Violencia machista, discapacidad o prostitución: la agenda que unirá a PP y PSOE

La investidura de Sánchez y los acuerdos que este tuvo que alcanzar para sacarla adelante han situado a PSOE y PP en polos completamente opuestos. Alberto Núñez Feijóo asumió a regañadientes las riendas de la oposición con la advertencia de que no dejaría de apretar la soga al nuevo Gobierno. "Cuando el independentismo le falle, no me busque", advirtió el líder popular desde la tribuna. Las opciones de pacto entre los dos grandes partidos son mínimas esta legislatura. Sobre todo porque un apoyo del PP a una parte de la agenda legislativa de Sánchez desataría recelos tanto dentro como fuera del partido. Pero toda regla tiene su excepción. Y hay asuntos que unirán irremediablemente a ambos partidos.

El propio Feijóo lanzó un aviso a navegantes el pasado viernes. "Le dije a Sánchez que cuando el independentismo le abandone, no me busque. Pero le digo también que para luchar contra la violencia machista, me encontrará siempre", afirmó en un acto con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer. A priori, Génova renegó de los grandes consensos con "el PSOE de Sánchez" en lo que dure la legislatura, pero el propio líder popular afirmó que habrá cuestiones en las que el PP debe prestarse a negociar. Y la lucha contra la violencia machista es una de ellas. "Debe estar fuera del debate partidista", inciden los populares.

Feijóo instó a Sánchez a sentarse para ahondar en el pacto de Estado —impulsado durante el Gobierno de Rajoy— para erradicar la lacra de la violencia machista. "Debemos monitorizarlo, hacer un seguimiento adecuado. El Gobierno no puede volver a romper la unidad de acción en nuestro país como hizo en los últimos años. El PP sigue siendo un partido de Estado, que cree en los pactos de Estado", incidió el líder popular. Un tono que dista mucho del que él mismo empleó durante la investidura de Sánchez, donde prometió una oposición "dura", sin cuartel y sin margen, para forzar una repetición electoral "más pronto que tarde".

La violencia machista no es la única cuestión sobre la que el PP tiende la mano al PSOE. Las políticas sobre discapacidad son también un buen punto de encuentro. PSOE, PP y Sumar solicitaron esta semana la creación de una comisión permanente no legislativa de Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso para trabajar de forma concreta en este campo después de que en la anterior legislatura este tipo de competencias quedase englobado en una comisión sobre Políticas Sociales.

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Uno de los compromisos pendientes del último mandato fue, precisamente, la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido de la Carta Magna, una exigencia que las principales asociaciones han venido reclamando a la clase política durante años, pero que ha ido guardándose en un cajón por la tensión del contexto político. A principios de año, la Moncloa pactó con Génova una reforma quirúrgica y acotada de la Constitución al mencionado artículo, pero el intenso calendario electoral —con unas autonómicas, municipales y generales prácticamente seguidas— volvió a dejar ese principio de acuerdo sin desarrollar.

Los mismos tres grupos acordaron también esta semana la creación o mantenimiento de otras cuatro comisiones permanentes, entre ellas, la de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto contra la Violencia de Género; la revisión del Pacto de Toledo; la de Seguridad Vial, y una más para auditar la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales.

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Esa legislatura de máxima confrontación puede encontrar también una excepción en otro de los compromisos que Sánchez guardó en un cajón por el choque permanente con sus socios gubernamentales. En su anterior mandato, el PSOE registró una proposición de ley contra el proxenetismo que contó con el apoyo del PP en su toma en consideración frente a la división de los aliados habituales de los socialistas. La norma, sin embargo, decayó un año después sin que se hubiese avanzado en su tramitación. Más allá de las guerras internas, la polémica sobre Tito Berni en el marco del caso Mediador, que azotó las filas socialistas a principios de año, enterró definitivamente la posibilidad de que la ley contra el proxenetismo avanzase en la Cámara Baja.

PSOE y PP coinciden en su perfil abolicionista y los populares se declaran dispuestos a avanzar en esta cuestión, pese a la flagrante ruptura de puentes con la Moncloa. Y Sánchez podría avanzar en este compromiso al margen de sus socios: ni la ley contra la prostitución ni la prohibición de la gestación subrogada aparecen en el acuerdo de gobierno que suscribieron PSOE y Sumar, pero en las semanas previas a la rúbrica, el jefe del Ejecutivo se reunió con organizaciones feministas para trasladar su "compromiso" de rescatar cuestiones "aparcadas" en la anterior legislatura. Y la ley abolicionista es una de ellas, pero deberá llamar a Génova para sacarla adelante.

Muro de hielo en presupuestos y Justicia

Génova mantiene que desplegará una oposición "dura" a Sánchez, aunque especialmente centrada en la agenda política, con el nacionalismo catalán y en la batalla contra la ley de amnistía que ya está registrada en el Congreso, y que podría llegar a pleno a mediados de diciembre. El PP ha fijado el dique de contención al Gobierno en el Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta y, como mínimo, pueden dilatar la agenda legislativa del Ejecutivo y obstaculizar los acuerdos con sus socios.

No en vano, la Cámara Alta tiene capacidad de veto al techo de gasto que apruebe el Congreso como paso previo a la tramitación de los presupuestos generales del Estado. El PP podría torpedear así el arranque de la legislatura de Sánchez, pero fuentes de Génova aseguran que, si el texto cumple sus expectativas, valorarían no votar en contra, aunque siempre bajo el marco de una negociación previa que los populares creen que no se producirá.

Es más, el Gobierno podría maniobrar vía reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar la capacidad de veto del Senado en esta materia, una decisión que Génova llevaría a los tribunales. En principio, el PSOE quiere por las bravas el respaldo del PP, y advierte de que si veta los objetivos de déficit en la Cámara Alta, estaría impidiendo a sus propias comunidades y ayuntamientos elaborar sus cuentas del próximo año.

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La que sí parece enquistada una legislatura más es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si PSOE y PP no lograron cerrar un acuerdo para deshacer el bloqueo de la Justicia en el mandato anterior, la ruptura de puentes y la política de trincheras con la que ha arrancado la presente legislatura alejan aún más el acuerdo. Como publica El Confidencial, el Gobierno busca abrir un nuevo canal de comunicación con Génova e intentar una nueva negociación. Las condiciones de Génova siguen en el punto de origen: para que haya acuerdo, la Moncloa debe aprobar antes una ley para despolitizar el órgano. Y creen que, pese a la tirantez, el Gobierno no tiene más margen que pactar con Feijóo si quiere cumplir con las exigencias de Bruselas.