El PP no renovará el CGPJ sin cambiar la ley: "Nuestros votos no valen menos que los de Junts"

Sin tregua. Con el enfrentamiento por la ley de amnistía en campo europeo, al PP le espera próximamente un nuevo frente con la Moncloa. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fijó en su toma de posesión como prioridad la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El hombre fuerte de Pedro Sánchez ya llevó las negociaciones con los populares sobre este asunto en la pasada legislatura. Y el resultado fue nefasto. La interlocución con el emisario de Génova, Esteban González Pons, no fluyó. Se acusaron mutuamente de deslealtad. En función del bando al que se pregunte, hubo momentos en que el acuerdo estuvo más o menos maduro. Hoy se antoja imposible, según las posturas de partida.

El PP está dispuesto a sentarse a negociar “las veces que haga falta”. Cuando Bolaños los cite acudirán, pero ya adelantan que su postura no ha cambiado: la condición para dar luz verde al máximo órgano de gobierno de los jueces (cuyo mandato está caducado desde 2018) es que los socialistas acepten modificar la ley para “despolitizar la Justicia”. "¿Acaso fueron gratis los votos de Junts para la investidura?", ironizan desde la planta noble de Génova, donde ponen en duda las intenciones de Sánchez. “Quiere ser un emperador, no un presidente”, apuntan.

Pese a que se cumplirá con la cortesía institucional, la desconfianza es el punto de partida. Los populares tiran de hemeroteca. Recuerdan que Bolaños “siempre ha actuado de mala fe”. El argumento es que la vez en que más cerca estuvieron de cerrar un acuerdo, el PSOE lo dinamitó al pactar con ERC la reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición a cambio del apoyo a los presupuestos. Los socialistas, por su parte, acusaron a Alberto Núñez Feijóo de “sucumbir a la presión” del ala dura del partido, que era contrario al consenso. Tampoco ayuda el precedente del Tribunal Constitucional, donde el Ejecutivo acabó haciendo nombramientos unilateralmente ante la falta de consenso.

La elección del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de Laura Díez, que fue directora general de Presidencia, se interpretó como una afrenta desde el PP. Una de sus exigencias era acabar con las llamadas puertas giratorias. “¿Quieren renovar el CGPJ o quieren controlar el CGPJ?", insisten fuentes populares, que piden la misma celeridad que ha habido con la ley de amnistía para aprobar una norma que permita que los jueces elijan a los jueces. Otro punto de fricción está en las garantías para “reforzar” la independencia del fiscal general del Estado.

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La renovación en su cargo de Álvaro García Ortiz es otro escollo. El sucesor de Dolores Delgado está muy cuestionado en la carrera después de que el Tribunal Supremo haya anulado el ascenso de la que fuera también ministra de Justicia, al considerar que su nombramiento como fiscal de Sala de lo Militar suponía una “desviación de poder”. Asimismo, 18 fiscales del alto tribunal firmaron un escrito afeando a García Ortiz que no haya amparado a sus compañeros ante las “injuriosas insinuaciones” sobre la actuación en el juicio del procés que implica el lawfare.

En el CGPJ, la situación se deteriora cada vez más y entre los vocales conservadores se impone la sospecha de que la Moncloa puede resucitar la idea de modificar las mayorías parlamentarias para acometer la renovación sin contar con el PP, como ya propuso Podemos. El margen de actuación del Ejecutivo lo marca la Constitución, que en su artículo 122 blinda la designación de ocho vocales que son juristas de reconocido prestigio: “Cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas”. Es decir, en ningún caso la Moncloa podría cambiarlos sin el PP pese a estar su mandato caducado. En la actualidad hay siete: cuatro conservadores y tres progresistas. La octava renunció como protesta por la no renovación.

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La vía para una renovación parcial como la que se acometió en el Constitucional estaría en los 12 vocales restantes, cuyo nombramiento la Carta Magna vincula a una ley orgánica. "Doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica”. En estos momentos, la norma que regula el CGPJ establece una mayoría de tres quintos que podría modificarse por una mayoría absoluta. De esta forma, los 179 votos con los que Sánchez fue investido le servirían para designar a un nuevo Consejo General del Poder Judicial al margen del PP. Los populares, como ocurrió con el TC, perderán toda opción de colocar a afines. Llegado el momento, habrá quien dentro del PP presione para que Feijóo replantee su postura.

Si finalmente el Gobierno opta por este camino, desde Génova avanzan que volverán a acudir a Bruselas. En 2020, el Consejo de Europa amonestó a España cuando se planteó esta iniciativa para renovar el CGPJ con Podemos. “Esta iniciativa legislativa se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros y puede resultar en una violación de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa”. El choque está servido.