Génova rechaza un pacto de financiación con el PSOE y exige protagonismo para las CCAA

La dirección del PP no hace oídos sordos a las demandas de sus presidentes autonómicos, pero tampoco se da por aludida del órdago que ha lanzado el PSOE con la financiación autonómica. Es un asunto que en Génova califican de "prioritario" para Alberto Núñez Feijóo, pero el partido no responderá a las "prisas" del Ejecutivo por el "uso partidista" que, a su juicio, hace Ferraz de una reforma que lleva casi una década guardada en un cajón. Fuentes de la cúpula popular apuntan a que abordar un gran pacto con los socialistas en materia de financiación es un escenario prácticamente imposible en el contexto político actual, y rechazan de plano contribuir a que Pedro Sánchez ate posibles apoyos de cara a una eventual sesión de investidura que también quiere pelear el líder gallego. "En cinco años, no han levantado el teléfono, y ahora ofrecen revisar el sistema a cambio de votos. Tenemos que ser prudentes. Ese no es nuestro modelo", sostienen en el 13 de Génova.

Las mismas fuentes reiteran que el PP no puede ser partícipe del señuelo que, a su juicio, utiliza el PSOE para retener primero una mayoría en la Mesa del Congreso gracias al apoyo de los nacionalistas, lo que sentaría las bases para garantizar una nueva investidura de Sánchez frente al bloque liderado por Feijóo. Para Génova, rescatar justo ahora el debate sobre la financiación autonómica —a poco más de dos semanas de que se constituyan las Cortes— no tiene otro fin que el de llenar la agenda del Gobierno de gestos al independentismo en el ámbito económico para esquivar las demandas relacionadas con la amnistía o el referéndum. Abrirse ahora a un gran pacto con el PSOE, opinan otras voces del partido, solo facilitaría a Sánchez comenzar a liberar de obstáculos ese objetivo.

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El vicesecretario de Organización y mano derecha de Feijóo en Génova, Miguel Tellado, ya reiteró este miércoles en Onda Cero las reticencias del PP a retomar y participar de un debate que en el PSOE ven clave para avanzar en las negociaciones con los grupos, especialmente en el caso de Junts y ERC. "La financiación se debe modificar, pero no de forma bilateral y al antojo y petición de un partido que quiere condicionar la investidura de Sánchez", asumió. "No se puede estar dispuesto a todo para mantenerse en el Gobierno, pero el problema no es de quien lo propone, sino del que está dispuesto a aceptarlo", añadió.

El número cuatro de Génova se opuso también a la idea de condonar la deuda que tienen contraída algunas autonomías con el Estado, como es el caso de Cataluña, pese a ser una petición que han pedido explorar otras comunidades infrafinanciadas y gobernadas por el PP, como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia. "Sería un error. Puedes premiar a quien peor ha gestionado sus recursos y se hace un llamamiento a la irresponsabilidad en la gestión económica de las comunidades", sintetizó Tellado, una posición con la que se acerca más al planteamiento defendido por Ayuso que al de otros barones del PP.

En Génova, insisten en convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Gobierno con las CCAA del régimen común

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, instó este miércoles al Ejecutivo a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abrir el melón de la financiación en el foro que corresponde y brindarles protagonismo en un debate cuya solución, deslizan en Génova, no llegará a corto plazo. Importante recordar en este punto que la renovación del modelo no enfrenta tanto a los dos grandes partidos como a las comunidades autónomas, con demandas que trascienden a las siglas que representan. De hecho, una de las grandes asignaturas pendientes tanto de Ferraz como de Génova es la de poner de acuerdo a sus propios barones para llevar una postura común a una eventual mesa de negociación.

Abordar el debate de la financiación en la actual coyuntura política, insisten en Génova, conlleva un "importante riesgo", que no es otro que el de "marginar" económicamente a aquellas autonomías que se desliguen de un nuevo modelo orientado a realizar "nuevas cesiones" a Cataluña para sostener un eventual Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar. Y recuerdan que, pese a la "urgencia" que exhiben ahora los socialistas, el Ejecutivo solo convocó en una ocasión al Consejo de Política Fiscal y Financiera en 2022, y ninguna en lo que llevamos de 2023.

