La amnistía no garantiza la vuelta a la política de Junqueras antes de las elecciones

Oriol Junqueras emprenderá una carrera contra los plazos para volver de forma inmediata a la política en caso de que se apruebe la ley de amnistía que exigen tanto su partido como Junts para investir a Pedro Sánchez. Mientras que para Carles Puigdemont la aprobación de la norma que borraría los delitos del procés supondrá el regreso a Cataluña y la desaparición del riesgo de ser condenado a hasta 12 años de prisión por malversación, para el líder de ERC la amnistía equivale a la rehabilitación para ejercer un cargo público y se producirá en un momento en el que las elecciones autonómicas en Cataluña comienzan a ser urgentes. Esa prisa no hace, sin embargo, buena combinación con el predecible camino que iniciará la ley en caso de que el Ejecutivo decida impulsarla.

Los comicios en los que se jugará el Govern deben celebrarse como tope en febrero de 2025, pero nadie apuesta a que el Ejecutivo regional, que ahora dirige Pere Aragonès, aguante tanto. La posición de debilidad de Esquerra es evidente. ERC está en minoría al frente de la Generalitat desde que el partido de Puigdemont rompiera la coalición. Los resultados de las dos últimas citas electorales han agravado su posición. El PSC lidera un Parlament en el que los republicanos cuentan con poco más de 30 asientos y experimentó una espectacular remontada en las generales. Aragonès trata de atar los presupuestos con solo una baza a favor: es esencial para una nueva legislatura del PSOE y utilizará esa llave para tratar de garantizar su supervivencia.

La superposición de los tiempos convierte la amnistía en una meta agónica

En este escenario, la figura de Junqueras es un activo. El papel que jugaría en las próximas autonómicas catalanas es aún un misterio dado el actual liderazgo de Aragonès. Pero es evidente que el presidente de ERC continúa siendo un peso pesado, el mayor, de su formación y no sería ni lógico ni bueno para la marca Esquerra que no estuviera ligado a la futura candidatura. Es ahí cuando la superposición de los tiempos convierte la amnistía en una meta agónica. Y es que su aplicación efectiva, los tiempos, no dependerán ni del Gobierno ni del Congreso ni de los partidos independentistas. Dependerán del PP, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Y son, aún, una incógnita.

Junqueras fue condenado en origen a 13 años por sedición y malversación. En 2020, el TS fijó el final de su inhabilitación el 5 de julio de 2031. El indulto posterior le libró de la cárcel, pero no del alejamiento de la arena política. De momento, la ley de amnistía se da por segura por todas las partes implicadas, pero también todos reconocen que la negociación está en proceso y aún llena de aristas tanto políticas como técnicas. Desde la exigencia de que se reconozca que el referéndum del 1-O no fue delito hasta la contrapartida de la renuncia a la vía unilateral, pasando por la combinación de más de una docena de delitos que afectan a decenas de causas diseminadas por distintos tribunales.

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Una vez se desatasque —algo en lo que confían con vehemencia tanto el PSOE como ERC—, comenzará la fase parlamentaria, plagada también de minas. La ley, necesariamente orgánica, debe votarse en un Senado que controlan los populares y nadie duda que los de Núñez Feijóo dilatarán al máximo los tiempos, incluso cuestionando una hipotética declaración de urgencia y provocando —si es necesario— una intervención también aquí de la Justicia que alargaría aún más la aprobación definitiva del texto.

Superado ese escollo, llegará el momento de la aplicación práctica del borrado de los delitos. En el caso de Junqueras, la decisión depende de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Como ya informó este diario, el TS tiene en sus manos la posibilidad de bloquear la ejecución del perdón. El alto tribunal tiene la opción de presentar una cuestión de inconstitucionalidad, que paralizaría o detendría la ejecución efectiva del olvido de los delitos durante el tiempo que tarde en resolverse. También la de acudir a la Justicia europea mediante una cuestión prejudicial. En el primer caso, más probable, la decisión sobre la urgencia de la resolución dependerá del Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, pero nada evitará el cumplimiento de los plazos legales, que muchas veces se comportan como los chicles y pueden estirarse.

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El último problema para Junqueras es la interpretación a su caso concreto de los términos de la ley. El líder de ERC sabe bien lo que es eso porque ya lo ha vivido. El pasado febrero, el Supremo rechazó rebajarle la inhabilitación pese a la reforma del Gobierno que derogó la sedición y reescribió la malversación. Tras revisar la sentencia, la Sala concluye que debía mantener la condena al líder de ERC, ahora por un delito de desobediencia en concurso con un delito de malversación agravada y descartó que eso afectara a los tiempos de su inhabilitación.

En medio de ese escenario, no es de extrañar que hace solo unos días, a las puertas del mismo Congreso que tendrá que dar mayoritariamente su aprobación, insistiera en declaraciones a los medios sobre la amnistía y el referéndum y dijera que la norma debe estar "cuanto antes, mejor".