El PSOE quita a Podemos su último reclamo electoral: no habrá ley de familias antes del 28-M

Aún dura la resaca de la euforia tras la aprobación de la ley de vivienda en el Congreso de los Diputados, pero en Unidas Podemos negocian ahora para salvar la de familias. La norma, condicionante de su apoyo a los terceros y últimos presupuestos de la coalición, es el proyecto estrella del Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Ione Belarra, y munición de cara a las elecciones autonómicas y municipales. Pero distintas fuentes parlamentarias dan por hecho que no llegará a pleno antes del 28-M.

Desde su aterrizaje en la Cámara, a la oposición de PP o Vox se ha unido la de fuerzas como el PNV. Hasta ERC amagó a finales de abril con presentar una enmienda a la totalidad, haciendo saltar todas las alarmas. Unidas Podemos —y en particular el partido de Belarra— tiene especial interés en aprobarla cuanto antes, para añadirla al pack de medidas del Ejecutivo que referencian como propias ante sus bases.

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El PSOE asegura no tener intención de retrasarla de forma artificial, pero el fallo de cálculo de los morados, al frente de la negociación con el resto de fuerzas, ha convencido a los socialistas de que toca medir los pasos para esquivar riesgos. Los grupos han vuelto a avalar una prórroga del periodo para registrar enmiendas, hasta el 10 de mayo, y fuentes parlamentarias señalan a los socialistas como responsables del nuevo retraso.

Los morados esperan ahora que esté lista en junio, antes de que finalice este periodo de sesiones. De no hacerlo, será aún más difícil que prospere en los escasos meses previos a las elecciones generales de finales de año. Seguirán reivindicándola públicamente, y hasta el momento no preveían hacer sangre ante los recelos del grupo socialista.

Fuentes del ala morada en el Gobierno reconocen que el acuerdo alcanzado entre ambos socios pasaba por garantizar los apoyos parlamentarios antes de llevar la norma al Consejo de Ministros en segunda vuelta, el 28 de marzo. Mediáticamente, Podemos reclama al PSOE que actúe sobre la subida de los precios de la alimentación, sobre las hipotecas, o reivindica el desbloqueo de normas en tramitación como la ley de salud mental, pero no hay otra norma con la enjundia del texto de familias en el horizonte parlamentario inmediato.

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La norma se tramita por la vía de urgencia, pero hoy los plazos hacen casi imposible que llegue a buen puerto antes del 28-M: quedan dos semanas de plenos hasta entonces, y hay que celebrar el debate de totalidad, convocar y cerrar ponencia, aprobar el dictamen en comisión y después votar en el hemiciclo. Antes, las negociaciones entre Unidas Podemos y fuerzas como ERC o EH Bildu, para "salvar la invasión competencial" de la propuesta inicial, deben fructificar. De hecho, tras una semana en que las formaciones soberanistas vascas y catalanas abrieron fuego unas contra otras, divididas por cómo afectará la ley de vivienda a sus marcos competenciales, las principales objeciones de ERC a la norma de Belarra iban en esa misma línea.

"Hemos obtenido el compromiso de blindar las políticas hechas en Cataluña", aseguraron desde ERC, aunque reconocieron que aún hay "asuntos por cerrar". El plazo para presentar enmiendas, que expiraba el lunes 24, se vio prorrogado a última hora para extenderse hasta el 4 de mayo. Y, después, hasta el día 10. Ya en la anterior prórroga, el giro de timón soliviantó al PNV, que criticó haber sido notificado a las 17:45 del lunes 24, vía correo electrónico —como se notificó a todos los grupos—, de la ampliación del plazo de enmiendas a la totalidad y al articulado.

"Nunca he visto alargar un plazo de enmiendas cinco minutos antes del cierre de plazo. Una desconsideración hacia los grupos parlamentarios. Una trampa por encima del reglamento para defender intereses de parte. Hoy no había convocada ninguna reunión de la Mesa de la Cámara. Así no", tuiteó el portavoz jeltzale, Aitor Esteban.

Tras ver deslucida la aprobación de la ley de bienestar animal por la exclusión de los perros de caza, y habida cuenta de que la vivienda es competencia del Ministerio de Transportes, en manos del PSOE —el ministerio de Belarra es impulsor y coproponente de la norma—, la de familias es un pilar clave para que Unidas Podemos reivindique su utilidad en el Ejecutivo de coalición. De ser aprobada, instaurará una renta de crianza de 100 euros por hijo de cero a tres años, así como varios permisos. Entre ellos, uno por cuidado de pequeños de hasta ocho años (ocho semanas); otro de cinco días por accidente o enfermedad grave de un familiar o pareja, y otro de cuatro días al año por "motivos familiares urgentes o inesperados".

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Los días previos a su desembarco en el Congreso no estuvieron exentos de polémicas —la Moncloa impidió a Belarra comparecer en rueda de prensa para explicar esta norma, ya en segunda vuelta—, y el arranque de su tramitación ha sido accidentado, pero los morados esperan que se vea plasmada en el BOE antes de las vacaciones de verano. Otra cosa es que la negociación entre el PSOE, UP y los aliados parlamentarios lo permita.