Llarena rechaza el quinto intento de Puigdemont de apartarle de la causa
La recusación se basaba en el supuesto "cuestionamiento de constitucionalidad de una posible y futurible Ley de Amnistía" por parte del magistrado durante un acto público
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El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado el quinto intento de Carles Puigdemont de apartarle de la causa del procés. El expresidente catalán le recusó el pasado 26 de septiembre por las recientes declaraciones que el juez había hecho sobre una hipotética ley de amnistía durante un acto público, pero en un auto notificado este viernes, Llarena lo descarta de plano: "Su pretensión es manifiestamente infundada, sugiriendo con ello que se orienta a una eventual paralización o dilación del proceso".
La recusación se basaba en el supuesto "cuestionamiento de constitucionalidad de una posible y futurible Ley de Amnistía" por parte de Llarena. Puigdemont señalaba para ello las declaraciones que hizo el 11 de septiembre, cuando aceptó una distinción de la Fundación Villacisneros y advirtió de que habrá que analizar “si el ordenamiento constitucional permite o no la amnistía” y, en caso afirmativo, valorar "si la posible ley es legítima o si se justifica".
Para el expresidente catalán, esta reflexión resultaba inadmisible: "Desconocemos desde cuándo la función jurisdiccional pasa por la evaluación de la legitimidad de las normas que emanan del Poder Legislativo", criticó en su escrito, tal y como informó El Confidencial. "El interés demostrado por el Excmo. Magistrado Instructor, que le ha llevado a realizar manifestaciones que no solo acreditan su interés en el pleito sino su absoluta falta de imparcialidad, en particular adelantando su postura frente a una norma que, incluso, en estos momentos no existe, hace ineludible su apartamiento definitivo de la misma".
El magistrado considera que este razonamiento no se sostiene y descarta apartarse: "Salvo error en el cómputo, dentro de la actuación defensiva desplegada por los procesados declarados en rebeldía, es esta la quinta vez que promueven un incidente de recusación orientado a separar a este instructor de la función jurisdiccional que tiene encomendada en este proceso", advierte al arranque de su resolución.
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En cuanto a las declaraciones en sí mismas, destaca que en ningún caso adelantan el "posicionamiento procesal del instructor", sino que se limitan a reflejar "los criterios técnicos con los que debe abordarse cualquier análisis básico sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma y de una eventual ley de amnistía". De hecho, si esta ley termina por salir adelante, ni siquiera le correspondería a él "resolver sobre la eventual constitucionalidad de la norma" o "cuestionar su validez constitucional".
El magistrado explica que esta recusación solo busca entorpecer la causa y bloquear la entrega de Puigdemont hasta superar junio de 2024, cuando se celebrarán nuevas elecciones europeas y, por tanto, "decaerá el suplicatorio solicitado por este instructor al actual Parlamento Europeo" para levantarles la inmunidad. Según critica Llarena, esta "intencionalidad obstativa" se refleja en las "numerosas ocasiones" en las que "los procesados han recusado injustificadamente a este instructor y a la práctica totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo llamados a resolver".
Aunque Puigdemont pedía en su escrito que la recusación fuera resuelta por la Sala Segunda del Supremo y no por el instructor, Llarena apunta a que la propia doctrina del Tribunal Constitucional permite dar este paso ante determinadas situaciones. Entre ellas, que se trate de una "recusación ilusoria" o "cuando es formulada con manifiesto abuso de derecho o entraña fraude de ley o procesal”.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado el quinto intento de Carles Puigdemont de apartarle de la causa del procés. El expresidente catalán le recusó el pasado 26 de septiembre por las recientes declaraciones que el juez había hecho sobre una hipotética ley de amnistía durante un acto público, pero en un auto notificado este viernes, Llarena lo descarta de plano: "Su pretensión es manifiestamente infundada, sugiriendo con ello que se orienta a una eventual paralización o dilación del proceso".