Ejecutivo, que ha optado por confrontar directamente con la titular del ramo.

Queda menos de un mes para el 28-M y este no es el único choque de siglas por un caso parecido. En Aragón, se viralizaba hace muy poco un vídeo en el que un agricultor valenciano protestaba junto a la presa de Los Toranes, en el río Mijares cuando pasa por Albentosa, que tiene otra orden estatal de demolición. El Gobierno autonómico, que tutela el también socialista Javier Lambán —crítico con algunas actuaciones de Pedro Sánchez—, ya contribuyó en 2021 a la protección de esta segunda estructura, intentando sin éxito convertir sus instalaciones en un Bien Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés. Camino de las urnas, y ante un país amenazado por la sequía, la demolición de presas por el fin de las concesiones para su mantenimiento abre otra grieta en el PSOE.

TE PUEDE INTERESAR

¿Demoler presas o azudes? El debate (y los bulos) tras la devastadora sequía en España

José Pichel

Los embalses de la discordia

La presa de Extremadura se construyó para dar servicio a una central nuclear próxima que, finalmente, no llegó nunca a operar. Tras reunirse con el alcalde del municipio, Gregorio Rodríguez Dueñas, el presidente se hizo eco ante el Estado de las dudas sobre un posible "vicio" del procedimiento —alegó que la Junta no fue consultada—. También sobre razones ambientales y por la "falta que hace para beber, para los agricultores y los ganaderos".

Junto al río Guadalupejo, la infraestructura quedó huérfana de su misión inicial tras declararse una moratoria nuclear en 1984, que frustró los planes de una planta en el municipio. No obstante, siguió utilizándose el embalse para abastecer a la población. Las concesiones para su gestión se otorgaron hace décadas a Endesa e Iberdrola, pero hace dos años la primera renunció al permiso. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que opera en esta zona, acabó tramitando su extinción y de ahí nació la orden ministerial.

Es casi un espejo de lo que pasó en Aragón. Con la salvedad de que, en este último caso, las protestas del Gobierno de Lambán no llegaron al límite de un nuevo recurso como el de Vara. "No deberían plantearse demoliciones como la de la presa de Los Toranes", reafirmaban este mismo miércoles fuentes del Ejecutivo aragonés a El Confidencial. Se mantienen en el no al cierre de la presa, que aún consideran "de vital importancia" para el "abastecimiento de los regadíos" en localidades como Olba, en las inmediaciones. También para otros ejemplos que exponen: desde la lucha contra los incendios forestales, "particularmente peligrosos este verano", hasta el "estado de los combustibles fósiles" en su potestad.

El embalse aragonés de Los Toranes también estaba en manos de Iberdrola, pero con la concesión caducada el Ministerio de Transición Ecológica determinó dar marcha atrás. La empresa energética, además, quedaba obligada a costear la demolición de la presa y sus instalaciones, pues era la titular del permiso. Sin embargo, y a raíz de conocerse el recurso presentado por su homólogo en Extremadura, el presidente Lambán no ha confirmado si está entre sus planes tomar un camino similar. Sí reconocieron desde su entorno que sigue en contra de la idea de demoler la estructura, y recuerdan la situación de urgencia por "sequía extrema".

TE PUEDE INTERESAR

Guerra abierta entre Ximo Puig y Page por el Tajo-Segura más allá de las siglas del PSOE

Víctor Romero. Valencia

En ese sentido, hicieron hincapié en una demanda que el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, lanzó a finales de enero. Expresó entonces, tras reunirse con distintas organizaciones de agricultores, la necesidad de tener "más embalses", que estos fueran "más grandes" y que además permitan "almacenar agua no solo de año en año, sino a lo largo de varios periodos". La disputa tanto en Extremadura como en Aragón no es otra cosa que una pieza más en la denominada guerra del agua, que libran las comunidades para hacerse con recursos hídricos suficientes en mitad de la escasez. Y que, en ocasiones como esta, no entiende de siglas políticas.

Puig y el trasvase Tajo-Segura

El agua ya fue el bien más disputado en otro conflicto entre regiones, aún abierto. Este también coloca a la ministra Ribera en el centro de la polémica. De su decisión de recortar el trasvase del Tajo-Segura, en línea con las demandas de la Unión Europea y las sentencias contrarias al mecanismo actual emitidas por el Tribunal Supremo, surgió una protesta política en la que otro barón socialista, el valenciano Ximo Puig, se alineó con las demandas del PP en comunidades como Murcia o Andalucía para protestar —y recurrir en los tribunales— contra esta parte del nuevo plan hidrológico, avalado por el ministerio. Igualmente en contra de los designios de Ferraz y de su compañero en el PSOE y homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, favorable al recorte.

Con el primer gran reto electoral a la vuelta de la esquina, suenan más las fricciones internas de los partidos, que nacen muchas veces de un conflicto de intereses. La ortodoxia ambiental que suele atribuirse a la actual ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno central no solo le ha abierto frentes contra sus barones autonómicos. También con compañeros que se sientan junto a ella en el Consejo de Ministros. Como Luis Planas, responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación, una rama muy ligada y condicionada por las medidas que puedan impulsarse desde el ministerio.

TE PUEDE INTERESAR

Cantabria inicia una cruzada judicial contra el lobo y confrontará con el Gobierno

L. B.

El ministro Planas adoptó siempre un rol de intermediario entre otros departamentos y el sector agroganadero. Sus discrepancias con Ribera fueron notorias también en otros asuntos, como el de la protección del lobo. Ella apostó por salvaguardar al animal incluyéndolo en un listado de especies protegidas, lo que supuso un veto a la caza en algunas zonas. Planas, sin embargo, manifestó públicamente su comprensión de las demandas de los cazadores o trabajadores del campo que habían visto su producción dañada, cosa que atribuían a la presencia de lobos. "No estoy de acuerdo", llegó a decir, cuando la iniciativa de Ribera comenzaba a echar raíces.