Sánchez y Díaz se dan un mes para pactar la coalición y llevan la investidura a noviembre

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han puesto tres semanas como plazo para intentar cerrar un acuerdo de coalición tras constatar sus diferencias en varias materias. Finales de octubre es el horizonte fijado entre los líderes de PSOE y Sumar para cerrar un acuerdo programático y también el reparto de carteras del hipotético Gobierno. Un calendario que enfría las posibilidades de una investidura rápida, como pretendían los socialistas. El escenario más plausible, ya que los acuerdos con los partidos soberanistas serán posteriores al pacto de coalición, es el de una investidura que se vaya a mediados de noviembre, acercándose a la fecha límite.

El círculo rojo en el calendario se sitúa el 27 noviembre. Dos meses desde la primera votación de la primera investidura, el tiempo que marca la Constitución como límite para disolver las Cortes Generales. Fuentes de la Moncloa ya insistían tras fracasar la investidura de Alberto Núñez Feijóo que "no hay fechas, lo único que tenemos es una fecha tope". La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ya avisó el martes de que no convocaría el pleno hasta que el acuerdo esté "lo suficientemente maduro". A diferencia de su forma de proceder con Feijóo, cuando fijó la fecha 24 horas después de la designación del candidato, tras conocer sus preferencias, la presidenta de la Cámara Baja no quiere hablar de tiempos para una investidura que, considera, puede ser "exitosa".

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En esta fase de las negociaciones entre PSOE y Sumar, que se ha oficializado con una reunión en el Congreso entre Sánchez y Díaz, se centrarán en los aspectos del programa. Cuestiones que, según reconocen fuentes de ambos partidos, van unidas a la definición de una estructura de Gobierno. Tras ello se debatirá sobre los nombres y el color de dichos ministerios, según ambas partes. La reunión ha servido para prestar oxígeno a Díaz, en un momento en el que se ve cuestionada a la interna, y en el que insiste en marcar distancias con los planteamientos del PSOE.

Desde Sumar, el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable del equipo de negociación con el PSOE, Nacho Álvarez, ha afirmado que hay "diferencias importantes" con el PSOE. En el partido de Díaz apuestan por dar un paso más e intensificar el carácter social y progresista del programa de la coalición. "No puede ser que el acuerdo haga que el Gobierno funcione al ralentí", ha advertido Álvarez en declaraciones a los medios tras el encuentro. El tono era más suave que el que exhibió Díaz el lunes, pero el fondo del discurso era el mismo.

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Sus conceptos más repetidos han sido los de "Gobierno ambicioso" y "útil". En esta línea, ha concretado distancias respecto a la reducción de la jornada laboral, la regulación para endurecer el despido, la retribución de permisos laborales o el esfuerzo para garantizar el acceso a la vivienda. "El único escenario que concebimos es el de un acuerdo, pero no cualquier Gobierno vale", ha concluido.

Los principales retos para la reedición de la coalición, en la que Sumar tomará el testigo de Unidas Podemos como socio minoritario, pasan por el encaje de los de Yolanda Díaz en un Ejecutivo con menos ministerios y un programa que los socialistas quieren descargar de la hiperactividad legislativa del anterior mandato. Menos cantidad de leyes, que en esta legislatura sobrepasaron los dos centenares, y profundizar en el camino ya emprendido.

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La aritmética parlamentaria obliga a negociar ley a ley el apoyo de todos los partidos del bloque soberanista sin posibilidad de geometría variable. Formaciones que compiten entre sí por la hegemonía electoral en sus territorios, con sustanciales diferencias ideológicas en política económica y social, o que afrontarán comicios autonómicos en la primera mitad de la legislatura.

A lo sumo, el Ejecutivo solo podría permitirse la abstención de uno de estos grupos en las votaciones que requieran mayoría simple si incorpora a Coalición Canaria a su bloque. En Sumar no validan que este contexto sirva de "excusa" al PSOE para tener un programa menos ambicioso. Los nacionalistas conservadores —Junts y PNV— les habrían trasladado, según defienden fuentes de Sumar, que no serán "freno" a un programa ambicioso en materia social.

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La reducción de carteras ministeriales forma parte desde hace varias semanas de las conversaciones entre PSOE y Sumar respecto a la reedición de una coalición de gobierno. La actual coalición entre socialistas y Unidas Podemos está compuesta por un total de 22 carteras. Cinco más que en el primer Gobierno de Pedro Sánchez en solitario y nueve más de las que tenía el último Gobierno de los populares, con Mariano Rajoy al frente.

Tras el pacto de coalición con Unidas Podemos se crearon los ministerios de Igualdad, cuyas funciones antes ostentaba la vicepresidencia primera; Consumo, que dependía de Sanidad; Universidades, que formaba parte de la cartera de Ciencia, y la vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias, que incluyó las competencias de Derechos Sociales. Trabajo y Seguridad Social, que dependían de un mismo ministerio en el primer Gobierno de Sánchez, también se disgregaron en dos carteras diferentes. Los socialistas se inclinan ahora por recuperar Igualdad y se resisten a perder las competencias de vivienda, en las que pone el foco.