El Gobierno trata de ganar tiempo ante el TEDH y evita valorar las condenas del 'procés'

Van dos prórrogas y es previsible que se reclamen más. Primero en septiembre y después en octubre, el Estado pidió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sendos aplazamientos para responder al listado de preguntas que le formuló el organismo con sede en Estrasburgo, tras admitir a trámite los recursos de dos de los condenados del procés contra la sentencia del Tribunal Supremo por la que se les impuso penas de hasta 13 años de prisión. El 6 de noviembre se cumple el nuevo plazo y fuentes jurídicas consultadas auguran que se solicitará de nuevo más tiempo.

El paso de Estrasburgo pone al Gobierno en un aprieto: tendrá que indicar ahora si apoya la interpretación que hizo el alto tribunal de los hechos vinculados al referéndum del 1-O y su condena por sedición y malversación. Esto sucede en plenas conversaciones con Junts y ERC de cara a la investidura de Pedro Sánchez. El peor momento para realizar valoraciones que puedan caer mal a los partidos independentistas, pero también para posicionarse de su lado y frente al Supremo. Estrasburgo indaga, en concreto, sobre la postura de España —representada por la Abogacía del Estado— frente a las alegaciones de los afectados que aseguran que fueron sometidos a vulneraciones de sus derechos fundamentales.

El plazo dado al Estado se refiere en esta ocasión a los recursos de Jordi Turull y Jordi Sànchez, en la demanda que presentaron, a través del abogado Jordi Pina, en junio de 2020. Como recordaba El Nacional, la Abogacía del Estado ha venido argumentando que para poder valorar los hechos, requiere que los tribunales implicados le aporten "pruebas de apoyo" con las que aún no cuenta. Además, se refería a la complejidad del caso y la necesidad de culminar una serie de "búsquedas internas", aún en proceso.

Esta misma semana, el Estado ha solicitado también la prórroga de sus conclusiones en un tercer caso, el del exvicepresidente de la Mesa Parlament, Josep Costa, que recurrió también ante el tribunal especializado en derechos. En su caso, la extensión del paso se alargará hasta el 30 de noviembre por lo que queda salvada la línea roja de la investidura de Jordi Sánchez.

El melón

El melón de mayor calibre es el que afronta el Gobierno frente al último de los recursos, admitido por el TEDH, que afecta al conjunto de los nueve políticos condenados por el Supremo. Estrasburgo remitió en este caso un listado de cuestiones a aclarar. Según refleja la resolución de Estrasburgo, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el tribunal quiere conocer, en concreto, cuál es la opinión del Estado sobre la versión de los condenados, que han alegado que vieron vulnerado el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que fija que "nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional" y que contempla que tampoco podrá ser impuesta "una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida".

El tribunal requiere respuestas a varias cuestiones. Entre ellas, inquiere si el Reino de España cree que el TS hizo una "interpretación imprevisible o expansiva del delito de sedición y/o malversación de fondos contraria al artículo 7 del Convenio" europeo de derechos humanos. También quiere conocer la opinión de España sobre otras afirmaciones de los líderes independentistas. Estos también alegaron que se vulneró su derecho a libertad de expresión y de reunión porque se limitaron a alentar a la población "a participar en manifestaciones en defensa del proceso de independencia y a participar en un referéndum sobre la independencia de Cataluña". "¿Han sido condenados los solicitantes por un ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de asociación y de expresión, en violación del artículo 10 y/o el artículo 11 del Convenio?", pregunta Estrasburgo.

Otros de los condenados se quejaron también de que su encarcelamiento fue desproporcionado, que el proceso al que fueron sometidos no fue equitativo y se vulneraron sus derechos políticos. Por ello, el TEDH pregunta si el Estado español comparte esta visión y se vulneró su derecho a la libertad y la seguridad o no se hizo y reclaman aclaraciones sobre los otros puntos.

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Beatriz Parera

El pasado febrero el Supremo revisó las condenas de los nueve condenados a raíz de la reforma penal que eliminó el delito de sedición y modificó el de la malversación. Dicha revisión se limitó a las penas de inhabilitación porque las de prisión fueron indultadas por el Gobierno en 2021. En el caso de Junqueras, el TS acordó mantener la pena de 13 años de inhabilitación, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031, al cambiarle el delito de sedición por el de desobediencia y mantenerle el de malversación.

Para Romeva, Turull y Bassa estimó pertinente mantener las penas de inhabilitación por desobediencia y malversación descartando una rebaja de penas al mantener este último delito en su modalidad agravada, con lo que seguirán inhabilitados hasta 2030. Por su parte, el tribunal condenó a Sànchez y Cuixart por desórdenes públicos y a Forcadell, Rull y Forn por desobediencia. En sus casos, este cambio de delitos supuso la extinción total de sus respectivas condenas de inhabilitación.