La Fiscalía recurrirá la inadmisión del recurso de Puigdemont en el Constitucional

La Fiscalía recurrirá la inadmisión del recurso de Carles Puigdemont y del exconseller Toni Comín acordada este miércoles por la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional, informan fuentes jurídicas. El Ministerio Público considera que la cuestión no presenta suficiente urgencia como para ser resuelta por la Sala de Vacaciones y, al recurrir su pronunciamiento, fuerza que el debate llegue el próximo septiembre al pleno, de mayoría progresista.

Puigdemont y Comín pedían en su recurso la anulación de las órdenes nacionales de detención dictadas contra ellos por el Tribunal Supremo. Ambos solicitaban que se acordara esta medida de forma cautelarísima, y de ahí que la Sala de Vacaciones, compuesta por tres magistrados y con mayoría conservadora, entrara este miércoles a valorar su escrito. Por dos votos contra uno, la decisión final ha consistido en rechazar de plano el recurso: "Las vulneraciones invocadas por los recurrentes (...) carecen de sustento constitucional", sostienen los magistrados en el auto.

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Según apuntan las fuentes consultadas, la Fiscalía considera que en ningún caso concurría una especial urgencia como para no admitir a trámite el recurso, y menos cuando la decisión consistía en rechazar la anulación las órdenes de detención. Esa es la misma postura defendida por la magistrada progresista Laura Díez, quien ha emitido un voto particular discrepante frente al pronucniamiento de los conservadores César Tolosa y Concepción Espejel.

"Se ha precipitado innecesariamente una decisión que no debió adoptarse en la Sección de Vacaciones", defiende Díez en su voto particular. "Deben concurrir las pertinentes circunstancias de urgencia que no concurren en este supuesto, ya que los recurrentes no se encuentran en el territorio afectado por las órdenes de busca y captura, pueden desarrollar sus funciones representativas fuera del territorio nacional y tampoco se encuentran en este momento privados de libertad".

El debate en el Constitucional se ha producido en plenas negociaciones entre el Gobierno y el partido de Puigdemont para facilitar una nueva investidura de Pedro Sánchez. "Un día, eres decisivo para formar Gobierno en España, y, al día siguiente, España ordena tu detención", ironizó el expresidente catalán el 24 de julio.

La orden internacional, congelada

El Tribunal Supremo avaló la decisión de Llarena de dictar una orden nacional de detención contra Puigdemont y Comín el pasado junio. Pese a ello, esta decisión no se extiende por el momento a nivel internacional, pues el magistrado ha preferido esperar a que la Justicia europea se pronuncie sobre el último recurso de Puigdemont.

El magistrado rechazó reactivar su captura a nivel internacional después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) sentenciara que ni Puigdemont ni Comín gozan ya de inmunidad como eurodiputados el pasado julio. La resolución aún es recurrible, y ese es el escenario que lleva a Llarena a rechazar la emisión de una nueva orden internacional en estos momentos: si acordaran devolverles la inmunidad de manera cautelar, el nuevo intento de lograr su extradición volvería a quedar en papel mojado.

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"Cualquier OEDE que se emita en el estado actual del procedimiento quedará inmediatamente paralizada [antes de alcanzar su objeto] si se admite la eventual medida cautelar que se pida al tiempo del recurso, obligando a interrumpir su tramitación internacional y haciendo intrascendente el adelanto de la orden de detención a este momento", argumentó Llarena en una providencia notificada el 27 de julio.

En cualquier caso, el magistrado sí mantiene la orden de detenerlos si pisan suelo español, y esa es la decisión que la Sala de Vacaciones ha ratificado este miércoles. Tras la reforma del Gobierno que derogó el delito de sedición, el expresidente catalán está procesado por desobediencia y malversación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 de inhabilitación.