Puigdemont podrá volver a España de forma inmediata tras la aprobación de la amnistía

Carles Puigdemont podrá volver a España a partir del momento en que la ley de amnistía que pacta con el Gobierno quede aprobada y entre en vigor. Tendrá la opción de regresar incluso aunque el Tribunal Supremo se dirija al Constitucional a través de una cuestión de inconstitucionalidad que paralice la aplicación de la medida. Ese paso dejaría el procedimiento suspendido, pero no permitiría en ningún caso ordenar su detención, aseguran fuentes jurídicas consultadas.

Según precisan estas fuentes, la libertad de movimientos del expresident catalán será consecuencia instantánea de la entrada en vigor de la norma. "No cabría detenerle e ingresarle en prisión estando en vigor una ley que determina su irresponsabilidad penal", precisan. El escenario solo cambiaría para el líder de Junts si la ley acaba siendo declarada inconstitucional por el TC. Entonces, el Supremo podría ordenar de inmediato su detención, pero solo entonces.

Así, en el caso de que Junts y el Gobierno en funciones logren superar los escollos de última hora que están retrasando el acuerdo, los pasos a seguir implicarán una primera aprobación del texto en el Congreso y su posterior traspaso al Senado, donde el PP sin duda dilatará los tiempos. Pese a ello, por mucho que los populares estiren los plazos, el texto acabará volviendo al Congreso para su aprobación e inmediata entrada en vigor. Desde ese momento, su vuelta a Cataluña quedará abierta sin que se arriesgue a una entrada en prisión. "No es aceptable que pueda entrar en la cárcel en esa situación", indican.

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Marcos Lamelas. Barcelona

De forma paralela, el juez Pablo Llarena decretará el fin del procedimiento que conduce ahora contra el expresident por delitos de malversación agravada y desobediencia. Lo elevará a la Sala Segunda, que será la encargada de decidir sobre si procede aplicarlo de forma inmediata o si aplaza sus efectos por las dudas sobre su constitucionalidad. En este último caso, el TS se dirigirá al Constitucional y todo quedará paralizado. Todo menos el retorno. Es más, las fuentes consultadas señalan que incluso cabría un regreso antes de la entrada en vigor de la ley. No es probable que ningún juez, por muy contrario a la amnistía que sea, ignore el sentido de una ley en tramitación de semejante relevancia e impulse un arresto, dicen.

Lo único que supone la cuestión de inconstitucionalidad es que si la sala la plantea antes de acordar el archivo, no resolverá sobre si archiva o no archiva hasta que se haya resuelto. Y es que la amnistía, pese a su carga de polémica y pese a suscitar el rechazo mayoritario de la judicatura, es una ley. Las leyes son válidas hasta que no se declara su inconstitucionalidad. Un ejemplo: en los asuntos en los que un juez no plantea la cuestión de inconstitucionalidad, debe aplicar la ley, y si luego esta se declara inconstitucional, la sentencia dictada mantiene su validez.

Presentarse a las elecciones

La situación de Puigdemont tiene además un plus sobre la de Junqueras. El líder de ERC y el resto de condenados del procés que permanecen inhabilitados serían los principales perjudicados por una cuestión de inconstitucionalidad. Los indultos del Gobierno conllevaron su salida de prisión y con la amnistía se abriría su vuelta a primera línea de la política.

Sin embargo, con la paralización temporal del procedimiento, mientras el TC no resuelva el mismo, Junqueras y Dolors Bassa seguirían sin poder presentarse a unas elecciones hasta 2031, mientras que la línea roja para Raül Romeva y Jordi Turull se mantendría en el año 2030. Puigdemont, por el contrario, sí podría volver a ejercer cargos públicos mientras se resuelve la cuestión de inconstitucionalidad. Él no ha llegado a ser condenado en ningún momento, al igual que ocurre con los también huidos Antoni Comín y Clara Ponsatí.