Vox abre el melón del control al Gobierno en funciones: los partidos pueden obligar a Sánchez a comparecer

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz quieren que el Congreso de los Diputados recupere la velocidad de crucero cuanto antes, incluso previamente a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Con la activación de la Cámara Baja, sin embargo, el presidente y los otros integrantes del Gobierno en funciones se exponen a que el resto de formaciones, especialmente de la oposición, impulsen iniciativas de fiscalización parlamentaria. El jueves, Vox decidió abrir este melón y reclamó a la Mesa que tome las medidas oportunas para recuperar la sesión de control "de forma prioritaria y urgente". La aritmética de la Cámara Baja, sin embargo, no juega de su parte.

El escenario es distinto en la Cámara Alta, aunque de momento el PP, que aspira a lograr la investidura de Feijóo, no tiene previsto pulsar este botón y visibilizar que Sánchez sigue siendo el presidente en funciones. Si PSOE, Sumar y sus aliados ya han ensayado una mayoría de 178 votos en el Congreso, en el Senado el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, por lo que tiene en su mano lograr algo que, en la Cámara Baja, no puede conseguir sin convencer a alguno de los partidos de la mayoría. El Tribunal Constitucional, como recuerda Vox en su escrito a la Mesa, avala la fiscalización del Ejecutivo, incluso en funciones, mediante peticiones de comparecencia, preguntas orales, escritas, y otras iniciativas.

TE PUEDE INTERESAR

PSOE y Sumar aceleran para iniciar la actividad parlamentaria antes de la investidura de Feijóo

Alejandro López de Miguel

"El hecho de que el Ejecutivo esté en funciones no impide la función de control de las Cámaras”. "En la medida en que el Gobierno sigue desarrollando actividad, esta no puede quedar exenta del control de las Cortes", falló el Tribunal Constitucional en 2018. Quien reclamó el pronunciamiento del Tribunal de Garantías fue el propio Sánchez, entonces en la oposición, y el único que, hasta ahora, ha tenido que asumir esta resolución, es también el jefe del Ejecutivo en funciones. El Sánchez de 2016 siembra el terreno para que el Sánchez de 2023 se vea obligado a comparecer.

De hecho, si los grupos así lo estiman, tendrá que volver a hacerlo en un momento de máxima sensibilidad en la negociación con sus futuribles socios parlamentarios. "Discreción" es la consigna más repetida por los portavoces del PSOE, que van dando tímidos pasos, mientras dejan en manos de Sumar los principales esfuerzos para naturalizar la ley de amnistía que le exigen Junts y ERC.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez y Díaz prestan diputados a Junts y ERC para que puedan tener grupo propio en el Congreso

Alejandro López de Miguel

La batalla entre PSOE y PP ya se aventuraba antes de la segunda reunión de la Mesa, el pasado lunes, y fue más allá de la discusión sobre los asientos a ocupar en el hemiciclo, incluso de la previsible refriega por la fórmula escogida por PSOE y Sumar para que Junts y ERC tengan grupo propio. El PP consideró esta receta "un fraude electoral", toda vez que PSOE y Sumar prestan a los independentistas cuatro y dos diputados, respectivamente, para que lleguen a los porcentajes de voto necesarios para tener grupo propio. Los conservadores estudian si recurrirán esta decisión, que consideran completamente irregular.

Por lo pronto, al tener grupo propio, Junts y ERC recibirán 30.000 euros mensuales y acceso a las subvenciones por envíos electorales del 23-J, además de mayor visibilidad y tiempo para intervenir en las distintas iniciativas. Dos partidos con 7 escaños, se queja el PP, tendrán el mismo tiempo que su formación, con 137 escaños, para intervenir en los debates. Y, si los grupos son un punto de fricción, el resto de acuerdos de Sánchez para intentar tejer una mayoría difícilmente quedarán fuera del radar del PP, que lo retrata como un político dispuesto a ceder a todas las exigencias de los independentistas para poder gobernar.

TE PUEDE INTERESAR

El Senado, atalaya del PP para torpedear a Sánchez, con ERC y Bildu en el mismo grupo

Alejandro López de Miguel

Si finalmente fuerzan su comparecencia, un presidente en funciones rendirá cuentas antes de que un candidato designado por el Rey pueda intentar recabar la confianza de la Cámara. Es una situación atípica. En 2019, tras verse obligado a adelantar los comicios, Sánchez estuvo varios meses en funciones, pero no se daba la situación de que el entonces líder del PP, Pablo Casado, hubiese sido propuesto por el Rey para someterse a la investidura. El PP, en sus horas más bajas, tenía entonces la mitad de escaños que el Partido Socialista (66 frente a 123), y hoy le saca 16 diputados.

Según fuentes jurídicas del Congreso, los grupos ya pueden registrar comisiones de investigación —como las comprometidas por la coalición con Junts y ERC—, constituir otras comisiones o registrar y tramitar iniciativas que permitan demostrar que Sánchez ostenta un frágil control de la Cámara Baja. La Alta, directamente, queda fuera de su jurisdicción.

Obligatorio en estado de alarma

El Tribunal Constitucional concede la máxima relevancia al control del Parlamento sobre el Gobierno. En 2021, el Tribunal de Garantías falló que ni siquiera debe obviarse en pleno estado de alarma. Esta declaración excepcional, según el TC, "no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales y, de modo particular, el Congreso de los Diputados", zanjó.

TE PUEDE INTERESAR

Puigdemont exige una ley de amnistía "registrada y admitida" en el Congreso para apoyar a Sánchez

Carlos Rocha Beatriz Parera

En lo que toca a la labor de fiscalización a un Ejecutivo en funciones, en 2016 el grupo socialista planteó un conflicto de atribuciones que el tribunal tardó dos años en solventar. El grupo socialista había reclamado la comparecencia urgente del ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, en la comisión correspondiente en el Congreso, para informar sobre acuerdos alcanzados en una reunión de titulares de Defensa de la OTAN, en Bruselas. El Gobierno de Rajoy rechazó comparecer.

La sentencia sostiene que, aunque habitualmente "el control de la acción del Gobierno se ejercerá en el marco de la relación de confianza que ha de existir entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados", en los casos en los que no se dé esta relación de confianza, no puede obviarse esta función de control. "La función de control que corresponde a las Cortes Generales está implícita en su carácter representativo y en la forma de gobierno parlamentario que establece el artículo 1.3 de la Constitución, no pudiendo negarse a las Cámaras todo ejercicio de la función de control, ya que con ello se afectaría al equilibrio de poderes previsto en nuestra Constitución". Con las Cortes Generales constituidas, puede haber control al Ejecutivo, incluso en funciones.