Recorrer 600 kilómetros para poder abortar: "Sentía que estaba haciendo algo malo y que por eso debía irme lejos"

El derecho a abortar en la ciudad en la que se vive cambia según la comunidad autónoma. De Toledo a Madrid, de Zaragoza a Barcelona y de Murcia a Madrid. Estos son algunos de los desplazamientos que han tenido que hacer mujeres que se vieron obligadas a interrumpir su embarazo en los últimos años. La razón fue un sistema sanitario que no les permitió hacerlo en la ciudad donde viven. Según cálculos de L' Associació drets sexuals i reproductius, un mínimo de 6.407 mujeres deben viajar fuera de su comunidad autónoma para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo cada año en España. Esto representa al 7% de abortos practicados al año.

Marta Arellano, de 40 años, fue obligada a recorrer los 75 kilómetros que separan Toledo y Madrid a finales del año pasado. En la semana 20 de su embarazo, se enteró de que su hija venía con una malformación cerebral que era incompatible con la vida. La única opción que le dieron sus médicos fue interrumpir el embarazo. Lo que Arellano no se imaginaba es que el procedimiento en su hospital en Toledo consistiría tan solo en recibir una hoja de los facultativos con los hospitales más cercanos en donde podía ir a abortar.

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Al día siguiente, sola y sintiéndose como si estuviera haciendo algo malo, cogió su coche y puso rumbo a Madrid, donde estaba el más cercano. Ahí llegó a una clínica donde le hicieron el procedimiento. "Fue un trauma, me sentí expulsada del sistema de salud", asegura. Meses más tarde, le llegó una transferencia de 47 euros por los gastos que había tenido durante el traslado. "Estaba pasando por el peor momento de mi vida y me sentí abandonada", afirma. En España, la gran mayoría de las 90.189 mujeres que interrumpieron su embarazo de forma voluntaria en 2021 pudo hacerlo en su propia provincia. Sin embargo, cientos de ellas no tuvieron ese derecho. El traslado va en contra de la ley de 2010, y esta semana el Tribunal Constitucional ha obligado a indemnizar a Antonia Correa, una mujer murciana que tuvo que viajar a Madrid para poder abortar porque el Sistema Murciano de Salud se negó a interrumpir su embarazo.

Esta sentencia es una decisión sin precedentes relacionada con las dificultades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo tasados por la ley. El Constitucional ha abierto la puerta a que quienes no reciban este servicio en su autonomía reciban una indemnización. Gema Fernández, la abogada de Women’s Link Worldwide que ha llevado el caso, asegura que "la sentencia es muy importante porque no hay casi jurisprudencia sobre el aborto". "Es una vuelta de tuerca más sobre cómo se tiene que hacer el acceso al aborto de una forma digna", alega la letrada.

"Denuncié porque no quería que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que yo pasé"

La demandante Andrea Correa explica a este periódico que todo este proceso ha sido muy duro para ella y su familia. "Se iba a llamar Ana, como quería mi abuela. La deseábamos mucho", explica por teléfono, todavía tratando de asimilar la noticia de la sentencia: "Denuncié porque no quería que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que yo pasé", asegura. Correa llevaba nueve años esperando este momento. Desde que salió la noticia, decenas de mujeres la han llamado para contarle su historia. Todas tienen algo en común: un viaje de decenas o de cientos de kilómetros para interrumpir su embarazo y el sentimiento de sentirse dejadas a su suerte en el peor momento de su vida por el servicio de salud de su ciudad.

600 kilómetros en coche

En 2016, un juzgado aseguró que el Sistema Gallego de Salud "expuso a un riesgo vital elevado la vida de María (nombre ficticio) al dilatar su embarazo" hasta la semana 32 y obligarla a recorrer 600 kilómetros en su coche para abortar en Madrid. La abogada del caso, Francisca Fernández, asegura que debido a la complejidad del caso, su clienta fue derivada al Hospital de la Paz, en Madrid, donde perdió el útero y la posibilidad de ser madre. "Los ginecólogos eran objetores de conciencia, pero nunca lo aceptaron, solo dilataron la situación hasta que fue insostenible", asegura.

Según los informes estadísticos anuales que publica el Ministerio de Sanidad, hay hasta 12 provincias que no han notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos años a pesar de que en ellas ha habido mujeres que las han solicitado. Jordi Baroja Benlliure, miembro de L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius explica que el informe 45 barreras para acceder al aborto identifica como una de ellas los desplazamientos que tienen que realizar las mujeres en ciudades como Toledo, Cuenca, Guadalajara o en Ceuta y Melilla o las Islas Canarias y Baleares, lugares todos donde no se interrumpen embarazos. "No pueden considerarse excepciones teniendo en cuenta que el impacto que supone para las mujeres esta vulneración es muy importante", asegura Baroja.

Muchas de estas mujeres se ven forzadas incluso a irse de España. La jefa del Departamento de Medicina Fetal en el hospital universitario público CHU Brugmann, de Bruselas, Bélgica, Teresa Cos, explica que cada semana tiene mínimo tres pacientes de España que llegan a su maternidad porque en su país les fue negado el derecho a terminar con su embarazo. "Cuando ven que va a ser muy difícil el traslado de comunidades, entonces me llaman a mí para que coja yo el caso en Bruselas", explica.

Para el asesor jurídico de la Asociación de centros IVE, José Antonio Bosch, esta sentencia no plantea nada nuevo. "El derecho al aborto es un derecho constitucional desde el 2010, otra cosa es que haya comunidades que no cumplan con la ley", asegura. Para Bosch, la disparidad según el territorio es muy grande. Le preocupa que esta sentencia sirva de base legal para presionar a las autonomías para que ninguna mujer tenga que desplazarse. "Lo más importante es la calidad del servicio y el acompañamiento, no la cercanía", explica.

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B. Parera

"Es muy duro. Lo peor es la sensación de sentir que esto solo me pasa a mí. Sigue siendo un tabú muy grande", dice Laura Benito, de 37 años. Benito tuvo que desplazarse de Zaragoza a Barcelona en agosto de 2021, cuando los médicos en su ciudad le dijeron que su bebé venía con una cardiopatía incompatible con la vida. Benito tenía 24 semanas de embarazo cuando le dieron el diagnóstico. Se estaba agotando el tiempo.

La única solución que le dio el comité ético fue hacerle un traslado a Barcelona. Allí la atendieron y la acompañaron en todo el proceso. "Conocí a un grupo de mujeres que había pasado por lo mismo que yo y pude aprender a vivir el duelo con ellas. Me dejaron despedirme de mi niño", cuenta entre lágrimas. Benito nunca entenderá por qué en su ciudad no pudo terminar con su embarazo. La única respuesta que recibió fue: "Aquí no hacemos eso".