Puigdemont consiente cerrar ya el pacto con un PSOE asediado por la presión contra la amnistía

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Carles Puigdemont levantó el pulgar. Después de meses de negociaciones, los equipos de PSOE y Junts en Bruselas han cerrado el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez a primera hora de este jueves. El pleno se celebrará, previsiblemente, los días 15 y 16, miércoles y jueves de la semana que viene. El pacto se había alcanzado hace ya una semana, pero el expresidente de la Generalitat ha querido dejar muy claro que era él quien mandaba y de quien dependía la gobernabilidad de España.

Como los socialistas sellaron ese mismo día su alianza con ERC, Puigdemont ha retrasado su aval al texto ya acordado de ley de amnistía durante estos siete días. La dilación de esta última fase ha llevado las conversaciones directamente a Bruselas. Allí han firmado esta mañana el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Y en la capital belga se producirá la comparecencia del número tres de los socialistas y del propio Puigdemont

Estos días han estado intercambiando versiones del documento, hasta alcanzar el definitiva esta misma madrugada, al que acompaña también un texto político. Aunque de manera ambigua en la amnistía ya se había intentado dar cabida a todos los hechos delictivos relacionados con el procés, el expresidente ha pugnado por ampliar los beneficiarios de la amnistía a personas de su entorno con la defensa del llamado 'lawfare', el uso estratégico de las leyes para perjudicar disidentes o rivales políticos. Por eso se han mirado con lupa la ley, palabra por palabra, a pesar de que serán después los jueces quienes decidirán si amnistían o no, en función de cuál sea la causa.

Puigdemont quería una amnistía "de amplio espectro, que incluyera a su círculo. Pero, según ERC, lo pactado ya incluía "el caso Buch y el escolta. "Igualmente, Tsunami, los comités de defensa de la república (CDR) y los casos de Voloh relacionados con 1-O y la independencia". Miquel Buch, exconsejero de Interior, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por contratar a un mosso para que ejerciera de escolta del expresidente. También entraría Josep Lluís Alay, jefe de su oficina, investigado en Voloh por el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al procés.

Lo que no podía caber, advertían los republicanos, era el caso de la presidenta de Junts, Laura Borràs, inhabilitada por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo, o el del abogado del expresident, Gonzalo Boye, con un juicio pendiente por un presunto delito de blanqueo de capitales, junto al narcotraficante gallego Sito Miñanco.

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El expresidente fugado impuso el mismo procedimiento de revisión del texto, después de que este lunes el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, le imputara en la investigación de Tsunami Democràtic. Para intentar que la ley de amnistía ate que no pueda ser juzgado una vez que se apruebe en el Congreso. No obstante, fuentes muy cercanas a la negociación aseguran que sólo ha pretendido enredar y demorar la firma para poner nervioso a Pedro Sánchez y hacer saltar por los aires su calendario de investidura.

Protestas contra la amnistía

El acuerdo con el PSOE llega en medio de una escalada de protestas ante las sedes socialistas. Impulsadas por el rechazo a la amnistía, no sólo de la derecha sino de prebostes como Felipe González, las manifestaciones han acabado monopolizadas por grupo de ultraderecha. Quienes conocen al expresidente aseguran que estaba "encantado" con estas concentraciones, en algunos casos, muy violentas. Pero la espera del pacto ha producido una enorme erosión a los socialistas. Algunas de sus figuras incluso han sufrido insultos en la calle. Es muy posible que este jueves se repitan protestas ante Ferraz.

La previsión es que Puigdemont comparezca este jueves en Bruselas para dar a conocer el pacto, que permite una investidura de Sánchez en los próximos días. La Mesa del Congreso habilitó los festivos aunque los socialistas ya miran a la próxima semana para la sesión plenaria. Aún está pendiente el acuerdo con el PNV, del que todavía no se conoce nada. La dirección de Junts ha viajado a la capital belga para reunirse con el expresidente.

Los últimos días han sido un suplicio para el PSOE. Este miércoles daban por "casi imposible" la celebración de un pleno de investidura esta semana, que era su previsión inicial. Después de una semana en Bruselas, los socialistas se resignaban ya a trasladar el debate a partir del 13 de noviembre, aunque el mensaje oficial era que el límite está en el 27, la fecha en que quedarán convocadas las elecciones si no hay acuerdo para la reelección de Pedro Sánchez. Fuentes de la delegación socialista ya admitían que había "una probabilidad alta" de retrasar el pleno. Al mismo tiempo que alejaban las posibilidades de que la investidura se celebre esta semana, los socialistas mantenían la confianza en alcanzar un acuerdo con los de Carles Puigdemont, como finalmente ha sucedido.

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El pleno debe convocarse con 48 horas, el plazo habitual para avisar a diputados y a los propios trabajadores de la Cámara Baja, pero fuentes socialistas insisten una y otra vez en que es posible hacerlo con 24 horas. Fue la popular Ana Pastor quien sentó este precedente en el proceso de investidura de Mariano Rajoy en 2016. Aunque ahora sería posible respetar ese plazo de dos días. El presidente del Gobierno participa este sábado en Málaga en la clausura del congreso de los socialistas europeos, lo que invita a pensar que el pleno sería lunes y martes, aunque aún no hay confirmación oficial. Así se podría dar algo de protagonismo al pacto con el PNV y que Podemos consulte a sus bases sobre la investidura.