Coalición Canaria avisa a Sánchez de que rechaza la amnistía, pero evita las líneas rojas

Coalición Canaria, en su papel de convertirse en bisagra entre los dos bloques, mantiene la ambigüedad sobre su voto en la posible investidura de Pedro Sánchez. Primero, porque los socialistas todavía no han levantado el teléfono para iniciar conversaciones. Su último contacto se produjo el pasado mes de agosto en el marco de las negociaciones para la Mesa del Congreso. Segundo, porque condicionan su decisión a lo que el PSOE les traslade, respecto a la amnistía, "lo que pretenden hacer y cómo lo van a hacer". La diputada en el Congreso, Cristina Valido, mantuvo un breve encuentro con el rey Felipe VI en el marco de la segunda ronda de consultas en la que no le pudo trasladar, por tanto, su posición respecto a una posible investidura de Sánchez. "No puedo añadir mucho porque no hay ninguna novedad, no he podido decirle nada nuevo" al jefe del Estado, ha reconocido en rueda de prensa.

La diputada nacionalista canaria ha reiterado su rechazo a una ley de amnistía, como exigen los partidos independentistas, pero ha evitado poner líneas rojas. "Si se acepta íntegra la agenda canaria y se transfieren las cantidades pendientes, mi partido en canarias tendrá que decidir si es suficiente y cuál es la prioridad", ha asegurado dejando en el aire su apoyo, aunque se acepten sus condiciones. Con todo, Valido ha dejado caer la balanza por la prioridad de la agenda canaria: "Nosotros estamos para solucionar los problemas de los canarios y ese es el objetivo primero y por el que nos votan". En esta línea, reconoció que si hay una garantía de responder a sus demandas "podemos plantear un apoyo".

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Los nacionalistas canarios añadieron la cláusula sobre la amnistía en el hipotético acuerdo en los últimos días. Pesa el rechazo entre su electorado al acuerdo con el PSOE y quieren saber "antes de subirnos en ese tren" qué pactarán los socialistas con los independentistas catalanes. El valor de su única diputada en el Congreso, Cristina Valido, es que sería crucial para que el Ejecutivo solo necesitase la abstención de Junts o alguno de otro grupo del bloque soberanista en lugar de su voto a favor. Un apoyo que facilitaría la gobernabilidad a Sánchez cuando la aritmética parlamentaria cierra la puerta a la geometría variable.

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, por su parte, ha trasladado al jefe del Estado su rechazo a una posible investidura de Pedro Sánchez. No lo ha hecho tanto porque los socialistas se reediten al frente del Gobierno, sino porque lo hagan de la mano de EH Bildu, ERC y Junts, según ha explicado. Precisamente, el líder de los conservadores navarros ha querido poner el foco sobre el hipotético acuerdo con los abertzales, que ha dado por hecho, y ha exigido "transparencia" para conocer la contrapartida ofrecida por los socialistas a cambio de los seis votos de EH Bildu.

"No está teniendo una posición exigente con este Gobierno, ni alzando la voz ni pidiendo nada públicamente. Suponemos que por detrás han conseguido lo que quieren porque nadie se cree que a Pedro Sánchez lo hagan presidente gratis. No hay nada gratis en política", ha argumentado Esparza en rueda de prensa desde el Congreso. Sobre la posibilidad de una ley de amnistía, que reclaman ERC y Junts para facilitar la investidura, el presidente de UPN la ha situado fuera de la Constitución y ha reclamado que frente a esta posibilidad "el Estado de derecho nos tiene que proteger". Esto es, su judicialización que pasaría, en primer término, por un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

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La ronda de consultas que arrancó con UPN, y a los que seguirán CC, PNV, Sumar y Vox, se cerrará este martes con Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones, según insisten desde la Moncloa, trasladará a Felipe VI su intención de optar a la investidura y su convencimiento de que podrá recabar una mayoría tras el fracaso del líder popular. A sus potenciales socios de Gobierno (Sumar) y de investidura (ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG), los socialistas quieren añadir a Coalición Canaria. El apoyo de estos últimos, sin embargo, no será tan fácil, aunque se asuman sus exigencias.

En el equipo del presidente en funciones han pasado de alentar un plazo corto a enfriar la posibilidad de que se produzca en el mes de octubre. Sin querer hablar de fechas, y manteniendo el argumento de que dependerá de cómo evolucionen las negociaciones, miran ya incluso al mes de noviembre. "No hay fechas, lo único que tenemos es una fecha tope", repiten fuentes del Gobierno. El círculo rojo en el calendario se sitúa el 27 noviembre. Dos meses desde la primera votación de la primera investidura, el tiempo que marca la Constitución como límite para disolver las Cortes Generales.

La intención del Gobierno sigue siendo la de celebrar una investidura "cuanto antes". Eso sí, rebajan el optimismo al asegurar que se trata de un deseo y que no depende solo de ellos. "No se pueden poner deberes para quince días", explican fuentes socialistas, alejando la posibilidad de formar gobierno tras el puente de la Constitución. Un realismo que combinan con el convencimiento de que "puede haber Gobierno pronto". De ahí que se inclinen por no fijar una fecha de investidura, tras recibir el encargo de Felipe VI, hasta acercar las bases para un acuerdo.