Para reformar la financiación autonómica hay que remodelar una ley que requiere mayoría simple. Pero hay otra vertiente. Este tipo de acuerdos deben salir adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el organismo que reúne al Gobierno con las comunidades del régimen común; es decir, todas menos Navarra y el País Vasco, que siguen su propia fórmula. La aritmética del CPFF siempre beneficia al Ejecutivo porque tiene el 50% del peso en las votaciones. Esto se traduce en que solo necesita el apoyo de una comunidad autónoma para tomar sus decisiones, lo que facilita a cualquier Gobierno sacar adelante sus propuestas. Incluso después del batacazo de las municipales y autonómicas del pasado mayo, el PSOE conserva al menos dos gobiernos regionales que le darían la mayoría que necesita.

Los barones populares infrafinanciados

Pese al rechazo de Génova al órdago que ha lanzado el PSOE en pleno proceso de investidura, hay barones del PP que tienen entre sus prioridades una reforma que solucione el agujero que provoca en sus cuentas el actual modelo acordado por los socialistas con ERC en 2009. En el Gobierno andaluz de Juanma Moreno calculan que la Administración central le debe 12.000 millones de euros por el dinero que han dejado de recibir entre los últimos 14 años. Se trata de unas pérdidas anuales de entre 800 y 1.000 millones de euros según los cálculos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que está en manos de Carolina España.

Opinión

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La tesis que mantienen en San Telmo es que, aunque se trata de una reforma necesaria, hay una gran desconfianza hacia el globo sonda lanzado por la Moncloa. "Estamos seguros de que va a beneficiar a los socios parlamentarios de Sánchez", explican fuentes del Ejecutivo andaluz, donde insisten en que cualquier negociación sobre el modelo de financiación tiene que ser multilateral y no bilateral. Aquí Moreno tenía aliados en el PSOE, pero el resultado del 28-M ha generado un mapa casi azul de comunidades infrafinanciadas entre las que se encuentra Valencia, que ha encabezado con Andalucía estas reclamaciones en los últimos años. El cambio de Ximo Puig por Carlos Mazón no ha cambiado ni un ápice la situación. De hecho, ahora ambos dirigentes populares pueden permitirse una unidad de acción todavía mayor.

El principal problema para el PP es la disparidad que hay dentro de su propio partido respecto a las necesidades de financiación. En el equipo de Mazón y Moreno, está también el murciano Fernando López Miras. Pero no ocurre lo mismo con el gallego Alfonso Rueda, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco o el riojano Gonzalo Capellán. Estas comunidades no tienen los mismos problemas de financiación y en sus prioridades no está primar la cantidad de población, sino otros parámetros como la dispersión geográfica o el envejecimiento.

En el PP, hay disparidad entre los barones que quieren que la población prime para decidir la financiación y quien apuesta por otras variables

Los barones populares han deslizado la necesidad de aprobar el nuevo modelo, pero su mensaje concuerda con Génova respecto a la necesidad de que no se produzcan agravios para acabar beneficiando a Cataluña. Es lo que ocurrió en 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero, aunque es cierto que los gobiernos de Felipe González y José María Aznar también acordaron con los nacionalistas catalanes reformas en el modelo de financiación autonómica. Y estas medidas acabaron repercutiendo en el resto de comunidades, como ocurrió con el porcentaje de cesión del IRPF, uno de los principales impuestos, con el IVA, que sirven para sustentar los recursos que la Administración central cede a las regiones para que armen sus presupuestos.

Lo cierto es que la actual aritmética hace pensar que la tradición volverá a repetirse y que el PSOE acudirá a los nacionalistas para reformar un modelo. La duda es si una ministra andaluza, que luchó por la igualdad de la financiación autonómica en su etapa como consejera de Hacienda de Susana Díaz, permitirá ese agravio. Con el coste que puede tener para los socialistas, que ya pasan por un mal momento en la comunidad más poblada del país.